Las tierras de los pueblos originarios

Salinas Grandes, Jujuy. Foto: Marisa Estivill / Shutterstock.com

En 1985, siendo Diputado Nacional, voté la primera ley de protección a las comunidades indígenas que tuvo la Argentina.

Tres décadas más tarde me toca estar del otro lado del mostrador, evaluando la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el organismo que la ley previó para materializar sus objetivos.

El informe aprobado en el Colegio de Auditores la semana pasada trata sobre la gestión del INAI con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al cual nuestro país adhirió también en los ’80 y ratificó recién en el 2000.

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Subsidio a los menos necesitados

Este informe sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico (“la tarjeta SUBE”), aprobado por la AGN el miércoles pasado, resulta útil para evaluar el desempeño de una política pública, interesante en su concepción, pero deficitaria en su implementación.

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La SEDRONAR con serias deficiencias en la ejecución de proyectos y fiscalización de precursores químicos

En la sesión del Colegio de auditores aprobamos un informe de auditoría de gestión sobre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) cuya síntesis se puede leer aquí.

La cuestión del consumo de drogas es un tema complejo que incluye distintas dimensiones: de salud, de seguridad, social, económico y político.

En el mundo se calcula que 29 millones de personas (1 de cada 20 adultos) consumieron drogas en 2014 y sufren trastornos relacionados con ellas. El avance de la tecnología ha favorecido el desarrollo de la producción de drogas sintéticas lo que pondrá fin a un tipo de específico de abordaje el tema, porque los estupefacientes que se conocen desaparecerán del escenario dando lugar a otros, muchos más peligrosos, dañinos y adictivos.

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Desvíos a corregir

La misión de la AGN reza que debemos buscar el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad. En las auditorías que vamos realizando, encuentro que -lejos de la perfección- hay una serie de vicios recurrentes que van en detrimento de la sociedad.

En la anterior entrada, me referí al manejo discrecional de fondos. A ese gran desvío de las normas se suman otros dos -también de frecuente aparición- sobre los que quisiera llamar la atención: la falta de rendición de cuentas y las contrataciones irregulares. Este combo dispersa los fondos públicos e impide que se canalicen hacia el logro de los objetivos sociales para los cuales fueron recaudados.

En lenguaje llano, sucede lo siguiente: a criterio propio, los funcionarios deciden a qué causas, personas, organizaciones, empresas y localidades le dan la plata. Luego hacen una de dos cosas: contratan proveedores en forma directa, evitando concursos de precios o licitaciones; o bien -si las obras o servicios están a cargo de terceros- se desentienden por completo, sin controlar que efectivamente se haya hecho lo debido.

Destaco informes aprobados recientemente que exhiben algunos de estos comportamientos. Se trata de auditorías que cubren el período 2013 – 2015.

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