Corrupción y derechos humanos: desafío del siglo 21

Foto por Marko Milivojevic en Pixnio

El siguiente texto es una reflexión sobre la relación entre corrupción y derechos humanos con la que contribuí al documento “Democracia, derechos humanos y control público: el rol de los trabajadores”, publicado por la Asociación  de Personal de Organismos y Control (APOC). 

Hasta no hace mucho tiempo, la problemática vinculada a los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción eran abordados independientemente el uno del otro, al punto tal que ninguno de los principales instrumentos internacionales en materia de los derechos fundamentales hacía mención a la corrupción y los efectos devastadores que provocan en las sociedades. 

Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos trataron el tema de la corrupción. 

Será con la llegada del nuevo siglo, al reconocerse la necesidad de un abordaje global en la lucha contra la corrupción, que se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la Asamblea General del 31 de octubre  de 2003; allí en su preámbulo se alerta sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea este tipo delictual para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.  

Continuar leyendo “Corrupción y derechos humanos: desafío del siglo 21”

¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.

Continuar leyendo “¿De crisis a oportunidad?”

Cuando ganó el odio

El 20 de agosto de 1976 en la localidad bonaerense de Pilar, 30 personas fueron dinamitadas para enviar una señal, “un sangriento mensaje a los demás militantes para que cesaran sus actividades cinco meses después del golpe militar”. El general Jorge Rafael Videla, “los quería muertos”, pero le “molestaba” que “los cuerpos quedaran tan notablemente desperdigados”. Esta información está consignada en uno de los archivos desclasificados de la CIA elaborado durante la última dictadura militar, y se conoce como “Masacre de Fátima”.

Leer esos informes es asomarse al horror de nuestro pasado reciente, una advertencia para recordar que la democracia es un bien preciado, vulnerable, pero fundamental e indispensable para zanjar nuestras diferencias por medio de la argumentación, la deliberación racional y el ejercicio legal y legítimo del poder que da el voto popular, para que nunca más tengamos que asomarnos al abismo.

En una América Latina sumergida en la guerra fría, las organizaciones políticas que habían hecho la opción por las armas, y tenían a Cuba como faro, aceleraron con la lógica de “cuanto peor, mejor” desencadenando el período más negro de nuestra historia moderna.

Continuar leyendo “Cuando ganó el odio”

Las tierras de los pueblos originarios

Salinas Grandes, Jujuy. Foto: Marisa Estivill / Shutterstock.com

En 1985, siendo Diputado Nacional, voté la primera ley de protección a las comunidades indígenas que tuvo la Argentina.

Tres décadas más tarde me toca estar del otro lado del mostrador, evaluando la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el organismo que la ley previó para materializar sus objetivos.

El informe aprobado en el Colegio de Auditores la semana pasada (descargar aquí) trata sobre la gestión del INAI con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al cual nuestro país adhirió también en los ’80 y ratificó recién en el 2000.

Continuar leyendo “Las tierras de los pueblos originarios”

Servicio Penitenciario Nacional: seguridad y rehabilitación

En la sesión del Colegio de Auditores Generales del miércoles 24 de agosto, se aprobó una auditoría sobre el Programa “Seguridad y rehabilitación del interno” del Servicio Penitenciario Nacional que aborda temas vinculados a la administración del organismo, a la sanidad de los internos y a la seguridad y traslados.

El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad a cargo la administración de los 39 establecimientos penitenciarios federales y de los programas criminológicos destinados a disminuir la reincidencia, desalentar la criminalidad y contribuir a la seguridad pública.

Continuar leyendo “Servicio Penitenciario Nacional: seguridad y rehabilitación”