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Construir esperanza: el desafío opositor y la necesidad ciudadana

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La oposición es un actor clave frente a la crisis política actual y un componente crucial para el funcionamiento de la democracia; es la oposición la que tiene el poder de mover al gobierno y a la sociedad en una dirección diferente.

Invitado a debatir sobre “Los desafíos de la oposición” en la reunión de socios del Club Político Argentino, pude exponer junto a Miguel Angel Pichetto y Hernan Lombardi algunas ideas que quiero compartir.

¿Cuál es el papel de la oposición en el contexto actual?

Como paso previo a definir el papel opositor, hay que tener un diagnóstico adecuado sobre la situación en la que se encuentra el gobierno actual. Tres situaciones definitorias atraviesan su gestión: una virtual parálisis política, incertidumbre recargada y un marcado bloqueo institucional.

Las razones de este estado de las cosas son por todos conocidos y van más allá de las limitaciones impuestas por la pandemia: liderazgo ejecutivo débil y legitimidad relativa, mando político bicéfalo y múltiples actores con capacidad de veto.

Antes de definir el lugar de la oposición, hay que entender la situación en la que se encuentra el oficialismo: parálisis política, incertidumbre recargada y bloqueo institucional.

La oposición ante este escenario debe constituirse como una fuerza política capaz de transmitir esperanza en un contexto de apatía ciudadana.

Con Jorge Sigal de moderador, expuse (minuto 02:00) enel Club Político Argentino, 5/7/21. Participaron también Miguel Angel Pichetto y Hernán Lombardi.

¿Qué características debe tener la oposición?

Sabido es que el miedo actúa como paralizante y que su contracara es la esperanza, motor que moviliza a las sociedades en busca de cambios para su bienestar.

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Opinión Política Sociedad

La calidad de las instituciones importa

Foto por @franjianhua en Freepik

La democratización y la globalización –entendida como la creciente integración de los mercados de mercancías y servicios, tanto reales como financieros– son procesos que distinguen la evolución de los asuntos globales desde la segunda mitad del siglo pasado. En América Latina, caracterizada durante décadas por la existencia de gobiernos dictatoriales, la oleada democrática se inicia con la presidencia de Raúl Alfonsín y hoy casi nueve de cada 10 latinoamericanos viven en países con gobernantes elegidos por la voluntad popular.

La pandemia que azota al mundo –aun sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar– además de provocar, entre otras desventuras, por primera vez en los treinta años de su existencia un retroceso en el Índice de Desarrollo Humano, construido por las Naciones Unidas, también impacta en el funcionamiento institucional de todos los países.

Según Freedom House, organización basada en Washington D.C. que realiza mediciones sistemáticas globales sobre libertades civiles y políticas desde 1970, el año pasado se redujo la puntuación en 73 países que reúnen al 75% de la población mundial. Ese registro incluye, entre otros países, a China, la India y Estados Unidos.

Del mismo modo, en el último Índice Democrático, que publica The Economist, 2020 es el año de mayor retroceso mundial en las libertades individuales en épocas de paz. En el Índice, que clasifica los países en cinco categorías, cae la calidad democrática en todas las regiones.

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Opinión

Corrupción y derechos humanos: desafío del siglo 21

Foto por Marko Milivojevic en Pixnio

El siguiente texto es una reflexión sobre la relación entre corrupción y derechos humanos con la que contribuí al documento “Democracia, derechos humanos y control público: el rol de los trabajadores”, publicado por la Asociación  de Personal de Organismos y Control (APOC). 

Hasta no hace mucho tiempo, la problemática vinculada a los derechos humanos y el fenómeno de la corrupción eran abordados independientemente el uno del otro, al punto tal que ninguno de los principales instrumentos internacionales en materia de los derechos fundamentales hacía mención a la corrupción y los efectos devastadores que provocan en las sociedades. 

Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos trataron el tema de la corrupción. 

Será con la llegada del nuevo siglo, al reconocerse la necesidad de un abordaje global en la lucha contra la corrupción, que se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la Asamblea General del 31 de octubre  de 2003; allí en su preámbulo se alerta sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea este tipo delictual para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.  

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Buena Gobernanza Informes AGN

Emergencia y control: un balance de la AGN en 2020

Con el último Colegio de Auditores de 2020, a fin del mes pasado, se cerró un año que -con todos sus infortunios- puso de relieve el papel central que reviste el control de las cuentas públicas. En contextos de emergencia, la premura no puede afectar la transparencia y la fiscalización se vuelve aún más crítica.

Asumí formalmente como Presidente de la AGN el 17 de marzo. Dos días después se declaraba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Mi primer año al frente del organismo transcurrió, por lo tanto, de modo remoto.

Estas circunstancias -la necesidad de mayor control sobre la Administración Nacional y la obligación de llevar esta tarea desde un espacio de trabajo repartido en los hogares de cada uno de los empleados de la AGN- presentaron un gran desafío.

Mirando el año en perspectiva, en medio del drama que vivió no sólo la Argentina sino el mundo, creo que la AGN estuvo a la altura de las circunstancias y -con el meritorio esfuerzo de sus trabajadores- se obtuvieron resultados satisfactorios en términos de la misión constitucional del organismo de control externo de la Argentina.

El conjunto de medidas que impulsamos  -adecuación normativa, continuidad de las sesiones de Colegio de Auditores por videoconferencia y aprovechamiento de las herramientas informáticas, entre otras- permitieron que en 2020 se aprobaran 184 informes de auditoría, una cifra apenas inferior a la de 2019, año que no presentó impedimentos para la tarea.

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