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Para Vencer, Convencer

“Si la confianza en las instituciones desaparece, nuestra civilización se vendrá abajo.” Yuval Noah Harari

A mediados de los años setenta, al tiempo que nuestra sociedad vivía en el paroxismo de la violencia política, se agotó el patrón productivo que nos distinguió por décadas -la industrialización sustitutiva de importaciones-, esquema que no fue reemplazado por otro mejor y más sostenible, tanto en términos económicos como sociales.

El deterioro se ilustra en un reciente estudio del Real Instituto Elcano, publicado en ocasión del inicio de la presidencia española de la Unión Europea, que registra el pobre desempeño de la economía argentina en el periodo 2000-2023. Sus principales datos son:

  • 10 años de crecimiento negativo
  • 16 años de inflación anual superior al 10%
  • 2 años de déficit fiscal superior al 3% del PBI
  • 9 años de déficit fiscal superior al 5% del PBI
  • 13 años de la ratio deuda pública-PBI, mayor al 50%
  • 2 años de la ratio intereses de la deuda pública-ingresos públicos superior al 15%

Con estos datos, Argentina se convierte, junto con Venezuela, en la triste excepción de América Latina, una región que puede mostrar éxitos en evitar desbordes inflacionarios, merced a la combinación de una comprobada prudencia fiscal y flexibilidad cambiaria, lo que reduce los riesgos de crisis en la balanza de pagos de los países. Estas condiciones no garantizan el desarrollo económico, pero sí son una condición necesaria para el progreso social.

La extraviada política exterior del kirchnerismo ha afectado negativamente la credibilidad de la Argentina como socio confiable, algo imprescindible en el particular contexto de reconfiguración del poder global. 

Con relación al funcionamiento de las instituciones, otra condición necesaria del crecimiento económico, la Argentina tampoco es un ejemplo a imitar. El principio fundacional de la efectiva división e independencia de los poderes está afectado por el empecinamiento oficial por controlar la Justicia.

Esa voluntad de disciplinar la justicia pretende instrumentar una definición política ofrecida por destacados líderes del oficialismo por la cual los principios de la revolución francesa de 1789 son ejemplo de un anacronismo que, a esta altura de la historia, debe ser superado.

La afectación de la calidad institucional ciertamente impacta sobre los derechos de los ciudadanos y, también, sobre la previsibilidad de las normas, condición necesaria para la inversión productiva del sector privado.

Del mismo modo, la extraviada política exterior oficial, al tiempo que enajena las credenciales democráticas y de promoción de los derechos humanos que distinguen a la Argentina desde 1983, afecta negativamente la credibilidad y la percepción de socio confiable, algo imprescindible en el particular contexto de reconfiguración del poder global.

Con este telón de fondo, los argentinos vamos a elegir presidente por décima vez desde 1983.

El actual gobierno finaliza su administración en diciembre, sin que ninguno de los integrantes del “ticket presidencial” intente, siquiera, renovar su mandato. Esta situación es prácticamente inédita en la historia de los cuatro países de América Latina que, además del nuestro, admiten la reelección inmediata: Brasil, Ecuador y República Dominicana.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner -el del populismo movimientista en la acción política y el facilismo cortoplacista en la política económica-, será recordado por:

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El futuro no es lo que era

Ese era el título de un libro que recogía un diálogo entre el director-fundador del diario El País de Madrid, Juan Luis Cebrián, y el Presidente del Gobierno de España por 14 años, Felipe González, publicado en el inicio del siglo.

Más aún, ese título define muy bien la realidad de hoy, cuando la pandemia y la guerra han impactado en la evolución de dos dimensiones clave que distinguen los asuntos globales de las últimas décadas: la democratización de los sistemas políticos – al concluir la Segunda Guerra apenas una docena de países contaban con gobiernos elegidos mientras que a finales de la década pasada la mitad de la población mundial vivía en países con gobiernos surgidos de la voluntad ciudadana- y la globalización económica -en los años cincuenta del siglo pasado el comercio global era menos de 20% del PBI mundial y el año pasado representó más de la mitad de la producción generada en el mundo- que permitió reducir la pobreza, aunque no la desigualdad, de la mitad a menos de 10% de la población global en las últimas cinco décadas.

Declarada la pandemia, todos los gobiernos reaccionaron prontamente ante la emergencia sanitaria, pero, en muchos casos, lo hicieron con severos costos en términos de calidad institucional y libertades individuales.

Además de su dimensión sanitaria -con más de 560 millones de casos verificados, un número superior a los 6 millones de fallecidos registrados y las incontables personas afectadas psicológicamente-, con el derrumbe de la actividad económica originada en la cuarentena – y su  repercusión negativa sobre el empleo, la pobreza extrema que el Banco Mundial estima se incrementa este año en 100 millones de personas y la desigualdad- se alimentaron los miedos individuales y las incertidumbres sociales.

Estos temores dieron impulso a una mayor insatisfacción social que la evidenciada por las secuelas de la crisis financiera del 2008 y, junto a una creciente desafección política, han minado la confianza ciudadana en las instituciones.

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La República puesta a prueba

Bandera argentina en el Congreso de la Nación

Este año se cumplen 30 años de la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera, una norma vital para el control y la fiscalización del Estado. El aniversario llega luego de dos años en que la gestión estatal de la pandemia dejó entrever grietas en el sistema republicano en Argentina y con la perspectiva de un contexto global inestable.

El manejo de la pandemia es muy revelador…

La emergencia por la que transitó el mundo a raíz de la pandemia dio lugar a diversas acciones para contener sus efectos desde las administraciones centrales. En muchos casos, los gobiernos se equivocaron, actuaron a destiempo o abusaron de las excepciones en detrimento de las libertades.  Argentina es un caso testigo, donde todo eso se confirma, debido en gran medida a su fragilidad institucional.

Si bien la emergencia exige medidas de excepción, algo no está bien cuando en un año hay más decretos de necesidad y urgencia de contenido legislativo que leyes sancionadas por el Congreso.

Es frente a situaciones extremas que nuestro sistema republicano se pone a prueba y nos preguntamos: ¿se confirma la separación de poderes? ¿existen los controles cruzados entre ellos?

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La calidad de las instituciones importa

Foto por @franjianhua en Freepik

La democratización y la globalización –entendida como la creciente integración de los mercados de mercancías y servicios, tanto reales como financieros– son procesos que distinguen la evolución de los asuntos globales desde la segunda mitad del siglo pasado. En América Latina, caracterizada durante décadas por la existencia de gobiernos dictatoriales, la oleada democrática se inicia con la presidencia de Raúl Alfonsín y hoy casi nueve de cada 10 latinoamericanos viven en países con gobernantes elegidos por la voluntad popular.

La pandemia que azota al mundo –aun sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar– además de provocar, entre otras desventuras, por primera vez en los treinta años de su existencia un retroceso en el Índice de Desarrollo Humano, construido por las Naciones Unidas, también impacta en el funcionamiento institucional de todos los países.

Según Freedom House, organización basada en Washington D.C. que realiza mediciones sistemáticas globales sobre libertades civiles y políticas desde 1970, el año pasado se redujo la puntuación en 73 países que reúnen al 75% de la población mundial. Ese registro incluye, entre otros países, a China, la India y Estados Unidos.

Del mismo modo, en el último Índice Democrático, que publica The Economist, 2020 es el año de mayor retroceso mundial en las libertades individuales en épocas de paz. En el Índice, que clasifica los países en cinco categorías, cae la calidad democrática en todas las regiones.

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La buena política debe prevalecer

Aún sin conocer el número final de enfermos y víctimas fatales -en el mundo hay, al momento de escribir estas líneas, cerca de 16 millones de casos y más de 600.000 muertos- las consecuencias de la pandemia, en términos económicos y sociales, son dramáticas e históricas tanto a escala global, como en la región de América latina y, también, en nuestro país.

Según la OIT, las horas de trabajo perdidas en el mundo en el segundo trimestre de este año son equivalentes a alrededor de 300 millones de empleos de tiempo completo. Por su parte, Oxfam, la organización localizada en Londres, basándose en estudios de la UN University calcula que se sumarán 500 millones de personas, el equivalente al 8% de la población mundial, al contingente de pobres del mundo.

Para nuestra región de América Latina, en tanto, la CEPAL estima que cerca de tres millones de empresas cerrarán sus puertas, y que la riqueza por habitante caerá este año a valores equivalentes al año 2010, consolidando así una nueva década perdida en términos económicos.

Frente a este panorama dramático, donde crecen los miedos individuales y las angustias sociales -que son nutrientes para la emergencia o avances de liderazgos autoritarios-, la primera responsabilidad de los gobernantes de todas las latitudes es proveer certidumbre.