La buena política debe prevalecer

Aún sin conocer el número final de enfermos y víctimas fatales -en el mundo hay, al momento de escribir estas líneas, cerca de 16 millones de casos y más de 600.000 muertos- las consecuencias de la pandemia, en términos económicos y sociales, son dramáticas e históricas tanto a escala global, como en la región de América latina y, también, en nuestro país.

Según la OIT, las horas de trabajo perdidas en el mundo en el segundo trimestre de este año son equivalentes a alrededor de 300 millones de empleos de tiempo completo. Por su parte, Oxfam, la organización localizada en Londres, basándose en estudios de la UN University calcula que se sumarán 500 millones de personas, el equivalente al 8% de la población mundial, al contingente de pobres del mundo.

Para nuestra región de América Latina, en tanto, la CEPAL estima que cerca de tres millones de empresas cerrarán sus puertas, y que la riqueza por habitante caerá este año a valores equivalentes al año 2010, consolidando así una nueva década perdida en términos económicos.

Frente a este panorama dramático, donde crecen los miedos individuales y las angustias sociales -que son nutrientes para la emergencia o avances de liderazgos autoritarios-, la primera responsabilidad de los gobernantes de todas las latitudes es proveer certidumbre.

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Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

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Atención, Alta Presión

El 24 de noviembre de 2015, 48 horas después del ballotage que consagró a Mauricio Macri presidente, la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Presupuesto de 2006 y el Estado Nacional quedó obligado a reintegrar miles de millones de pesos a provincias que lo habían demandado. El mismo fallo ordenó reglamentar un nuevo Pacto Federal Fiscal, tarea que había sido esquivada durante más de veinte años.

Así de pronto y con esa contundencia se le presento al gobierno de Cambiemos una de las más grandes deudas sin saldar de la Argentina: el federalismo.

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Una mentira muy cara

Los argentinos pagamos un alto precio por mentir sobre la inflación del país.

En junio de 2016 el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó una revisión de la serie del Producto Bruto Interno (PBI), según la cual la Argentina, en términos reales, creció un 45% entre 2004 y 2014.

Con anterioridad -y bajo la influencia del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno-, el INDEC informaba un crecimiento del 63% para el mismo período.

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