Hacer política no diluye la identidad

Anoche estuve conversando con Carlos Pagni sobre cómo la política es el caballo que tira del carro de la economía y nunca al revés.

Esta mañana la nota de opinión de Tito Palermo, mi colega Presidente del Club Político Argentino, refuerza esta idea con un agregado: “Paradójicamente, cuando más precisamos de la política, más descreemos de ella”.

Los ejemplos -tanto históricos como contemporáneos- deberían servirnos para todo lo contrario: aferrarnos a la política en momentos de crisis o tensión.

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Auditoría y justicia

Una de las preguntas que me suelen hacer desde que ocupo el cargo de Auditor General es: “¿Y qué pasa cuando encuentran que alguien violó las normas? ¿Lo sancionan?”.

La respuesta es “no, pero…”

Explico.

La Auditoría General de la Nación -que el año pasado cumplió 25 años– fue una de las herramientas de control gubernamental creada por la Ley de Administración Financiera (24.156) de 1992.

El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba a la AGN la posibilidad de iniciar acciones judiciales para sancionar actos lesivos (actuar como querellante). Junto con otros cambios que surgieron del debate parlamentario -tales como la decisión de que el organismo fuera colegiado en lugar de tener una conducción única-, esa facultad no quedó en el texto definitivo de la ley.

No obstante, la AGN ha promovido denuncias penales cuando ha tomado conocimiento de un delito cometido, según dictan las obligaciones de los funcionarios públicos. Es el caso de la denuncia promovida por el Colegio de Auditores a raíz de irregularidades detectadas en la gestión de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) entre 2007 y 2009 (Res. 37/2014) o la denuncia del ex Presidente de la AGN, Leandro Despouy, sobre subsidios y reintegros a obras sociales por medicamentos de alta complejidad a través de la ex Administración de Programas Especiales (APE) (Res. 30/2012).

El papel principal de la AGN es de asistencia técnica al Congreso Nacional, quien tiene entre sus atribuciones constitucionales la del “control externo del Sector Público Nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos”. Los informes de auditoría que la AGN envía al Congreso -a través de su interlocutor, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas-, constituyen materia prima para que se pueda ejercer este control.

Pero los informes de la AGN se han convertido en un importante insumo no sólo para el Poder Legislativo sino también para el Poder Judicial.

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Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

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El valor de la gestión política

Transcribo el texto de mi artículo de opinión publicado hoy en el Diario Clarín, sobre el debate en el Congreso por la reforma previsional:

Desde que existe el régimen de reparto en el sistema previsional, es la primera vez que el Congreso discute una iniciativa que garantiza el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios frente a la evolución de la inflación mientras que mantiene el compromiso de asegurar el 82% para los jubilados que perciben la retribución mínima.

A pesar de esa proposición sin registro histórico en décadas de vigencia del sistema previsional, el proyecto del Poder Ejecutivo no pudo ser discutido porque se impidió el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados.

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Después del 22-O: el cambio iniciado ya no es un hecho fortuito

Transcribo el texto de mi artículo de opinión publicado hoy en el Diario Clarín, a propósito del resultado de las elecciones 2017:

Los resultados del 22 O son muy útiles para desacreditar varias afirmaciones de la “sabiduría convencional” en materia electoral. Para los que piensan que en el interior del país el triunfo es siempre para los oficialismos, La Rioja, Neuquén, Salta y Santa Cruz son buenos ejemplos de la posibilidad del fin de los regímenes feudales, modernizantes u oligárquicos, a condición de que se construyan amplias coaliciones políticas. Así lo enseñan las experiencias de Catamarca en 1991 y de Corrientes en 2001, en ambos casos a través de coaliciones lideradas por la U.C.R.

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