¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.

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Cuando ganó el odio

El 20 de agosto de 1976 en la localidad bonaerense de Pilar, 30 personas fueron dinamitadas para enviar una señal, “un sangriento mensaje a los demás militantes para que cesaran sus actividades cinco meses después del golpe militar”. El general Jorge Rafael Videla, “los quería muertos”, pero le “molestaba” que “los cuerpos quedaran tan notablemente desperdigados”. Esta información está consignada en uno de los archivos desclasificados de la CIA elaborado durante la última dictadura militar, y se conoce como “Masacre de Fátima”.

Leer esos informes es asomarse al horror de nuestro pasado reciente, una advertencia para recordar que la democracia es un bien preciado, vulnerable, pero fundamental e indispensable para zanjar nuestras diferencias por medio de la argumentación, la deliberación racional y el ejercicio legal y legítimo del poder que da el voto popular, para que nunca más tengamos que asomarnos al abismo.

En una América Latina sumergida en la guerra fría, las organizaciones políticas que habían hecho la opción por las armas, y tenían a Cuba como faro, aceleraron con la lógica de “cuanto peor, mejor” desencadenando el período más negro de nuestra historia moderna.

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Las tierras de los pueblos originarios

Salinas Grandes, Jujuy. Foto: Marisa Estivill / Shutterstock.com

En 1985, siendo Diputado Nacional, voté la primera ley de protección a las comunidades indígenas que tuvo la Argentina.

Tres décadas más tarde me toca estar del otro lado del mostrador, evaluando la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el organismo que la ley previó para materializar sus objetivos.

El informe aprobado en el Colegio de Auditores la semana pasada (descargar aquí) trata sobre la gestión del INAI con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al cual nuestro país adhirió también en los ’80 y ratificó recién en el 2000.

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Servicio Penitenciario Nacional: seguridad y rehabilitación

En la sesión del Colegio de Auditores Generales del miércoles 24 de agosto, se aprobó una auditoría sobre el Programa “Seguridad y rehabilitación del interno” del Servicio Penitenciario Nacional que aborda temas vinculados a la administración del organismo, a la sanidad de los internos y a la seguridad y traslados.

El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad a cargo la administración de los 39 establecimientos penitenciarios federales y de los programas criminológicos destinados a disminuir la reincidencia, desalentar la criminalidad y contribuir a la seguridad pública.

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Chávez, los Derechos Humanos y el Mercosur

1201_cristina_chavez_g_tel.jpg_687088226 La Asamblea Nacional de la  República Bolivariana de Venezuela votó afirmativamente una propuesta gubernamental para estudiar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los cuestionamientos del Gobierno de Chávez al desempeño de la CIDH no son nuevos y tienen un antecedente importante en el Informe que la Comisión produjo sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a fines del año 2010.

El Informe, que dictamina  que en Venezuela se atenta contra la Democracia y los Derechos Humanos,  pudo realizarse a pesar que, desde el año 2003,  el Gobierno de Chávez viene impidiendo  la visita de la Comisión al país. Ese procedimiento de visitas en el terreno es algo que ha distinguido  el trabajo de la Comisión en los alrededor de 90 informes que ha realizado en diferentes países y circunstancias desde su creación, hace más de cincuenta años.

En los últimos años pude visitar Venezuela en varias oportunidades. En ocasiones  integrando la misión  de análisis de la situación política del país de la Internacional Socialista  y,  también,  como observador a las elecciones legislativas  y a las elecciones abiertas  de la coalición opositora, a principios de este año, donde masivamente surgió la candidatura de Henrique Capriles como candidato a Presidente para enfrentar a Chávez en la elección de Octubre de este año. En esas visitas comprobé la desnaturalización del sistema democrático y el impacto que el populismo político y el facilismo económico tienen en una sociedad con muchas asignaturas pendientes a pesar del “boom” petrolero.

Ahora bien, la iniciativa del Gobierno de Chávez de negarle competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene implicancias de otro tipo y que alcanzan a nuestro país. Ello es así porque La concreción de esa iniciativa embiste contra el espíritu del Mercosur ya que, por el Protocolo de Asunción para Derechos Humanos del año 2005, los países miembros   se comprometen a la promoción y protección de ellos. En  efecto, en los fundamentos de dicho instrumento los países reafirman los principios y normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el artículo séptimo de la parte dispositiva, determinan que el presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.

Es de esperar, por muchas razones, que el Gobierno de Chávez no avance en su propósitos y que el Gobierno de Cristina Kirchner se esfuerce en disuadirlo. En primer lugar porque la defensa y promoción de los Derechos Humanos no debe reconocer fronteras y ,en segundo término, porque si lo hiciera afectaría, aún más de lo que está, al Mercosur .

Por último, y no menos importante, porque los Argentinos de bien tenemos una deuda histórica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA  que, cuando la dictadura asolaba nuestro país, nos visitó y produjo un Informe que constituyó un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de la Democracia.