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Control, la mejor vacuna contra la corrupción

Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población.Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población. 

La pandemia, con la perspectiva del tiempo

Recientemente se cumplieron dos años desde aquella conferencia de prensa donde el Director de la OMS caracterizó al COVID-19 como una pandemia. 452 millones de casos después -con el beneficio de la perspectiva y munidos de datos comparados, avances científicos y ensayos diversos sobre cómo afrontar la pandemia- tenemos suficiente camino recorrido para empezar a evaluar las consecuencias. 

Algunos datos ilustran la profundidad del impacto: en los 30 años que lleva el índice de desarrollo humano de ONU esta es la primera vez que se verifica una regresión del indicador a escala global.  A su vez, se vive un retroceso en las libertades individuales en tiempos de paz y en tercer lugar -ahora específicamente con referencia a nuestra región- estamos en condiciones de afirmar que América Latina ha sido el epicentro geográfico de la pandemia; pese a tener menos del 10% de la población global, concentra más del 30% de los fallecidos por COVID-19.

En este contexto todos los gobiernos actuaron y se vieron obligados a tomar medidas en un entorno que sin dudas es complejo y difícil.

Malas decisiones

Cuando se analizan testeos, vacunas y número de personas fallecidas, la Argentina presenta de los peores indicadores a escala global. Pero además estamos frente a un verdadero drama, que abarca desde el derrumbe de la actividad económica y la ruptura de la cadena productiva, hasta el incremento de la pobreza y el empeoramiento de la calidad democrática.

Sin duda, hubo por parte del gobierno dos errores iniciales de cálculo: primero, subestimó la pandemia; luego sobreestimó la cuarentena. A estos diagnósticos equivocados se sumaron luego inconductas e incoherencias en la gestión de la pandemia que fueron agrandando la bola de nieve hasta que se llevó por delante la confianza y credibilidad social.

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Abandonar la “necrofilia ideológica”

La autorización legislativa para el endeudamiento con el FMI -resultado del Acuerdo de Facilidades Extendidas por un monto equivalente a la deuda con el organismo, más el adicional de 4000 millones de dólares para “financiar el déficit fiscal primario”- permitió eludir, al menos en el muy corto plazo, las dramáticas consecuencias de incurrir en atrasos con la institución multilateral.

Con la sanción del Congreso termina una etapa, que se extendió por más de dos años, signada por la “cronoterapia”: la ilusoria espera que el mero paso del tiempo resolviera las insalvables contradicciones internas del consorcio oficialista.

Hasta el tratamiento de esta ley en el Congreso, el extravagante dispositivo de poder del oficialismo impidió, por ejemplo, la consideración por parte del Senado de las nominaciones presidenciales para sus cargos del Procurador General, del Presidente del Banco Central y de la Directora de la Agencia Federal de Inteligencia.

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El Congreso y el Fondo: crisis profunda, alta responsabilidad

Introducción

El 28 de enero, el Presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.

El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.

Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.

Los anuncios del Ministro de Economía en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.

Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.

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Opinión Política U.C.R.

¿Ir rápido o llegar lejos?

Una hoja de ruta para el futuro de Juntos por el Cambio

1. Introducción

La Argentina exhibe -como la matrioska, esa tradicional muñeca rusa- crisis envolventes que se agregan y superponen alimentándose unas a otras.

La primera, de raíz estructural, está dada por el estancamiento que distingue a nuestra economía desde el agotamiento del patrón productivo de la industrialización sustitutiva de importaciones, a mediados de la década del 70. Ese estancamiento, que se verifica en la dramática constatación de que la riqueza generada en el año 2021 es la misma que una década atrás, nos condujo a un retroceso relativo que puede medirse en en el dramático dato de que en los últimos cincuenta años nuestro país cayó del puesto 25 al 60 en el ingreso por habitante de los países del mundo.

A esa primera categoría se suman las consecuencias de una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa. Y con escaso apego al cuidado de la calidad democrática y de los derechos individuales. Si nos guiamos por la combinación de resultados sanitarios y económicos, la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional llevó a nuestro país a las posiciones menos honrosas en la región con tremendas consecuencias económico-sociales y educativas[1].

Abordar con éxito los desafíos de la pospandemia está condicionado por la evolución de dos variables decisivas: la dinámica de los asuntos globales y el desempeño del sistema político.

En relación a la primera, la “desoccidentalización” de la globalización abre las puertas a la intensificación de la disputa estratégica entre las dos superpotencias, incluida la competencia por la primacía tecnológica, que repercute en dos precios claves para nuestra estructura productiva: los “commodities” y la tasa de interés internacional, ahora puesta en jaque por el reaparición de tensiones inflacionarias desconocidas en los últimos 40 años. El proceso se desenvuelve además en un contexto de retroceso de las calidad democrática aún en países que creían haber consolidado sus instituciones. Los años venideros serán cruciales en los tres planos: la disputa por la hegemonía global, los vaivenes de la economía mundial y la solidez de los cimientos de la democracia.

En cuanto al desempeño del sistema político, es claro el déficit de gobernabilidad democrática de nuestro país, en tanto no ha sido capaz de promover eficazmente progreso económico y social incluyente, sostenible y equitativo.

A continuación se discuten las capacidades del gobierno para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan y luego se arriesgan algunos criterios para contribuir, desde la UCR, a la construcción de la alternativa de gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) en la próxima elección presidencial.

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Opinión Política Sociedad

¿Aprendimos la lección?

CEDOC

El traumático final del régimen de convertibilidad -paridad fija, uno a uno, entre el dólar estadounidense y el peso argentino fijada por ley del Congreso, que rigió por más de diez años entre abril de 1991 y finales del año 2001- tuvo dramáticas consecuencias, y algunas de ellas llegan hasta nuestros días.

Las derivaciones fueron múltiples: en el plano institucional, la inédita situación de cinco presidentes en once días y la implosión de una parte significativa del sistema político; en la dimensión económico-social, el incremento de la pobreza, el cierre de innumerables unidades productivas y la pérdida de miles de puestos de trabajo; en lo referido a la vida cotidiana, las incontables tragedias familiares y la muerte de argentinos en ocasión de la represión policial a las manifestaciones en varias provincias argentinas.

El colapso del régimen de convertibilidad venía incubándose desde la “crisis del tequila” -por el impacto en las economías emergentes de la devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994- con sus repercusiones locales que, por ejemplo, justificaron el incremento de impuestos (el IVA pasó del 18% al 21%), el salvataje de bancos y la disparada del desempleo (se acercó al 20% de la población económicamente activa), entre otras.