La Ley Micaela en la AGN

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En el Colegio de Auditores del 30 de octubre aprobamos por unanimidad la Disposición No. 352/2020-AGN que establece un curso de capacitación obligatoria en género, enmarcado en el cumplimiento de la llamada Ley Micaela Nº 27.499.

De esta manera, se brindará a todo el personal de la Auditoría General de la Nación una serie de herramientas teórico-prácticas para contribuir a desnaturalizar la discriminación y las relaciones desiguales de género en el contexto laboral.

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El nombre de la ley es en memoria de Micaela García, una joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, el 1ro. de abril de 2017 por un hombre que, en el año 2012, había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual. Antes de que cumpliera la mitad de su condena, el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú le otorgó la liberta condicional a pesar de que un informe del Servicio Penitenciario desaconsejaba ese curso de acción.

La violencia contra las mujeres es una problemática social de múltiples causas que debe encararse desde diferentes campos y disciplinas. Las instituciones jugamos un papel clave para ayudar a romper los círculos viciosos que vuelcan la balanza en detrimento de las mujeres. Por eso considero que es muy acertado el cometido de la Ley Micaela, en tanto implica un proceso re-educativo en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Esa reeducación debe ser un compromiso para promover el cambio cultural y es por esta razón que la temática de género está en los cursos de la Escuela de Formación Política de la Fundacion Alem. Recorrer sus contenidos me permitió reconectar con libros que había leído muchos años atrás y, además, aportarme nuevos elementos para abordar la problemática actual.

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Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

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El IFE es tan necesario como su control

Hoy estuve, de modo virtual, en el Senado.  Participé, junto al resto de los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Nación, de una reunión convocada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas con el propósito de tratar los detalles de nuestro plan de auditoría en marcha y ponderar diversos pedidos de auditoría que se canalizan a través de esta comisión bicameral dedicada exclusivamente al vínculo con la AGN.

Uno de los pedidos que ingresó hoy a la bicameral va en línea del presentado por mi colega, el Dr. Alejandro Nieva, en el Colegio de Auditores Generales del miércoles pasado. Se trata de auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE  ha sido una pieza clave de contención y apoyo, dada la enorme pérdida de ingresos que han sufrido los hogares como resultado de la pandemia y el aislamiento social. De modo tal que su necesidad no está en duda. Continuar leyendo “El IFE es tan necesario como su control”

A cuatro años del compromiso ODS

En julio participé de una reunión internacional en las Naciones Unidas en la que se evaluó el nivel de preparación de los países para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa gran empresa mancomunada por erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, que resulta cada vez más central en la tarea de auditar la gestión estatal. 

En el año 2015, en la Asamblea General de la ONU, más de 190 Estados -entre los que se cuenta nuestro país- se comprometieron al cumplimento de una serie de objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.

Los ODS, que son diecisiete, se basan en atender de manera simultánea desafíos de naturaleza ambiental, de tipo político y de contenido económico y social. A escala global, y a su vez cada Estado, se proponen 169 metas, a ser cumplidas en un horizonte que se extiende hasta el año 2030.

Este compromiso es posible por la confluencia de tres procesos que han caracterizado los procesos globales en las últimas décadas: la democratización como forma de gobierno, la globalización de la economía y la creciente desigualdad entre las naciones y hacia el interior de los países, tema sobre el que hablé recientemente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

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Invertir sin alcanzar a revertir

 

El informe aprobado en el último Colegio de Auditores sobre el tren Sarmiento llega a una conclusión alarmante: en los cuatro años y medio posteriores al trágico choque en la estación terminal de Once, las elevadas inversiones volcadas al ferrocarril no tuvieron impacto significativo sobre la calidad del servicio de transporte de pasajeros.

Es decir, se invirtió pero no se alcanzó a revertir las deficiencias que presentaba el servicio -ni en los aspectos materiales, como aparatos de vías, señalamiento y frenos automáticos, ni en su gestión.

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