Planificación turbia

A pesar de que entre 2003 y 2016 el Estado Nacional transfirió US$ 4.700 millones a YCRT, en ese período no se concretaron los objetivos previstos. Más aún, la mina prácticamente dejó de operar.

Ayer aprobamos por unanimidad en el Colegio de Auditores Generales de la Nación un informe sobre el Plan de Reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que fue remitido a la Justicia en el marco de una investigación que tiene secreto de sumario.

Al trabajar el tema fui tomando contacto con fuentes públicas de información -como la auditoría que llevó adelante la SIGEN o las transferencias de dinero realizadas por el Estado Nacional- que se suman a los hallazgos de informes anteriores de la AGN y que me llevan a concluir que YCRT es un caso de estudio sobre mala planificación estatal difícil de igualar en la historia argentina.

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Indefiniciones

Hay veces que el Estado da pasos iniciales para proteger a los sectores vulnerables, pero la falta de definición de los detalles necesarios para implementar leyes, proyectos o programas, dejan truncas las intenciones.

En las últimas dos reuniones del Colegio de Auditores Generales, aprobamos varios informes que resaltan este punto débil de la gestión pública.

Un ejemplo es el de Garrafas para todos (y Hogares con Garrafas – HogAr, el programa que lo reemplazó a mediados de 2015).

El objetivo era garantizar la provisión de algo tan básico como el gas a una gran cantidad de hogares de la Argentina que no están conectados a la red. Para darse una idea de la magnitud: según el padrón provisto por el Ministerio de Energía y Minería en el marco de la auditoria, en marzo de 2016 había 2.401.109 beneficiarios. Mucha gente, pero sólo 45% de lo hogares sin gas de red aún existentes.

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Hallazgos de auditoría sobre el INCAA

El pasado 14 de septiembre, el INCAA publicó una resolución que produjo el rechazo de algunos sectores.

Sin duda el debate sobre el fomento de la actividad audiovisual nacional tiene muchas aristas y debe ser discutido por los expertos y participantes del sector.

Pero hay un aspecto, que tiene que ver con la gestión de los fondos públicos destinados a créditos y subsidios, en el cual es importante tener en cuenta la opinión de la Auditoría General de la Nación.

La AGN ha señalado falta de objetivos, criterios y control en la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico en la última década.

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Las tierras de los pueblos originarios

Salinas Grandes, Jujuy. Foto: Marisa Estivill / Shutterstock.com

En 1985, siendo Diputado Nacional, voté la primera ley de protección a las comunidades indígenas que tuvo la Argentina.

Tres décadas más tarde me toca estar del otro lado del mostrador, evaluando la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el organismo que la ley previó para materializar sus objetivos.

El informe aprobado en el Colegio de Auditores la semana pasada (descargar aquí) trata sobre la gestión del INAI con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al cual nuestro país adhirió también en los ’80 y ratificó recién en el 2000.

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Subsidio a los menos necesitados

Este informe sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico (“la tarjeta SUBE”), aprobado por la AGN el miércoles pasado, resulta útil para evaluar el desempeño de una política pública, interesante en su concepción, pero deficitaria en su implementación.

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