

Este año se cumplen 30 años de la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera, una norma vital para el control y la fiscalización del Estado. El aniversario llega luego de dos años en que la gestión estatal de la pandemia dejó entrever grietas en el sistema republicano en Argentina y con la perspectiva de un contexto global inestable.
La emergencia por la que transitó el mundo a raíz de la pandemia dio lugar a diversas acciones para contener sus efectos desde las administraciones centrales. En muchos casos, los gobiernos se equivocaron, actuaron a destiempo o abusaron de las excepciones en detrimento de las libertades. Argentina es un caso testigo, donde todo eso se confirma, debido en gran medida a su fragilidad institucional.
Si bien la emergencia exige medidas de excepción, algo no está bien cuando en un año hay más decretos de necesidad y urgencia de contenido legislativo que leyes sancionadas por el Congreso.
Es frente a situaciones extremas que nuestro sistema republicano se pone a prueba y nos preguntamos: ¿se confirma la separación de poderes? ¿existen los controles cruzados entre ellos?
Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población.Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población.
Recientemente se cumplieron dos años desde aquella conferencia de prensa donde el Director de la OMS caracterizó al COVID-19 como una pandemia. 452 millones de casos después -con el beneficio de la perspectiva y munidos de datos comparados, avances científicos y ensayos diversos sobre cómo afrontar la pandemia- tenemos suficiente camino recorrido para empezar a evaluar las consecuencias.
Algunos datos ilustran la profundidad del impacto: en los 30 años que lleva el índice de desarrollo humano de ONU esta es la primera vez que se verifica una regresión del indicador a escala global. A su vez, se vive un retroceso en las libertades individuales en tiempos de paz y en tercer lugar -ahora específicamente con referencia a nuestra región- estamos en condiciones de afirmar que América Latina ha sido el epicentro geográfico de la pandemia; pese a tener menos del 10% de la población global, concentra más del 30% de los fallecidos por COVID-19.
En este contexto todos los gobiernos actuaron y se vieron obligados a tomar medidas en un entorno que sin dudas es complejo y difícil.
Cuando se analizan testeos, vacunas y número de personas fallecidas, la Argentina presenta de los peores indicadores a escala global. Pero además estamos frente a un verdadero drama, que abarca desde el derrumbe de la actividad económica y la ruptura de la cadena productiva, hasta el incremento de la pobreza y el empeoramiento de la calidad democrática.
Sin duda, hubo por parte del gobierno dos errores iniciales de cálculo: primero, subestimó la pandemia; luego sobreestimó la cuarentena. A estos diagnósticos equivocados se sumaron luego inconductas e incoherencias en la gestión de la pandemia que fueron agrandando la bola de nieve hasta que se llevó por delante la confianza y credibilidad social.
La autorización legislativa para el endeudamiento con el FMI -resultado del Acuerdo de Facilidades Extendidas por un monto equivalente a la deuda con el organismo, más el adicional de 4000 millones de dólares para “financiar el déficit fiscal primario”- permitió eludir, al menos en el muy corto plazo, las dramáticas consecuencias de incurrir en atrasos con la institución multilateral.
Con la sanción del Congreso termina una etapa, que se extendió por más de dos años, signada por la “cronoterapia”: la ilusoria espera que el mero paso del tiempo resolviera las insalvables contradicciones internas del consorcio oficialista.
Hasta el tratamiento de esta ley en el Congreso, el extravagante dispositivo de poder del oficialismo impidió, por ejemplo, la consideración por parte del Senado de las nominaciones presidenciales para sus cargos del Procurador General, del Presidente del Banco Central y de la Directora de la Agencia Federal de Inteligencia.
El jueves 24 de febrero de 2022 quedará en los libros de historia como un hito de la infamia: como nunca antes se ha violado el nuevo orden mundial fundado en la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos que ni siquiera la polarización de la Guerra Fría había podido quebrar.
La Segunda Guerra Mundial, desencadenada por la invasión nazi de Polonia, fue un episodio catastrófico en la historia humana, signado por la desolación y la muerte. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la Primera Guerra Mundial, que dejó latente la posibilidad de un futuro conflicto, 1945 abrió paso a un largo período de paz y estabilidad. El proceso de justicia retroactiva contra los principales responsables de los crímenes de guerra y los asesinatos en masa, la creación de las Naciones Unidas y la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sentaron las bases para una nueva era. Con los inevitables vaivenes, la utopía kantiana de la paz perpetua, expresión máxima de la Ilustración, se hacía realidad.
La invasión de Ucrania nos sitúa ante la mayor amenaza que ha vivido el mundo desde 1945, una guerra que viola las normas fundamentales del derecho internacional. Ucrania es un Estado independiente y soberano cuyo territorio ha sido agredido por un invasor que ataca a la población civil, bombardeando hospitales, maternidades y centrales nucleares con armas prohibidas, bajo el pretexto de recomponer una dudosa “comunidad de sangre”. Han muerto niños indefensos y miles de ciudadanos que huyen por los supuestos corredores humanitarios. El riesgo es extraordinario: Rusia posee más de seis mil armas nucleares con cuyo uso amenaza a la humanidad y busca disciplinar a una democracia pluralista y propagar su modelo autocrático. Se ha convertido en un Estado fuera de la ley.