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Construir confianza social debe ser nuestra obsesión democrática

Los países de América Latina están azotados por tres males que se acentúan en tiempos de emergencia y gobiernos populistas: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas. Reconstruir la confianza social, desde la ejemplaridad de los gobernantes y la transparencia de los actos, es la principal condición para progresar y combatir esos males. 

Recientemente tuve el agrado de participar del “10º Seminario Internacional Corrupción y política en América Latina: pesos sin contrapesos” de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que contó con el auspicio de prestigiosas instituciones académicas, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y público interesado en el tema, como la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la Red por la Rendición de Cuentas, Friedrich Ebert Stiftung, el Instituto Nacional Electoral de México, la GIZ y el World Justice Project.

En este seminario se pusieron a consideración diversas experiencias y abordajes referidas a la problemática de la corrupción en la región.

Tan distintos, tan iguales

Los países de América Latina presentan diferencias muy marcadas en algunos aspectos, no obstante lo cual existe una tríada de males que nos hermana en términos políticos, institucionales, sociales y económicos: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas.

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Internacional Política U.C.R.

Sobre la retórica de solapa, salida de la crisis y los desafíos del futuro

Recientemente fui invitado por el Club del Progreso a conversar sobre los desafíos de la pospandemia para la Argentina. 

El Club del Progreso nació hace más de un siglo y medio, con el propósito de reunir a personas de diferentes pensamientos, pero con idénticos objetivos, marcados por el ideal del progreso moral y material de nuestro país.

Para quienes adscribimos al ideario radical, el Club del Progreso guarda algunos secretos y tesoros invaluables en el plano simbólico: por sus rincones supo transitar nuestro fundador Leandro Alem y aún se conserva en el ingreso al Club la mesa donde yació su cuerpo la trágica noche del 1 de julio de 1896.

La pandemia ¿culpable de todo?

Cuando la crisis social, sanitaria y económica ocasionada por la pandemia pase, Argentina estará peor que a su inicio y peor que sus vecinos. Dos datos clave lo demuestran:

➢ Según CEPAL, encabezamos la lista de países de América Latina que han incrementado – a pesar de las ayudas oficiales- los niveles de pobreza en el año 2020, triplicando el promedio de 3,2 puntos porcentuales de los 17 países de la región analizados.
➢ Para la OCDE, nuestra economía tardará más de cinco años en recuperar los niveles de actividad económica previos a la pandemia.

Pero volviendo al eje principal, me formulo la misma pregunta ¿es la pandemia la culpable de todo? o ¿estos indicadores preocupantes, configuran la cruda realidad en cuanto a la administración de la misma?

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Claves para navegar una segunda década perdida

Aún sin saber cuándo terminará la pandemia ni a cuántas personas alcanzará, ya es claro y definitivo que nos encontramos ante la crisis económica y social del siglo. En particular, para América Latina afrontamos, en términos económicos, la segunda década perdida, a semejanza de la que azotó nuestra región a principio de los ’80.

Cinco de los diez países más afectados por la pandemia COVID-19 son latinoamericanos.

Para compartir reflexiones sobre los alcances e impactos de la pandemia, participé ayer del Seminario Anual CARI 42: Estrategia Global de la Argentina en Tiempos Inciertos, junto con destacados colegas, Facundo Suárez Lastra, Vicepresidente 1º de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, y Diego Guelar, Ex Embajador argentino en la Unión Europea,  los Estados Unidos, Brasil y China.

América Latina es el epicentro de la pandemia: de los diez países más afectados, cinco son latinoamericanos. Con el 9% de la población global, nuestra región contabiliza alrededor de un tercio de los contagiados a nivel global.

Esta pandemia alienta miedos individuales y, también,  acrecienta incertidumbres sociales. Y eso abre las puertas al surgimiento o a la consolidación de liderazgos autoritarios en la región (y también en todos los demás continentes). Efectivamente,  los populismos son poco capaces de afrontar los desafíos de la pandemia porque demuestran desdén hacia el saber de los expertos y hacia la organización, planificación y atención que se requiere para afrontar seriamente una pandemia. Desconfían, además, de los aprendizajes y de las buenas prácticas de la comunidad global.

“Los modos populistas descreen de los liderazgos cooperativos y, en general, revelan una vocación para encontrar mecanismos para administrar la sociedad desde el poder.”

La Argentina ingresó a la pandemia ya arrastrando un retroceso relativo con respecto a otros países de la región. El estancamiento económico que sufrimos desde hace décadas  ha tenido consecuencias directas en los dos paradigmas que nutren nuestra sociedad: la movilidad social y la justicia social.

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Dinero, política y democracia

Foto por Oleg Magni en Pexels

Regresé esta semana de la segunda reunión anual de la Red Global de Auditores organizada por la OECD donde, si bien el tema principal planteado era el de los desafíos de auditar en la era digital, hubieron sesiones que giraron sobre integridad y transparencia (o su ausencia). Es que la corrupción política que se extiende en América Latina es una preocupación creciente. Sobre ésto y su vinculación con el financiamiento de los partidos políticos -algo que en la Argentina ahora se está debatiendo en el Congreso- realicé algunas reflexiones que publicó este fin de semana el diario Perfil. Abajo transcribo el artículo y agrego algunas notas para quien quiera mayor profundidad sobre algunos temas.

Los golpes de Estado y los autoritarismos fueron, en el siglo pasado, el rasgo distintivo y dominante del paisaje institucional en América Latina. En tanto, las elecciones de 1983 en Argentina iniciaron una dinámica política que llevó a la región a tener en nuestros días –salvo en el caso de Cuba– gobiernos elegidos democráticamente en elecciones que, con la excepción de Venezuela, no han sido cuestionadas en su legitimidad.

Sin indulgencia. Ese gigantesco paso adelante está siendo negativamente afectado, en la mayoría de nuestros países, por resonantes casos de corrupción que ya no cuentan, como en el pasado, con actitudes indulgentes llenas de argumentos economicistas que pretendían justificar la corrupción con los supuestos beneficios de empresas y empresarios audaces, imprescindibles para salir de la trampa del atraso económico.

La corrupción expone la captura del Estado por parte de élites, es una suerte de privatización de la política pública que pone en jaque las instituciones y el estado de Derecho.

Por el contrario, se extiende la convicción de que la corrupción expone, por un lado, la perniciosa captura del Estado por parte de algunas élites que, en ocasiones, exhiben un despliegue a escala supranacional y, por otro lado, esa verdadera “privatización de la política pública” amenaza, al socavar la confianza social en las instituciones, la estabilidad política y la vigencia del Estado de derecho.

El Departamento de Justicia de USA reveló que la empresa Odebrecht obtuvo ganancias por 2996 millones de dólares en sus operaciones en 10 países de América Latina y reconoció haber pagado sobornos por 780 millones de dólares, principalmente en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.

El número de países afectados, la magnitud de los fraudes y su repercusión social han renovado el interés académico sobre el estudio de las posibles razones que explican la existencia de actos de corrupción dejando de lado la simple y equivocada idea, todavía presente en grupos políticos de matriz ideológica conservadora, de que el tamaño del Estado determina el nivel de la corrupción.