Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

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Claves para navegar una segunda década perdida

Aún sin saber cuándo terminará la pandemia ni a cuántas personas alcanzará, ya es claro y definitivo que nos encontramos ante la crisis económica y social del siglo. En particular, para América Latina afrontamos, en términos económicos, la segunda década perdida, a semejanza de la que azotó nuestra región a principio de los ’80.

Cinco de los diez países más afectados por la pandemia COVID-19 son latinoamericanos.

Para compartir reflexiones sobre los alcances e impactos de la pandemia, participé ayer del Seminario Anual CARI 42: Estrategia Global de la Argentina en Tiempos Inciertos, junto con destacados colegas, Facundo Suárez Lastra, Vicepresidente 1º de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, y Diego Guelar, Ex Embajador argentino en la Unión Europea,  los Estados Unidos, Brasil y China.

América Latina es el epicentro de la pandemia: de los diez países más afectados, cinco son latinoamericanos. Con el 9% de la población global, nuestra región contabiliza alrededor de un tercio de los contagiados a nivel global.

Esta pandemia alienta miedos individuales y, también,  acrecienta incertidumbres sociales. Y eso abre las puertas al surgimiento o a la consolidación de liderazgos autoritarios en la región (y también en todos los demás continentes). Efectivamente,  los populismos son poco capaces de afrontar los desafíos de la pandemia porque demuestran desdén hacia el saber de los expertos y hacia la organización, planificación y atención que se requiere para afrontar seriamente una pandemia. Desconfían, además, de los aprendizajes y de las buenas prácticas de la comunidad global.

“Los modos populistas descreen de los liderazgos cooperativos y, en general, revelan una vocación para encontrar mecanismos para administrar la sociedad desde el poder.”

La Argentina ingresó a la pandemia ya arrastrando un retroceso relativo con respecto a otros países de la región. El estancamiento económico que sufrimos desde hace décadas  ha tenido consecuencias directas en los dos paradigmas que nutren nuestra sociedad: la movilidad social y la justicia social.

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¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.

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Cuando ganó el odio

El 20 de agosto de 1976 en la localidad bonaerense de Pilar, 30 personas fueron dinamitadas para enviar una señal, “un sangriento mensaje a los demás militantes para que cesaran sus actividades cinco meses después del golpe militar”. El general Jorge Rafael Videla, “los quería muertos”, pero le “molestaba” que “los cuerpos quedaran tan notablemente desperdigados”. Esta información está consignada en uno de los archivos desclasificados de la CIA elaborado durante la última dictadura militar, y se conoce como “Masacre de Fátima”.

Leer esos informes es asomarse al horror de nuestro pasado reciente, una advertencia para recordar que la democracia es un bien preciado, vulnerable, pero fundamental e indispensable para zanjar nuestras diferencias por medio de la argumentación, la deliberación racional y el ejercicio legal y legítimo del poder que da el voto popular, para que nunca más tengamos que asomarnos al abismo.

En una América Latina sumergida en la guerra fría, las organizaciones políticas que habían hecho la opción por las armas, y tenían a Cuba como faro, aceleraron con la lógica de “cuanto peor, mejor” desencadenando el período más negro de nuestra historia moderna.

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El IFE es tan necesario como su control

Hoy estuve, de modo virtual, en el Senado.  Participé, junto al resto de los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Nación, de una reunión convocada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas con el propósito de tratar los detalles de nuestro plan de auditoría en marcha y ponderar diversos pedidos de auditoría que se canalizan a través de esta comisión bicameral dedicada exclusivamente al vínculo con la AGN.

Uno de los pedidos que ingresó hoy a la bicameral va en línea del presentado por mi colega, el Dr. Alejandro Nieva, en el Colegio de Auditores Generales del miércoles pasado. Se trata de auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE  ha sido una pieza clave de contención y apoyo, dada la enorme pérdida de ingresos que han sufrido los hogares como resultado de la pandemia y el aislamiento social. De modo tal que su necesidad no está en duda. Continuar leyendo “El IFE es tan necesario como su control”