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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Emergencia y control: un balance de la AGN en 2020

Con el último Colegio de Auditores de 2020, a fin del mes pasado, se cerró un año que -con todos sus infortunios- puso de relieve el papel central que reviste el control de las cuentas públicas. En contextos de emergencia, la premura no puede afectar la transparencia y la fiscalización se vuelve aún más crítica.

Asumí formalmente como Presidente de la AGN el 17 de marzo. Dos días después se declaraba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Mi primer año al frente del organismo transcurrió, por lo tanto, de modo remoto.

Estas circunstancias -la necesidad de mayor control sobre la Administración Nacional y la obligación de llevar esta tarea desde un espacio de trabajo repartido en los hogares de cada uno de los empleados de la AGN- presentaron un gran desafío.

Mirando el año en perspectiva, en medio del drama que vivió no sólo la Argentina sino el mundo, creo que la AGN estuvo a la altura de las circunstancias y -con el meritorio esfuerzo de sus trabajadores- se obtuvieron resultados satisfactorios en términos de la misión constitucional del organismo de control externo de la Argentina.

El conjunto de medidas que impulsamos  -adecuación normativa, continuidad de las sesiones de Colegio de Auditores por videoconferencia y aprovechamiento de las herramientas informáticas, entre otras- permitieron que en 2020 se aprobaran 184 informes de auditoría, una cifra apenas inferior a la de 2019, año que no presentó impedimentos para la tarea.

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La Ley Micaela en la AGN

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En el Colegio de Auditores del 30 de octubre aprobamos por unanimidad la Disposición No. 352/2020-AGN que establece un curso de capacitación obligatoria en género, enmarcado en el cumplimiento de la llamada Ley Micaela Nº 27.499.

De esta manera, se brindará a todo el personal de la Auditoría General de la Nación una serie de herramientas teórico-prácticas para contribuir a desnaturalizar la discriminación y las relaciones desiguales de género en el contexto laboral.

El nombre de la ley es en memoria de Micaela García, una joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, el 1ro. de abril de 2017 por un hombre que, en el año 2012, había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual. Antes de que cumpliera la mitad de su condena, el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú le otorgó la liberta condicional a pesar de que un informe del Servicio Penitenciario desaconsejaba ese curso de acción.

La violencia contra las mujeres es una problemática social de múltiples causas que debe encararse desde diferentes campos y disciplinas. Las instituciones jugamos un papel clave para ayudar a romper los círculos viciosos que vuelcan la balanza en detrimento de las mujeres. Por eso considero que es muy acertado el cometido de la Ley Micaela, en tanto implica un proceso re-educativo en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Esa reeducación debe ser un compromiso para promover el cambio cultural y es por esta razón que la temática de género está en los cursos de la Escuela de Formación Política de la Fundacion Alem. Recorrer sus contenidos me permitió reconectar con libros que había leído muchos años atrás y, además, aportarme nuevos elementos para abordar la problemática actual.

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Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

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El IFE es tan necesario como su control

Hoy estuve, de modo virtual, en el Senado.  Participé, junto al resto de los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Nación, de una reunión convocada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas con el propósito de tratar los detalles de nuestro plan de auditoría en marcha y ponderar diversos pedidos de auditoría que se canalizan a través de esta comisión bicameral dedicada exclusivamente al vínculo con la AGN.

Uno de los pedidos que ingresó hoy a la bicameral va en línea del presentado por mi colega, el Dr. Alejandro Nieva, en el Colegio de Auditores Generales del miércoles pasado. Se trata de auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE  ha sido una pieza clave de contención y apoyo, dada la enorme pérdida de ingresos que han sufrido los hogares como resultado de la pandemia y el aislamiento social. De modo tal que su necesidad no está en duda.