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Razones para la esperanza

El triple empate de las PASO (LLA 29,86%, JxC 28% y UP 27,28%) preanuncia que la definición de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre se producirá en un ballotage que deja abierto los nombres de los candidatos que lo disputarán. Estoy convencido de que Patricia Bullrich, la candidata que representa a Juntos por el Cambio, disputará la segunda vuelta y será la próxima presidente de la nación.  En las líneas que siguen trato de ofrecer algunas razones para la esperanza.

Primero, es conveniente mirar los registros de las anteriores PASO presidenciales para que el análisis sea conducente, ya que en las dos competencias anteriores, 2015 y 2019, JxC obtuvo el 30,12 % y el 32,08 %, respectivamente. La elección de este año muestra un registro del 28% del total de votos. Es decir, apenas algo menor a los anteriores. Este dato sirve para desmentir a los analistas que agitaban con “un derrumbe” de la representación política de Juntos por el Cambio. No ocurrió tal cosa. Podríamos sumar al análisis el hecho de que la interna de nuestro espacio fue la más exigente y competitiva de todas las que se presentaron.

Otro dato relevante es el que muestra que, desde su conformación, JxC siempre mejoró el rendimiento en las elecciones generales, luego de las PASO. Así, en la categoría presidente, JxC aumentó el número de votos en 1,8 millones y 2,6 millones -5,5 y 8,3 puntos porcentuales, respectivamente- en las elecciones de 2015 y 2019.

Está comprobado, además, que JxC tuvo un desempeño electoral superior al promedio del país en aquellos distritos donde hubo competencia por cargos electivos subnacionales. En efecto, en los 5 distritos donde hubo disputa en elecciones concurrentes con las nacionales – CABA, PBA, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz-, que representan el 49% del padrón electoral, JxC alcanzó el 32 % de los votos. En cambio, en las otras 19 jurisdicciones donde solo hubo elección para cargos electivos nacionales, que representa el 51% del padrón, JxC obtuvo un resultado inferior al promedio del país, del 25% de los votos. En esas dos categorías de distrito, según haya o no elección local simultánea, UP marcó 31% y 24% y LLA 23% y 36 % en los distritos con o sin elección provincial concurrente, respectivamente.

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Para Vencer, Convencer

“Si la confianza en las instituciones desaparece, nuestra civilización se vendrá abajo.” Yuval Noah Harari

A mediados de los años setenta, al tiempo que nuestra sociedad vivía en el paroxismo de la violencia política, se agotó el patrón productivo que nos distinguió por décadas -la industrialización sustitutiva de importaciones-, esquema que no fue reemplazado por otro mejor y más sostenible, tanto en términos económicos como sociales.

El deterioro se ilustra en un reciente estudio del Real Instituto Elcano, publicado en ocasión del inicio de la presidencia española de la Unión Europea, que registra el pobre desempeño de la economía argentina en el periodo 2000-2023. Sus principales datos son:

  • 10 años de crecimiento negativo
  • 16 años de inflación anual superior al 10%
  • 2 años de déficit fiscal superior al 3% del PBI
  • 9 años de déficit fiscal superior al 5% del PBI
  • 13 años de la ratio deuda pública-PBI, mayor al 50%
  • 2 años de la ratio intereses de la deuda pública-ingresos públicos superior al 15%

Con estos datos, Argentina se convierte, junto con Venezuela, en la triste excepción de América Latina, una región que puede mostrar éxitos en evitar desbordes inflacionarios, merced a la combinación de una comprobada prudencia fiscal y flexibilidad cambiaria, lo que reduce los riesgos de crisis en la balanza de pagos de los países. Estas condiciones no garantizan el desarrollo económico, pero sí son una condición necesaria para el progreso social.

La extraviada política exterior del kirchnerismo ha afectado negativamente la credibilidad de la Argentina como socio confiable, algo imprescindible en el particular contexto de reconfiguración del poder global. 

Con relación al funcionamiento de las instituciones, otra condición necesaria del crecimiento económico, la Argentina tampoco es un ejemplo a imitar. El principio fundacional de la efectiva división e independencia de los poderes está afectado por el empecinamiento oficial por controlar la Justicia.

Esa voluntad de disciplinar la justicia pretende instrumentar una definición política ofrecida por destacados líderes del oficialismo por la cual los principios de la revolución francesa de 1789 son ejemplo de un anacronismo que, a esta altura de la historia, debe ser superado.

La afectación de la calidad institucional ciertamente impacta sobre los derechos de los ciudadanos y, también, sobre la previsibilidad de las normas, condición necesaria para la inversión productiva del sector privado.

Del mismo modo, la extraviada política exterior oficial, al tiempo que enajena las credenciales democráticas y de promoción de los derechos humanos que distinguen a la Argentina desde 1983, afecta negativamente la credibilidad y la percepción de socio confiable, algo imprescindible en el particular contexto de reconfiguración del poder global.

Con este telón de fondo, los argentinos vamos a elegir presidente por décima vez desde 1983.

El actual gobierno finaliza su administración en diciembre, sin que ninguno de los integrantes del “ticket presidencial” intente, siquiera, renovar su mandato. Esta situación es prácticamente inédita en la historia de los cuatro países de América Latina que, además del nuestro, admiten la reelección inmediata: Brasil, Ecuador y República Dominicana.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner -el del populismo movimientista en la acción política y el facilismo cortoplacista en la política económica-, será recordado por:

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Acuerdos políticos: ¿cuáles, cuándo, dónde?

En los temas complejos conviene ser preciso desde el principio.

Estoy convencido de que, si uno rechaza la violencia como método de resolver conflictos, debe reconocer al diálogo como requisito imprescindible para lograr acuerdos.

Esa condición previa no solo vale para las relaciones interpersonales, sino que es una responsabilidad ineludible de todos los actores del proceso social, particularmente de los partidos políticos, sobre todo en sociedades conflictivas.

Las coaliciones

Las realidades sociales diversas y complejas que caracterizan a la época actual obligan a los partidos a diseñar estrategias coalicionales porque ya no son solamente las tradiciones familiares o las ubicaciones en los procesos productivos los que determinan las preferencias electorales.

Esa es, en verdad, la razón que explica que estemos en una era de coaliciones políticas, tanto en el mundo como en nuestra región de América Latina.

En Argentina, la coalición que desde la UCR ayudamos a  construir en 2015, lleva ganadas tres de las cuatro elecciones en las que compitió. No solo eso, el último gobierno que integramos fue el único con presidente no peronista en casi un siglo -desde Marcelo T. de Alvear en 1928- que pudo concluir su mandato en las fechas preestablecidas. Además, contrariando la historia de coaliciones políticas en nuestro país, Juntos por el Cambio pudo superar el adverso resultado electoral de la última elección presidencial y ratificar, desde la oposición, su vigencia.

Juntos por el Cambio, la coalición que desde la UCR ayudamos a construir, lleva ganadas tres de las cuatro elecciones en las que compitió.

Las coaliciones se forman con partidos políticos -actores insustituibles de la vida democrática-  que, sin perjuicio del papel desempeñado por cada fuerza hasta ese momento y de las ponderaciones divergentes sobre cuestiones pasadas, tienen la aptitud y la capacidad de forjar coincidencias sobre un programa común para el futuro.

Esa necesidad del acuerdo programático explica el esfuerzo institucional del radicalismo, a través de la Fundación Alem, en trabajar coincidencias con los socios de la coalición. Esa vocación   se evidenció en el encuentro programático de la UCR en Córdoba el mes pasado, donde 900 expertos y especialistas en todas las disciplinas de las políticas públicas, llegados de todas las provincias, expusieron los trabajos y las propuestas luego de meses de trabajo sistemático y colaborativo.

Ese es el primer eslabón de los acuerdos: son entre partidos políticos y tienen naturaleza programática.

Esta es la manera de ofrecer a la sociedad una visión del país que soñamos: una Argentina que, asegurando la libertad y la igualdad, promueva la realización individual en un marco de progreso social.

El régimen electoral

Ahora bien, la acción de los partidos y de las coaliciones se desarrolla en el contexto de un sistema político y dentro del  marco legal que regula la competencia electoral.

En nuestro caso, es un sistema electoral que prevé doble vuelta para los cargos de Presidente y Vicepresidente (a menos que se consigan las mayorías constitucionales en la primera vuelta); mientras que los legisladores nacionales son elegidos en una primera y única vuelta electoral. Además, en forma previa a las elecciones generales, los candidatos a todos los cargos electivos deben ser elegidos en elecciones primarias, abiertas y obligatorias (PASO).

Ese dispositivo requiere una aproximación sistémica: las PASO permiten que los ciudadanos, y no solo los afiliados y simpatizantes, sean los que seleccionan los candidatos de los partidos y las coaliciones. En la primera vuelta se decide la conformación del Congreso y se prefigura la elección de la fórmula presidencial. En la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, se elige el Poder Ejecutivo.

El ordenamiento político de la Argentina, y el de todos los países de América Latina, es de naturaleza presidencialista, a diferencia del prevaleciente en Europa donde los gobiernos son de base parlamentaria.

En el “presidencialismo de coalición” de Brasil, Uruguay y Chile, los acuerdos y alianzas entre partidos se concretan tanto en el ámbito legislativo como en la conformación de gobierno.

Esa característica distintiva impone una diferencia sustancial: en los sistemas de base parlamentaria la duración del gobierno está dada por la existencia de una mayoría en el Parlamento que lo sustente. En cambio, en los sistemas presidenciales el tiempo del mandato del Presidente está predeterminado y no necesariamente coincide con la extensión del mandato de los legisladores.

Sin embargo, las diferencias entre los sistemas presidencial y parlamentario en nada afectan la formación de coaliciones. En efecto, en los sistemas de cuño presidencial es posible -como sucede en Brasil, Uruguay y Chile-  verificar los llamados “presidencialismos de coalición” donde los acuerdos y las alianzas entre los partidos se concretan en el ámbito legislativo y en la conformación del gobierno.

La propuesta sorpresa

La iniciativa de varios dirigentes de JxC conocida esta semana,  por la que se propicia la incorporación de nuevas figuras políticas a la coalición, es confusa y riesgosa.

La confusión deriva de su pobre argumentación. Se pretende justificar con su contribución a la gobernabilidad futura cuando en verdad el resultado es la afectación negativa de la confianza ciudadana en la política, principal insumo para los detractores de la democracia, aquí y en todas las geografías.

La iniciativa de dirigentes de JxC, por la que se propicia la incorporación de nueva figuras políticas a la coalición, es confusa y riesgosa.

Es también riesgosa porque no solo lesiona las aptitudes competitivas de nuestros candidatos en las próximas elecciones provinciales – ya afectadas por la manipulación normativa y de fechas de los gobiernos subnacionales de baja calidad democrática- sino que, al sembrar dudas sobre la solidez de la coalición, fogonea la apuestas a liderazgos mesiánicos y providenciales.

El buen camino

Siempre, pero sobre todo en tiempos de incertidumbre, es necesario ser rigurosos en la definición del objetivo. En nuestro caso: asumir un gobierno e iniciar un esperanzador camino de progreso y realización individual en la Argentina, que deje atrás para siempre el estancamiento económico y deterioro social.

Para el cumplimiento de ese objetivo, se requiere no solo de funcionarios probos, sino de un diagnóstico inicial realista -que además sea claramente transmitido a la ciudadanía- y de una estrategia política global que guíe a esos funcionarios en los diversos aspectos de la gestión del Estado.

La subestimación de la magnitud de la crisis en nuestro último gobierno, llevó a retacear el derecho de los ciudadanos a conocer los datos de la hipoteca heredada. A su vez, la suma de iniciativas sectoriales condujo a la fragmentación de las decisiones y, por último, primó una idea equivocada de que es necesario separar la gestión de la política.

El objetivo de nuestra coalición es asumir el gobierno para iniciar un esperanzador camino de progreso social y realización individual en la Argentina.

La posibilidad de afrontar con éxito los desafíos mayúsculos que se vienen, luego de esta etapa caracterizada por el populismo recargado (dados los múltiples embates a la división e independencia de los poderes) y el ultra facilismo económico (evidenciado por los desequilibrios de la economía) exige la combinación virtuosa de varias dimensiones:

  • La formulación de un diagnóstico acertado y preciso;
  • la articulación de un programa integral;
  • la constitución de equipos dotados de aptitud y mística;
  • la construcción del suficiente respaldo político; y
  • el logro de la licencia social que provea legitimidad para las transformaciones necesarias para remover los obstáculos al progreso individual y social.

Es esencial asumir que el diseño, la implementación y la gestión política del programa de gobierno conforma un conjunto inseparable y que, en materia económica, el plan de estabilización debe ser acompañado por un programa de reforma que no solo permita el control de la inflación sino que también siente las bases de un crecimiento social y económicamente sostenible en el tiempo.

En otras palabras, es evidente que la aptitud del sistema político es una variable clave y determinante, y dado el calado de los desafíos que deberemos afrontar es indispensable disponer de una coalición cohesionada en lo conceptual y, también, sólida tanto en el Palacio del Congreso como en la Casa Rosada.

La unidad de concepto requiere de un programa de acción que sea el resultado del análisis conjunto y del trabajo compartido que los equipos técnicos y especialistas de los partidos vienen desarrollando y, además, de su ratificación por parte de las instancias previstas en las normas de los partidos que integran la coalición.

Además es imprescindible que los legisladores nacionales adhieran “ex ante” a ese programa y que se comprometan a formar parte de un mismo y único bloque en las cámaras legislativas.

Del mismo modo, debe haber un compromiso de los potenciales titulares del Poder Ejecutivo de componer el gobierno con los principales dirigentes de las fuerzas políticas que integran la coalición.

dado el calado de los desafíos que deberemos afrontar es indispensable disponer de una coalición cohesionada en lo conceptual y sólida tanto en el Palacio del Congreso como en la Casa Rosada.

Como se ve, la cohesión de la coalición es compleja y requiere más trabajo político y menos iniciativas del tipo “golpe de efecto” que -aunque se presenten de esa manera- no contribuyen a la eficacia en la acción política de la coalición, sino todo lo contrario.

Así, una secuencia política que tenga programa (resultado del acuerdo de los partidos y asumido por todos los candidatos a cargos electivos); luego la competencia en las PASO para cargos ejecutivos (con los énfasis, matices y sensibilidades que cada candidato agregue a ese programa común); y, no menos importante, el compromiso de constituir una verdadera coalición de gobierno, podrá disponer de la fuerza necesaria par brindar sustento político y legitimidad social a nuestro próximo gobierno.

nuestro régimen electoral ofrece el camino virtuoso de ampliar las coaliciones en una eventual segunda vuelta e incluso está disponible  la formación de una coalición de gobierno aún más amplia de la que compite en el BALOTAJE.

La hoja de ruta expuesta no impugna el diálogo democrático ni obstaculiza los acuerdos. Al contrario, el programa de transformación requiere de mayorías estables en el Congreso que le den sustento al Poder Ejecutivo. Para ello el régimen electoral ofrece el camino virtuoso a través de coaliciones electorales en la segunda vuelta que amplíen la coalición de la primera vuelta y, además, está disponible la formación de una coalición de gobierno aún más amplia que la que compite en el balotaje.

Esos son los pasos y así funciona el presidencialismo de coalición, sin recurrir a artilugios ineficaces que alimentan la idea del “cualunquismo político”, deshonrando la palabra política y poniendo en riesgo la vitalidad de la única opción auténtica de cambio y transformación que deje atrás la experiencia populista.

Ese recorrido es, frente a la peligrosa desconfianza en las instituciones en la que puede caer la sociedad, el camino esperanzador para proveer certidumbre, siempre apoyado sobre los tres pilares fundamentales: el democrático, el liberal y el republicano.

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El Congreso y el Fondo: crisis profunda, alta responsabilidad

Introducción

El 28 de enero, el Presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.

El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.

Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.

Los anuncios del Ministro de Economía en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.

Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.

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¿Ir rápido o llegar lejos?

Una hoja de ruta para el futuro de Juntos por el Cambio

1. Introducción

La Argentina exhibe -como la matrioska, esa tradicional muñeca rusa- crisis envolventes que se agregan y superponen alimentándose unas a otras.

La primera, de raíz estructural, está dada por el estancamiento que distingue a nuestra economía desde el agotamiento del patrón productivo de la industrialización sustitutiva de importaciones, a mediados de la década del 70. Ese estancamiento, que se verifica en la dramática constatación de que la riqueza generada en el año 2021 es la misma que una década atrás, nos condujo a un retroceso relativo que puede medirse en en el dramático dato de que en los últimos cincuenta años nuestro país cayó del puesto 25 al 60 en el ingreso por habitante de los países del mundo.

A esa primera categoría se suman las consecuencias de una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa. Y con escaso apego al cuidado de la calidad democrática y de los derechos individuales. Si nos guiamos por la combinación de resultados sanitarios y económicos, la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional llevó a nuestro país a las posiciones menos honrosas en la región con tremendas consecuencias económico-sociales y educativas[1].

Abordar con éxito los desafíos de la pospandemia está condicionado por la evolución de dos variables decisivas: la dinámica de los asuntos globales y el desempeño del sistema político.

En relación a la primera, la “desoccidentalización” de la globalización abre las puertas a la intensificación de la disputa estratégica entre las dos superpotencias, incluida la competencia por la primacía tecnológica, que repercute en dos precios claves para nuestra estructura productiva: los “commodities” y la tasa de interés internacional, ahora puesta en jaque por el reaparición de tensiones inflacionarias desconocidas en los últimos 40 años. El proceso se desenvuelve además en un contexto de retroceso de las calidad democrática aún en países que creían haber consolidado sus instituciones. Los años venideros serán cruciales en los tres planos: la disputa por la hegemonía global, los vaivenes de la economía mundial y la solidez de los cimientos de la democracia.

En cuanto al desempeño del sistema político, es claro el déficit de gobernabilidad democrática de nuestro país, en tanto no ha sido capaz de promover eficazmente progreso económico y social incluyente, sostenible y equitativo.

A continuación se discuten las capacidades del gobierno para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan y luego se arriesgan algunos criterios para contribuir, desde la UCR, a la construcción de la alternativa de gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) en la próxima elección presidencial.