A cuatro años del compromiso ODS

En julio participé de una reunión internacional en las Naciones Unidas en la que se evaluó el nivel de preparación de los países para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa gran empresa mancomunada por erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, que resulta cada vez más central en la tarea de auditar la gestión estatal. 

En el año 2015, en la Asamblea General de la ONU, más de 190 Estados -entre los que se cuenta nuestro país- se comprometieron al cumplimento de una serie de objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.

Los ODS, que son diecisiete, se basan en atender de manera simultánea desafíos de naturaleza ambiental, de tipo político y de contenido económico y social. A escala global, y a su vez cada Estado, se proponen 169 metas, a ser cumplidas en un horizonte que se extiende hasta el año 2030.

Este compromiso es posible por la confluencia de tres procesos que han caracterizado los procesos globales en las últimas décadas: la democratización como forma de gobierno, la globalización de la economía y la creciente desigualdad entre las naciones y hacia el interior de los países, tema sobre el que hablé recientemente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

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Dinero, política y democracia

Foto por Oleg Magni en Pexels

Regresé esta semana de la segunda reunión anual de la Red Global de Auditores organizada por la OECD donde, si bien el tema principal planteado era el de los desafíos de auditar en la era digital, hubieron sesiones que giraron sobre integridad y transparencia (o su ausencia). Es que la corrupción política que se extiende en América Latina es una preocupación creciente. Sobre ésto y su vinculación con el financiamiento de los partidos políticos -algo que en la Argentina ahora se está debatiendo en el Congreso- realicé algunas reflexiones que publicó este fin de semana el diario Perfil. Abajo transcribo el artículo y agrego algunas notas para quien quiera mayor profundidad sobre algunos temas.

Los golpes de Estado y los autoritarismos fueron, en el siglo pasado, el rasgo distintivo y dominante del paisaje institucional en América Latina. En tanto, las elecciones de 1983 en Argentina iniciaron una dinámica política que llevó a la región a tener en nuestros días –salvo en el caso de Cuba– gobiernos elegidos democráticamente en elecciones que, con la excepción de Venezuela, no han sido cuestionadas en su legitimidad.

Sin indulgencia. Ese gigantesco paso adelante está siendo negativamente afectado, en la mayoría de nuestros países, por resonantes casos de corrupción que ya no cuentan, como en el pasado, con actitudes indulgentes llenas de argumentos economicistas que pretendían justificar la corrupción con los supuestos beneficios de empresas y empresarios audaces, imprescindibles para salir de la trampa del atraso económico.

La corrupción expone la captura del Estado por parte de élites, es una suerte de privatización de la política pública que pone en jaque las instituciones y el estado de Derecho.

Por el contrario, se extiende la convicción de que la corrupción expone, por un lado, la perniciosa captura del Estado por parte de algunas élites que, en ocasiones, exhiben un despliegue a escala supranacional y, por otro lado, esa verdadera “privatización de la política pública” amenaza, al socavar la confianza social en las instituciones, la estabilidad política y la vigencia del Estado de derecho.

El Departamento de Justicia de USA reveló que la empresa Odebrecht obtuvo ganancias por 2996 millones de dólares en sus operaciones en 10 países de América Latina y reconoció haber pagado sobornos por 780 millones de dólares, principalmente en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.

El número de países afectados, la magnitud de los fraudes y su repercusión social han renovado el interés académico sobre el estudio de las posibles razones que explican la existencia de actos de corrupción dejando de lado la simple y equivocada idea, todavía presente en grupos políticos de matriz ideológica conservadora, de que el tamaño del Estado determina el nivel de la corrupción.

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Progreso social y participación ciudadana

Seminario Internacional Tribunales de Cuentas y Control Público
Seminario Internacional de Tribunales de Cuentas y Control Público, Quito, Ecuador, febrero de 2019

La gran cuenta pendiente de las democracias globalizadas es la igualdad.

El compromiso de la Agenda 2030 -asumido por 193 países en Naciones Unidas y plasmados en  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- aborda esta tarea en varios de los enunciados e incluso dedica el objetivo 10 específicamente a la reducción de la desigualdad.

Sobre este tema y el contexto global en que se desarrolla estuve hablando en ocasión del Seminario Internacional de Tribunales de Cuentas y Control Público realizado por la Contraloría General del Estado de Ecuador.

Los ODS tienen un puntal en control social y participación ciudadana, así como también en el fortalecimiento de las instituciones, y por esto involucra muy de cerca a las entidades de fiscalización superior, como la AGN y la contraloría de Ecuador.

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El control de los gobiernos latinoamericanos

Foto oficial de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. CCK, Buenos Aires, 2018.

Después de más de 20 años, Buenos Aires volvió a ser la sede para el encuentro anual de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS).

La semana pasada, la Auditoría General de la Nación fue anfitriona de la  Asamblea General que reúne a los organismos de América Latina, España y Portugal que tienen como misión auditar fondos públicos y controlar la gestión gubernamental en sus países.

La preparación requirió de un esfuerzo de meses por parte del conjunto de empleados públicos de la AGN.  El presidente Oscar Lamberto hizo un reconocimiento especial al trabajo de los organizadores, coordinadores, facilitadores y voluntarios en la ceremonia de inauguración en el CCK, destacando que “Todos los aspectos técnicos, ceremoniales, logísticos, de comunicación, de tecnología, de seguridad y de salud fueron realizados por personal de la casa.”

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Auditoría y transparencia

La Auditoría General de la Nación tiene una responsabilidad grande: auditar las cuentas y la gestión de la administración pública nacional.

Si bien la AGN no tiene poder de sanción, sus informes alertan a los legisladores sobre áreas mal gestionadas y pueden convertirse, eventualmente, en elementos probatorios en un juicio (ver “Auditoría y justicia”).

Pero las recomendaciones de la AGN sirven fundamentalmente para que las distintas oficinas que van siendo auditadas, mejoren el uso de los recursos, la rendición de cuentas y la calidad de su gestión.

Para llevar adelante esta tarea con ejemplaridad, la AGN va adaptando y mejorando sus normas y sistemas, de acuerdo a requerimientos locales y  atento a las mejores prácticas de otras entidades de fiscalización y control.

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