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Razones para la esperanza

El triple empate de las PASO (LLA 29,86%, JxC 28% y UP 27,28%) preanuncia que la definición de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre se producirá en un ballotage que deja abierto los nombres de los candidatos que lo disputarán. Estoy convencido de que Patricia Bullrich, la candidata que representa a Juntos por el Cambio, disputará la segunda vuelta y será la próxima presidente de la nación.  En las líneas que siguen trato de ofrecer algunas razones para la esperanza.

Primero, es conveniente mirar los registros de las anteriores PASO presidenciales para que el análisis sea conducente, ya que en las dos competencias anteriores, 2015 y 2019, JxC obtuvo el 30,12 % y el 32,08 %, respectivamente. La elección de este año muestra un registro del 28% del total de votos. Es decir, apenas algo menor a los anteriores. Este dato sirve para desmentir a los analistas que agitaban con “un derrumbe” de la representación política de Juntos por el Cambio. No ocurrió tal cosa. Podríamos sumar al análisis el hecho de que la interna de nuestro espacio fue la más exigente y competitiva de todas las que se presentaron.

Otro dato relevante es el que muestra que, desde su conformación, JxC siempre mejoró el rendimiento en las elecciones generales, luego de las PASO. Así, en la categoría presidente, JxC aumentó el número de votos en 1,8 millones y 2,6 millones -5,5 y 8,3 puntos porcentuales, respectivamente- en las elecciones de 2015 y 2019.

Está comprobado, además, que JxC tuvo un desempeño electoral superior al promedio del país en aquellos distritos donde hubo competencia por cargos electivos subnacionales. En efecto, en los 5 distritos donde hubo disputa en elecciones concurrentes con las nacionales – CABA, PBA, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz-, que representan el 49% del padrón electoral, JxC alcanzó el 32 % de los votos. En cambio, en las otras 19 jurisdicciones donde solo hubo elección para cargos electivos nacionales, que representa el 51% del padrón, JxC obtuvo un resultado inferior al promedio del país, del 25% de los votos. En esas dos categorías de distrito, según haya o no elección local simultánea, UP marcó 31% y 24% y LLA 23% y 36 % en los distritos con o sin elección provincial concurrente, respectivamente.

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El futuro no es lo que era

Ese era el título de un libro que recogía un diálogo entre el director-fundador del diario El País de Madrid, Juan Luis Cebrián, y el Presidente del Gobierno de España por 14 años, Felipe González, publicado en el inicio del siglo.

Más aún, ese título define muy bien la realidad de hoy, cuando la pandemia y la guerra han impactado en la evolución de dos dimensiones clave que distinguen los asuntos globales de las últimas décadas: la democratización de los sistemas políticos – al concluir la Segunda Guerra apenas una docena de países contaban con gobiernos elegidos mientras que a finales de la década pasada la mitad de la población mundial vivía en países con gobiernos surgidos de la voluntad ciudadana- y la globalización económica -en los años cincuenta del siglo pasado el comercio global era menos de 20% del PBI mundial y el año pasado representó más de la mitad de la producción generada en el mundo- que permitió reducir la pobreza, aunque no la desigualdad, de la mitad a menos de 10% de la población global en las últimas cinco décadas.

Declarada la pandemia, todos los gobiernos reaccionaron prontamente ante la emergencia sanitaria, pero, en muchos casos, lo hicieron con severos costos en términos de calidad institucional y libertades individuales.

Además de su dimensión sanitaria -con más de 560 millones de casos verificados, un número superior a los 6 millones de fallecidos registrados y las incontables personas afectadas psicológicamente-, con el derrumbe de la actividad económica originada en la cuarentena – y su  repercusión negativa sobre el empleo, la pobreza extrema que el Banco Mundial estima se incrementa este año en 100 millones de personas y la desigualdad- se alimentaron los miedos individuales y las incertidumbres sociales.

Estos temores dieron impulso a una mayor insatisfacción social que la evidenciada por las secuelas de la crisis financiera del 2008 y, junto a una creciente desafección política, han minado la confianza ciudadana en las instituciones.

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La agenda más consensuada

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) representan la agenda global con mayor consenso de los últimos años; más de 190 Estados -entre los que se cuenta la Argentina- se pusieron de acuerdo para encarar y materializar caminos de solución a complejas problemáticas globales. La participación ciudadana es parte de la formula para el éxito. 

¿Qué fines persiguen los ODS?

Los ODS como agenda global, tratan de atender aquellos flancos débiles de la vida en sociedad que necesariamente deben encararse de manera mancomunada. Son 17 objetivos, ambiciosos; se busca alcanzarlos de forma conjunta, interrelacionada y simultánea. Se trata de desafíos múltiples, que abarcan lo político e institucional, lo ambiental, lo social y lo económico.

Estos objetivos multidimensionales cuentan con 169 metas y el compromiso de cumplirlas para el 2030. De aquí a ocho años, a nivel global, deberíamos haber logrado, por ejemplo, lo siguiente:

  • Erradicar la pobreza extrema.
  • Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
  • Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
  • Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo.

Las metas que cité son sólo 4 de las 169. Sin lugar a dudas un desafío global tan grande, destinado a combatir la pobreza, trabajar por la equidad, proteger el ambiente y fomentar el desarrollo económico, no puede ser ni remotamente pensado sin diseñar instituciones fuertes, en fluido contacto con la sociedad civil y debidamente controladas desde el punto de vista de la gestión estatal.

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Memoria para no olvidar, acciones para seguir

La semana pasada divulgamos la memoria institucional 2020 de la Auditoría General de la Nación, donde rendimos cuentas a la ciudadanía de lo que hicimos el año pasado. A propósito de esto, algunas reflexiones…

La pandemia

De un tiempo a esta parte el mundo pareciera estar viviendo una película de esas que podemos disfrutar en la multiplicidad de nuevas plataformas que ofrecen servicios de entretenimiento.

Como he remarcado en anteriores entradas en este blog, las medidas preventivas que se tomaron en nuestro país a raíz de la pandemia, reconfiguraron la vida de todos los argentinos y los organismos de control no fueron la excepción.

A solo dos días de haber asumido formalmente la conducción de la auditoría general de la nación, se declaraba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, situación que por su tiempo, consecuencias y extensión es inédita en los 29 años de historia del organismo.

Las consecuencias de la crisis

La crisis sanitaria, producto de la pandemia COVID-19, ha devenido en una crisis humanitaria y socio-económica global de proporciones semejantes a la Gran Depresión de los años ‘30.

La emergencia sanitaria provocó una crisis sin precedentes en el mundo entero y golpeó fuertemente a la sociedad con millones de personas infectadas y fallecidas, y agravada por sus consecuencias socioeconómicas, como la profunda caída del PBI y el crecimiento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad social.

Con este cuadro de situación, teníamos dos alternativas: dejar que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre paralizara un órgano vital para las cuentas públicas, o avanzar con la plasticidad necesaria para poder seguir actuando durante esta situación.

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.