Jesús Rodríguez
Este informe sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico (“la tarjeta SUBE”), aprobado por la AGN el miércoles pasado, resulta útil para evaluar el desempeño de una política pública, interesante en su concepción, pero deficitaria en su implementación.
Un examen especial aprobado recientemente en el Colegio de Auditores muestra el creciente estrangulamiento financiero de la Argentina en el período 2010 a 2015.
Foco Económico -el blog que editan Juan Pablo Nicolini, Sebastián Galiani y Andrés Neumeyer- recuperó recientemente una entrevista que me hizo Juan Carlos De Pablo en 2010 frente a un auditorio de estudiantes de Economía de la UCA. Si bien han pasado siete años, siento que hay elementos de ese diálogo que son vigentes para los desafíos que hoy afrontamos. Aquí transcribo algunos pasajes.
En la sesión del Colegio de auditores aprobamos un informe de auditoría de gestión sobre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) cuya síntesis se puede leer aquí.
La cuestión del consumo de drogas es un tema complejo que incluye distintas dimensiones: de salud, de seguridad, social, económico y político.
En el mundo se calcula que 29 millones de personas (1 de cada 20 adultos) consumieron drogas en 2014 y sufren trastornos relacionados con ellas. El avance de la tecnología ha favorecido el desarrollo de la producción de drogas sintéticas lo que pondrá fin a un tipo de específico de abordaje el tema, porque los estupefacientes que se conocen desaparecerán del escenario dando lugar a otros, muchos más peligrosos, dañinos y adictivos.
La misión de la AGN reza que debemos buscar el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad. En las auditorías que vamos realizando, encuentro que -lejos de la perfección- hay una serie de vicios recurrentes que van en detrimento de la sociedad.
En la anterior entrada, me referí al manejo discrecional de fondos. A ese gran desvío de las normas se suman otros dos -también de frecuente aparición- sobre los que quisiera llamar la atención: la falta de rendición de cuentas y las contrataciones irregulares. Este combo dispersa los fondos públicos e impide que se canalicen hacia el logro de los objetivos sociales para los cuales fueron recaudados.
En lenguaje llano, sucede lo siguiente: a criterio propio, los funcionarios deciden a qué causas, personas, organizaciones, empresas y localidades le dan la plata. Luego hacen una de dos cosas: contratan proveedores en forma directa, evitando concursos de precios o licitaciones; o bien -si las obras o servicios están a cargo de terceros- se desentienden por completo, sin controlar que efectivamente se haya hecho lo debido.
Destaco informes aprobados recientemente que exhiben algunos de estos comportamientos. Se trata de auditorías que cubren el período 2013 – 2015.