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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Emergencia y control: un balance de la AGN en 2020

Con el último Colegio de Auditores de 2020, a fin del mes pasado, se cerró un año que -con todos sus infortunios- puso de relieve el papel central que reviste el control de las cuentas públicas. En contextos de emergencia, la premura no puede afectar la transparencia y la fiscalización se vuelve aún más crítica.

Asumí formalmente como Presidente de la AGN el 17 de marzo. Dos días después se declaraba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Mi primer año al frente del organismo transcurrió, por lo tanto, de modo remoto.

Estas circunstancias -la necesidad de mayor control sobre la Administración Nacional y la obligación de llevar esta tarea desde un espacio de trabajo repartido en los hogares de cada uno de los empleados de la AGN- presentaron un gran desafío.

Mirando el año en perspectiva, en medio del drama que vivió no sólo la Argentina sino el mundo, creo que la AGN estuvo a la altura de las circunstancias y -con el meritorio esfuerzo de sus trabajadores- se obtuvieron resultados satisfactorios en términos de la misión constitucional del organismo de control externo de la Argentina.

El conjunto de medidas que impulsamos  -adecuación normativa, continuidad de las sesiones de Colegio de Auditores por videoconferencia y aprovechamiento de las herramientas informáticas, entre otras- permitieron que en 2020 se aprobaran 184 informes de auditoría, una cifra apenas inferior a la de 2019, año que no presentó impedimentos para la tarea.

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Claves para navegar una segunda década perdida

Aún sin saber cuándo terminará la pandemia ni a cuántas personas alcanzará, ya es claro y definitivo que nos encontramos ante la crisis económica y social del siglo. En particular, para América Latina afrontamos, en términos económicos, la segunda década perdida, a semejanza de la que azotó nuestra región a principio de los ’80.

Cinco de los diez países más afectados por la pandemia COVID-19 son latinoamericanos.

Para compartir reflexiones sobre los alcances e impactos de la pandemia, participé ayer del Seminario Anual CARI 42: Estrategia Global de la Argentina en Tiempos Inciertos, junto con destacados colegas, Facundo Suárez Lastra, Vicepresidente 1º de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, y Diego Guelar, Ex Embajador argentino en la Unión Europea,  los Estados Unidos, Brasil y China.

América Latina es el epicentro de la pandemia: de los diez países más afectados, cinco son latinoamericanos. Con el 9% de la población global, nuestra región contabiliza alrededor de un tercio de los contagiados a nivel global.

Esta pandemia alienta miedos individuales y, también,  acrecienta incertidumbres sociales. Y eso abre las puertas al surgimiento o a la consolidación de liderazgos autoritarios en la región (y también en todos los demás continentes). Efectivamente,  los populismos son poco capaces de afrontar los desafíos de la pandemia porque demuestran desdén hacia el saber de los expertos y hacia la organización, planificación y atención que se requiere para afrontar seriamente una pandemia. Desconfían, además, de los aprendizajes y de las buenas prácticas de la comunidad global.

“Los modos populistas descreen de los liderazgos cooperativos y, en general, revelan una vocación para encontrar mecanismos para administrar la sociedad desde el poder.”

La Argentina ingresó a la pandemia ya arrastrando un retroceso relativo con respecto a otros países de la región. El estancamiento económico que sufrimos desde hace décadas  ha tenido consecuencias directas en los dos paradigmas que nutren nuestra sociedad: la movilidad social y la justicia social.

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¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.

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Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19

El miércoles pasado estuve hablando sobre los desafíos de la buena gobernanza frente al COVID-19 en el ciclo de webinarios que lleva a cabo la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 

Estamos frente a una emergencia sanitaria que ha derivado en una crisis humanitaria de escala global. Hasta ayer se podían computar más de 600 mil fallecidos y más de 15 millones de casos en todo el mundo.

Nuestra región de América Latina es hoy el epicentro de esta pandemia. Sólo Brasil computa más de 2 millones de afectados, el doble de la India.

La pandemia alcanza a todos los países, no discrimina por régimen político, ni por el nivel de desarrollo que ese país tiene, ni tampoco por el grado de su integración al mundo. Al mismo tiempo, afecta a todas las personas sin importar la ubicación en la escala social, la etnia, si practica alguna religión, ni cuál es la ideología que posee.

No sabemos cuándo concluirá la pandemia ni cuántas víctimas se cobrará. Tampoco sabemos cómo quedará el tablero geopolítico global. Entre tanta incertidumbre hay una certeza: ya, hoy, estamos frente a la crisis económica y social mas intensa desde 1930.

En este contexto podemos debatir muchas cosas. Podemos debatir cómo quedarán la estructura y la distribución del poder mundial; si se intensificará o no la “des occidentilización” de la globalización que ya está en marcha. Podemos discutir -hay opiniones encontradas- sobre cómo quedaran paradas las instituciones multilaterales. También hay puntos de vista divergentes sobre la rivalidad geopolítica entre las superpotencias: ¿cómo emergerán  China y Estados Unidos tras la pandemia? ¿afianzará alguno de esos países el predominio tecnológico?

Entre toda esta incertidumbre, hay algo que está fuera de discusión. Aún sin saber cuándo concluirá la pandemia y cuántas víctimas nos dejará, hoy ya estamos en condiciones de afirmar que estamos frente a la crisis económica y social más profunda e intensa desde 1930 a la fecha.