Dinero, política y democracia

Foto por Oleg Magni en Pexels

Regresé esta semana de la segunda reunión anual de la Red Global de Auditores organizada por la OECD donde, si bien el tema principal planteado era el de los desafíos de auditar en la era digital, hubieron sesiones que giraron sobre integridad y transparencia (o su ausencia). Es que la corrupción política que se extiende en América Latina es una preocupación creciente. Sobre ésto y su vinculación con el financiamiento de los partidos políticos -algo que en la Argentina ahora se está debatiendo en el Congreso- realicé algunas reflexiones que publicó este fin de semana el diario Perfil. Abajo transcribo el artículo y agrego algunas notas para quien quiera mayor profundidad sobre algunos temas.

Los golpes de Estado y los autoritarismos fueron, en el siglo pasado, el rasgo distintivo y dominante del paisaje institucional en América Latina. En tanto, las elecciones de 1983 en Argentina iniciaron una dinámica política que llevó a la región a tener en nuestros días –salvo en el caso de Cuba– gobiernos elegidos democráticamente en elecciones que, con la excepción de Venezuela, no han sido cuestionadas en su legitimidad.

Sin indulgencia. Ese gigantesco paso adelante está siendo negativamente afectado, en la mayoría de nuestros países, por resonantes casos de corrupción que ya no cuentan, como en el pasado, con actitudes indulgentes llenas de argumentos economicistas que pretendían justificar la corrupción con los supuestos beneficios de empresas y empresarios audaces, imprescindibles para salir de la trampa del atraso económico.

La corrupción expone la captura del Estado por parte de élites, es una suerte de privatización de la política pública que pone en jaque las instituciones y el estado de Derecho.

Por el contrario, se extiende la convicción de que la corrupción expone, por un lado, la perniciosa captura del Estado por parte de algunas élites que, en ocasiones, exhiben un despliegue a escala supranacional y, por otro lado, esa verdadera “privatización de la política pública” amenaza, al socavar la confianza social en las instituciones, la estabilidad política y la vigencia del Estado de derecho.

El Departamento de Justicia de USA reveló que la empresa Odebrecht obtuvo ganancias por 2996 millones de dólares en sus operaciones en 10 países de América Latina y reconoció haber pagado sobornos por 780 millones de dólares, principalmente en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.

El número de países afectados, la magnitud de los fraudes y su repercusión social han renovado el interés académico sobre el estudio de las posibles razones que explican la existencia de actos de corrupción dejando de lado la simple y equivocada idea, todavía presente en grupos políticos de matriz ideológica conservadora, de que el tamaño del Estado determina el nivel de la corrupción.

Continuar leyendo “Dinero, política y democracia”

2018: un año centrado en lo global

La semana pasada aprobamos los últimos informes de 2018 en el Colegio de Auditores, entre ellos un detallado análisis de los fondos públicos aplicados al programa Futbol para Todos (ver síntesis) y un estado de situación del sector del transporte de pasajeros de larga distancia (ver síntesis). 

Ver síntesis de las auditorías destacadas de 2018

Con esto cerramos el 2018, un año en el que la Argentina fue anfitriona del G20 y la AGN también realizó su aporte para proyectar al país en el mundo: fue sede de la Asamblea Anual de la OLACEFS, organizó un seminario internacional sobre igualdad de genero y acordó varios proyectos de alcance global

Les acerco una vista sintética de mis posts 2018 sobre la AGN y les dejo un saludo de fin de año junto al deseo de que 2019 nos impulse a seguir construyendo cada vez más ciudadanía.

El control de los gobiernos latinoamericanos

Foto oficial de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. CCK, Buenos Aires, 2018.

Después de más de 20 años, Buenos Aires volvió a ser la sede para el encuentro anual de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS).

La semana pasada, la Auditoría General de la Nación fue anfitriona de la  Asamblea General que reúne a los organismos de América Latina, España y Portugal que tienen como misión auditar fondos públicos y controlar la gestión gubernamental en sus países.

La preparación requirió de un esfuerzo de meses por parte del conjunto de empleados públicos de la AGN.  El presidente Oscar Lamberto hizo un reconocimiento especial al trabajo de los organizadores, coordinadores, facilitadores y voluntarios en la ceremonia de inauguración en el CCK, destacando que “Todos los aspectos técnicos, ceremoniales, logísticos, de comunicación, de tecnología, de seguridad y de salud fueron realizados por personal de la casa.”

Continuar leyendo “El control de los gobiernos latinoamericanos”

Auditoría y transparencia

La Auditoría General de la Nación tiene una responsabilidad grande: auditar las cuentas y la gestión de la administración pública nacional.

Si bien la AGN no tiene poder de sanción, sus informes alertan a los legisladores sobre áreas mal gestionadas y pueden convertirse, eventualmente, en elementos probatorios en un juicio (ver “Auditoría y justicia”).

Pero las recomendaciones de la AGN sirven fundamentalmente para que las distintas oficinas que van siendo auditadas, mejoren el uso de los recursos, la rendición de cuentas y la calidad de su gestión.

Para llevar adelante esta tarea con ejemplaridad, la AGN va adaptando y mejorando sus normas y sistemas, de acuerdo a requerimientos locales y  atento a las mejores prácticas de otras entidades de fiscalización y control.

Continuar leyendo “Auditoría y transparencia”

Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

Continuar leyendo “Los proyectos de asociación público-privada”