El gran historiador Eric Hobsbawm consideraba al Siglo XX como el más violento de la historia de la Humanidad, y en nuestro país, la violencia política, junto a la ajuricidad – entendida como el desprecio al sano ejercicio del respeto a las normas – fue un componente distintivo que caracterizó la vida pública hasta la instauración democrática de 1983.
El golpe de estado de septiembre de 1930 marcó el inicio de una serie de interrupciones institucionales convalidadas por la insólita acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoció la legalidad a ese y a los futuros gobiernos de facto. Además, constituyó, la justificación a la teoría de que “el fin justifica los medios” , la cínica noción que ignora que ningún objetivo loable puede ser la excusa para recurrir a medios innobles.
Con Inés Brizuela y Doria, Vicepresidente Primera de la UCR Nacional.
Reflexiones a partir del reconocimiento realizado en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical a la representación parlamentaria de 1983, en el Día del Militante Radical.
Hace unos días, en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, las autoridades partidarias decidieron dar un reconocimiento a quienes integramos el bloque de diputados radicales de 1983, aquella generación que protagonizó el regreso de la democracia. Quiero agradecer esa distinción y, sobre todo, la escucha atenta de quienes participaron del acto en el marco del Día del Militante Radical.
Las referencias que nos ofrece el mundo en esta segunda década del siglo XXI, señalan un nítido contraste con la ilusión de un futuro de paz y progreso global que se presumía cierto, al final de la guerra fría, al abrigo de la ola democratizadora y el auge de la globalización económica.
En efecto, las consecuencias negativas de los déficits de la gobernanza global y los retrocesos en la calidad de las instituciones, se potenciaron con la Pandemia , reforzando un estado de “recesión democrática” a escala global.
En ese marco, los países de América Latina siguen lidiando, además, con los asuntos problemáticos que distinguieron su historia en el siglo pasado: el autoritarismo, la desigualdad y la violencia.
En relación a sus instituciones, desde la notoria vigorización de la corriente democratizadora iniciada con el Presidente Alfonsín en 1983, no sólo se registra la ominosa existencia de “autocracias electivas” en varios países de la región, sino que, además desde 1985, fueron 20 los presidentes que no concluyeron sus mandatos y, de ellos, solo unos pocos cesaron su gestión a través de juicios políticos sustanciados en los congresos.
De acuerdo al reporte anual del semanario The Economist el indicador democrático es el peor desde que se inició la medición en 2006 y solo 43 de las más de 70 elecciones del año serán totalmente libres y verificables.
Al finalizar el año, alrededor de 4.200 millones de personas, más del 50% de la población mundial, habrá elegido en las urnas nuevos gobernantes. Es un acontecimiento sin antecedentes que involucra a varias decenas de países, entre los cuales se destacan las elecciones presidenciales en la más antigua democracia representativa, Estados Unidos de Norteamérica; la nación más poblada, la India, y el país hispanoparlante con mayor población, México.
A pesar de este dato auspicioso, sobre todo si se tiene en cuenta que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial apenas algo más de una docena de países tenían gobernantes elegidos por sus ciudadanos, el auge electoral debe ser considerado en el marco de claras evidencias de un contexto, global y generalizado, de asedio a las democracias.
Ese estado de democracias acosadas tiene en la insatisfacción de vastos sectores frente a la situación socioeconómica, acelerada con la crisis financiera de la primera década del siglo y reforzada por la pandemia, una causa fundamental. Además, las debilidades de la gobernanza global y las limitaciones de los Estados Nación en la presente etapa de la globalización no favorecen un camino de atención efectiva de las demandas sociales.
Los distintos y recientes de distintos relevamientos que intentan captar el estado de la opinión pública, tanto globales como los específicos de América Latina, son todos coincidentes en el reconocimiento del deterioro en la percepción social sobre la legitimidad y mérito de la democracia.
El presidente Raúl Alfonsín durante las negociaciones del Tratado de Paz y Amistad con Chile, 1984. Fuente: alfonsin.org – Fondo Documental Familia Alfonsín
Todavía hoy pueden verse en las paredes del Palacio de la Moneda los agujeros de las balas que terminaron simultáneamente con la vida del presidente Salvador Allende y con el faro democrático de los ’70 en América Latina: la democracia chilena. A propósito de que se cumplieron 50 años del golpe de Pinochet, escribí en Clarín sobre lo que significó ese hito violento para América Latina y sobre cómo operó Raúl Alfonsin para recuperar la democracia en Chile y en toda la región. Transcribo a continuación la nota.
Gabriel García Márquez dio en el clavo cuando expresó que “El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que se quedó en nuestras vidas para siempre.”
Es que Chile había logrado hacer del respeto a la Constitución y las leyes un hábito saludable, algo que lo distinguió durante varias décadas de la mayoría de los países de América Latina, incluyendo a la Argentina.
Medio siglo atrás en nuestro continente se desplegaba la lucha de poder Este-Oeste. A Estados Unidos le molestaba el caso chileno. Quería evitar a toda costa que gobiernos de izquierda pudieran gestar una experiencia exitosa de transición pacífica al socialismo con potenciales efectos demostrativos para el resto del hemisferio e, incluso, para Francia e Italia- países que juntó con Chile contaban con los más poderosos e influyentes partidos comunistas de Occidente. Así, bajo el gobierno de Richard Nixon, a Estados Unidos le cerraba la idea de que un gobierno juzgado como peligroso, desde su visión de seguridad hemisférica, fuera sustituido por otro declaradamente anticomunista.
Entonces, con la complicidad de Estados Unidos, Pinochet llegó para quedarse. La violencia que caracterizó su desembarco se perpetuó en 17 largos años de dictadura sangrienta.
La llegada de Raúl Alfonsín a La Rosada, en 1983, significó un giro brusco en la relación con La Moneda, aún tomada por Pinochet. Una década después de la destitución y muerte violenta de Salvador Allende, la llama de la democracia se volvió a encender en la región, esta vez en Argentina.
