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Ideas actualizadas para los Ideales de Siempre

La pandemia que azota el mundo -aún sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar- ya generó la peor crisis económica en un siglo, produjo el primer retroceso registrado en el Índice de Desarrollo Humano que la ONU realiza desde hace treinta años y consolida una nueva década perdida, en términos económicos y sociales, en la Región de América Latina.

Las consecuencias de la Pandemia son múltiples.

Para empezar, nuestras sociedades serán más pobres y más desiguales. Según la CEPAL, en América Latina, al tiempo que el número de pobres se incrementará en 45 millones de personas, casi 3 millones de empresas -una de cada cinco- habrán dejado de existir.

Por otro lado, las demandas sociales crecientes presionan por mayores prestaciones del sector público sumando exigencias a estados que a sus debilidades estructurales le agregan, en el mundo en desarrollo, las dificultades para financiar estos mayores requerimientos presupuestarios.

También, los miedos individuales y las incertidumbres sociales son ambiente propicio para la emergencia o consolidación de liderazgos autoritarios en todos los continentes. De allí que la Internacional Socialista denunciara el  uso  de la pandemia “como pretexto para restringir libertades” y que destacados líderes democráticos y progresistas de América Latina alertaran sobre “los riesgos de una regresión democrática en la Región”.

A continuación, se presentan algunos rasgos distintivos del esquema de poder del movimiento que gobierna nuestro país y las consecuencias de las políticas seguidas por la administración. En el capítulo siguiente se describen los pilares de una propuesta para superar el estancamiento secular y el rumbo de decadencia en la post pandemia y, finalmente, se señalan algunos puntos de la hoja de ruta para la UCR, el partido más antiguo y el más actualizado de nuestro país.

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Informes AGN Sociedad

La Ley Micaela en la AGN

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En el Colegio de Auditores del 30 de octubre aprobamos por unanimidad la Disposición No. 352/2020-AGN que establece un curso de capacitación obligatoria en género, enmarcado en el cumplimiento de la llamada Ley Micaela Nº 27.499.

De esta manera, se brindará a todo el personal de la Auditoría General de la Nación una serie de herramientas teórico-prácticas para contribuir a desnaturalizar la discriminación y las relaciones desiguales de género en el contexto laboral.

El nombre de la ley es en memoria de Micaela García, una joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, el 1ro. de abril de 2017 por un hombre que, en el año 2012, había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual. Antes de que cumpliera la mitad de su condena, el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú le otorgó la liberta condicional a pesar de que un informe del Servicio Penitenciario desaconsejaba ese curso de acción.

La violencia contra las mujeres es una problemática social de múltiples causas que debe encararse desde diferentes campos y disciplinas. Las instituciones jugamos un papel clave para ayudar a romper los círculos viciosos que vuelcan la balanza en detrimento de las mujeres. Por eso considero que es muy acertado el cometido de la Ley Micaela, en tanto implica un proceso re-educativo en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Esa reeducación debe ser un compromiso para promover el cambio cultural y es por esta razón que la temática de género está en los cursos de la Escuela de Formación Política de la Fundacion Alem. Recorrer sus contenidos me permitió reconectar con libros que había leído muchos años atrás y, además, aportarme nuevos elementos para abordar la problemática actual.

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Informes AGN Opinión

Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

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Claves para navegar una segunda década perdida

Aún sin saber cuándo terminará la pandemia ni a cuántas personas alcanzará, ya es claro y definitivo que nos encontramos ante la crisis económica y social del siglo. En particular, para América Latina afrontamos, en términos económicos, la segunda década perdida, a semejanza de la que azotó nuestra región a principio de los ’80.

Cinco de los diez países más afectados por la pandemia COVID-19 son latinoamericanos.

Para compartir reflexiones sobre los alcances e impactos de la pandemia, participé ayer del Seminario Anual CARI 42: Estrategia Global de la Argentina en Tiempos Inciertos, junto con destacados colegas, Facundo Suárez Lastra, Vicepresidente 1º de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, y Diego Guelar, Ex Embajador argentino en la Unión Europea,  los Estados Unidos, Brasil y China.

América Latina es el epicentro de la pandemia: de los diez países más afectados, cinco son latinoamericanos. Con el 9% de la población global, nuestra región contabiliza alrededor de un tercio de los contagiados a nivel global.

Esta pandemia alienta miedos individuales y, también,  acrecienta incertidumbres sociales. Y eso abre las puertas al surgimiento o a la consolidación de liderazgos autoritarios en la región (y también en todos los demás continentes). Efectivamente,  los populismos son poco capaces de afrontar los desafíos de la pandemia porque demuestran desdén hacia el saber de los expertos y hacia la organización, planificación y atención que se requiere para afrontar seriamente una pandemia. Desconfían, además, de los aprendizajes y de las buenas prácticas de la comunidad global.

“Los modos populistas descreen de los liderazgos cooperativos y, en general, revelan una vocación para encontrar mecanismos para administrar la sociedad desde el poder.”

La Argentina ingresó a la pandemia ya arrastrando un retroceso relativo con respecto a otros países de la región. El estancamiento económico que sufrimos desde hace décadas  ha tenido consecuencias directas en los dos paradigmas que nutren nuestra sociedad: la movilidad social y la justicia social.

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Buena Gobernanza Opinión Política

¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.