Auditoría y justicia

Una de las preguntas que me suelen hacer desde que ocupo el cargo de Auditor General es: “¿Y qué pasa cuando encuentran que alguien violó las normas? ¿Lo sancionan?”.

La respuesta es “no, pero…”

Explico.

La Auditoría General de la Nación -que el año pasado cumplió 25 años– fue una de las herramientas de control gubernamental creada por la Ley de Administración Financiera (24.156) de 1992.

El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba a la AGN la posibilidad de iniciar acciones judiciales para sancionar actos lesivos (actuar como querellante). Junto con otros cambios que surgieron del debate parlamentario -tales como la decisión de que el organismo fuera colegiado en lugar de tener una conducción única-, esa facultad no quedó en el texto definitivo de la ley.

No obstante, la AGN ha promovido denuncias penales cuando ha tomado conocimiento de un delito cometido, según dictan las obligaciones de los funcionarios públicos. Es el caso de la denuncia promovida por el Colegio de Auditores a raíz de irregularidades detectadas en la gestión de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) entre 2007 y 2009 (Res. 37/2014) o la denuncia del ex Presidente de la AGN, Leandro Despouy, sobre subsidios y reintegros a obras sociales por medicamentos de alta complejidad a través de la ex Administración de Programas Especiales (APE) (Res. 30/2012).

El papel principal de la AGN es de asistencia técnica al Congreso Nacional, quien tiene entre sus atribuciones constitucionales la del “control externo del Sector Público Nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos”. Los informes de auditoría que la AGN envía al Congreso -a través de su interlocutor, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas-, constituyen materia prima para que se pueda ejercer este control.

Pero los informes de la AGN se han convertido en un importante insumo no sólo para el Poder Legislativo sino también para el Poder Judicial.

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Auditorías sobre el Riachuelo


Relevamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo realizado por drones de la Auditoría General de la Nación

La contaminación del río Matanza-Riachuelo -que se viene acumulando desde hace más de dos siglos- ha sido identificada como una de las diez peores amenazas tóxicas del planeta. Una de las fuentes de contaminación más importantes es la de origen cloacal, provocada por la insuficiente extensión de la red, la falta de tratamiento de los vertidos y las conexiones clandestinas de las industrias. Los vertidos industriales representan el otro gran foco contaminante, reflejado en la presencia de mercurio, zinc, plomo y cromo en niveles muy superiores a los permitidos, así como rastros de insecticidas, cianuro, cadmio, fenoles y otros compuestos químicos.

El problema es de magnitud no sólo por la cantidad y peligrosidad de elementos tóxicos presentes en el agua sino porque -con una superficie de 2.200 km- la contaminación afecta la salud y la calidad de vida de más de cinco millones personas.

Algunos de los vecinos afectados se organizaron y realizaron, en 2004, una demanda al Estado Nacional y a los gobiernos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, haciendo valer su derecho a un ambiente sano. En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció a las tres jurisdicciones demandadas a limpiar el Riachuelo.

Este año se cumple el décimo aniversario de ese fallo histórico y la Corte Suprema realizó el lunes pasado una audiencia pública para evaluar el grado de cumplimiento de la sentencia.

La Auditoría General de la Nación, encargada del seguimiento económico-financiero del plan de saneamiento, había aprobado la semana anterior una serie de informes sobre el ejercicio 2016 de ACUMAR. También sobre AySA, la empresa estatal de agua, uno de los actores de mayor peso en el logro de los objetivos de limpieza del Riachuelo.

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Destacados 2017

En mi segundo año como Auditor General de la Nación, además de la tarea de examinar diversos aspectos de la gestión estatal, participé activamente de la Comisión de Buena Gobernanza que presido ante la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superiores. La gran tarea que cobró impulso en 2017 fue la agenda con miras a 2013 de los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Se trata de un ambicioso proyecto global, en el que la Argentina se ha embarcado junto a otros 192 países, que resulta urgente y necesario en estas épocas de creciente desigualdad.

Aquí dejo un recorrido temporal de todo lo que fui comentando a lo largo del 2017 sobre mi labor de auditoría. Me gusta pensar que estos temas alimentan el interés de los ciudadanos, cuyo compromiso es fundamental tanto para exigir la mejora permanente del Estado como para acelerar la agenda de desarrollo sustentable.

Planificación turbia

A pesar de que entre 2003 y 2016 el Estado Nacional transfirió US$ 4.700 millones a YCRT, en ese período no se concretaron los objetivos previstos. Más aún, la mina prácticamente dejó de operar.

Ayer aprobamos por unanimidad en el Colegio de Auditores Generales de la Nación un informe sobre el Plan de Reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que fue remitido a la Justicia en el marco de una investigación que tiene secreto de sumario.

Al trabajar el tema fui tomando contacto con fuentes públicas de información -como la auditoría que llevó adelante la SIGEN o las transferencias de dinero realizadas por el Estado Nacional- que se suman a los hallazgos de informes anteriores de la AGN y que me llevan a concluir que YCRT es un caso de estudio sobre mala planificación estatal difícil de igualar en la historia argentina.

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Indefiniciones

Hay veces que el Estado da pasos iniciales para proteger a los sectores vulnerables, pero la falta de definición de los detalles necesarios para implementar leyes, proyectos o programas, dejan truncas las intenciones.

En las últimas dos reuniones del Colegio de Auditores Generales, aprobamos varios informes que resaltan este punto débil de la gestión pública.

Un ejemplo es el de Garrafas para todos (y Hogares con Garrafas – HogAr, el programa que lo reemplazó a mediados de 2015).

El objetivo era garantizar la provisión de algo tan básico como el gas a una gran cantidad de hogares de la Argentina que no están conectados a la red. Para darse una idea de la magnitud: según el padrón provisto por el Ministerio de Energía y Minería en el marco de la auditoria, en marzo de 2016 había 2.401.109 beneficiarios. Mucha gente, pero sólo 45% de lo hogares sin gas de red aún existentes.

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