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La agenda más consensuada

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) representan la agenda global con mayor consenso de los últimos años; más de 190 Estados -entre los que se cuenta la Argentina- se pusieron de acuerdo para encarar y materializar caminos de solución a complejas problemáticas globales. La participación ciudadana es parte de la formula para el éxito. 

¿Qué fines persiguen los ODS?

Los ODS como agenda global, tratan de atender aquellos flancos débiles de la vida en sociedad que necesariamente deben encararse de manera mancomunada. Son 17 objetivos, ambiciosos; se busca alcanzarlos de forma conjunta, interrelacionada y simultánea. Se trata de desafíos múltiples, que abarcan lo político e institucional, lo ambiental, lo social y lo económico.

Estos objetivos multidimensionales cuentan con 169 metas y el compromiso de cumplirlas para el 2030. De aquí a ocho años, a nivel global, deberíamos haber logrado, por ejemplo, lo siguiente:

  • Erradicar la pobreza extrema.
  • Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
  • Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
  • Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo.

Las metas que cité son sólo 4 de las 169. Sin lugar a dudas un desafío global tan grande, destinado a combatir la pobreza, trabajar por la equidad, proteger el ambiente y fomentar el desarrollo económico, no puede ser ni remotamente pensado sin diseñar instituciones fuertes, en fluido contacto con la sociedad civil y debidamente controladas desde el punto de vista de la gestión estatal.

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Memoria para no olvidar, acciones para seguir

La semana pasada divulgamos la memoria institucional 2020 de la Auditoría General de la Nación, donde rendimos cuentas a la ciudadanía de lo que hicimos el año pasado. A propósito de esto, algunas reflexiones…

La pandemia

De un tiempo a esta parte el mundo pareciera estar viviendo una película de esas que podemos disfrutar en la multiplicidad de nuevas plataformas que ofrecen servicios de entretenimiento.

Como he remarcado en anteriores entradas en este blog, las medidas preventivas que se tomaron en nuestro país a raíz de la pandemia, reconfiguraron la vida de todos los argentinos y los organismos de control no fueron la excepción.

A solo dos días de haber asumido formalmente la conducción de la auditoría general de la nación, se declaraba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, situación que por su tiempo, consecuencias y extensión es inédita en los 29 años de historia del organismo.

Las consecuencias de la crisis

La crisis sanitaria, producto de la pandemia COVID-19, ha devenido en una crisis humanitaria y socio-económica global de proporciones semejantes a la Gran Depresión de los años ‘30.

La emergencia sanitaria provocó una crisis sin precedentes en el mundo entero y golpeó fuertemente a la sociedad con millones de personas infectadas y fallecidas, y agravada por sus consecuencias socioeconómicas, como la profunda caída del PBI y el crecimiento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad social.

Con este cuadro de situación, teníamos dos alternativas: dejar que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre paralizara un órgano vital para las cuentas públicas, o avanzar con la plasticidad necesaria para poder seguir actuando durante esta situación.

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Ideas actualizadas para los Ideales de Siempre

La pandemia que azota el mundo -aún sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar- ya generó la peor crisis económica en un siglo, produjo el primer retroceso registrado en el Índice de Desarrollo Humano que la ONU realiza desde hace treinta años y consolida una nueva década perdida, en términos económicos y sociales, en la Región de América Latina.

Las consecuencias de la Pandemia son múltiples.

Para empezar, nuestras sociedades serán más pobres y más desiguales. Según la CEPAL, en América Latina, al tiempo que el número de pobres se incrementará en 45 millones de personas, casi 3 millones de empresas -una de cada cinco- habrán dejado de existir.

Por otro lado, las demandas sociales crecientes presionan por mayores prestaciones del sector público sumando exigencias a estados que a sus debilidades estructurales le agregan, en el mundo en desarrollo, las dificultades para financiar estos mayores requerimientos presupuestarios.

También, los miedos individuales y las incertidumbres sociales son ambiente propicio para la emergencia o consolidación de liderazgos autoritarios en todos los continentes. De allí que la Internacional Socialista denunciara el  uso  de la pandemia “como pretexto para restringir libertades” y que destacados líderes democráticos y progresistas de América Latina alertaran sobre “los riesgos de una regresión democrática en la Región”.

A continuación, se presentan algunos rasgos distintivos del esquema de poder del movimiento que gobierna nuestro país y las consecuencias de las políticas seguidas por la administración. En el capítulo siguiente se describen los pilares de una propuesta para superar el estancamiento secular y el rumbo de decadencia en la post pandemia y, finalmente, se señalan algunos puntos de la hoja de ruta para la UCR, el partido más antiguo y el más actualizado de nuestro país.

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El IFE es tan necesario como su control

Hoy estuve, de modo virtual, en el Senado.  Participé, junto al resto de los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Nación, de una reunión convocada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas con el propósito de tratar los detalles de nuestro plan de auditoría en marcha y ponderar diversos pedidos de auditoría que se canalizan a través de esta comisión bicameral dedicada exclusivamente al vínculo con la AGN.

Uno de los pedidos que ingresó hoy a la bicameral va en línea del presentado por mi colega, el Dr. Alejandro Nieva, en el Colegio de Auditores Generales del miércoles pasado. Se trata de auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE  ha sido una pieza clave de contención y apoyo, dada la enorme pérdida de ingresos que han sufrido los hogares como resultado de la pandemia y el aislamiento social. De modo tal que su necesidad no está en duda.