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30 años después: ¿cuán bien funciona el control público?

En octubre se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Control gubernamental y Transparencia” en la Auditoría General de la Nación, con motivo de celebrarse 30 años de la sanción de la Ley 24.156, de Administración Financiera, una norma muy importante para el control y la fiscalización del Estado. 

El evento contó con destacadas e influyentes personalidades del mundo político, organizaciones del tercer sector y representantes de entidades fiscalizadoras superiores de la región. La consigna fue la de reflexionar sobre cómo funciona nuestro sistema de control luego de transcurridas tres décadas y delinear instancias superadoras conjuntamente con los diversos actores que conforman el ecosistema del control.

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“Cicatrices que llevará mucho tiempo curar”

El contexto en el que se insertó el ciclo de conferencias para recordar el hito de la creación de la AGN y del sistema de control público argentino fue uno muy particular, en los finales de una pandemia que no solo puso de relieve problemas preexistentes sino que los profundizó.

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Pobreza, género y pandemia: una tormenta perfecta

En 2015 más de 190 países acordaron la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca, en forma simultánea, ampliar las libertades democráticas, asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y lograr la sostenibilidad ambiental.
Nadie imaginó que pocos años después de establecer los ODS -una agenda ambiciosa, necesaria y loable- el mundo estaría afrontando el doble desafío adicional de sobrellevar las consecuencias de una pandemia y los efectos de una guerra.

La pandemia registró 550 millones de casos de COVID-19 en el mundo, con más de 6 millones de fallecidos. Mientras tanto, el Banco Mundial predice que la guerra en Ucrania va a producir este año 100 millones de personas que se sumarán al contingente de pobres.
Todo esto es la antesala de los temas que nos convocaron hoy en la sede central de la Auditoría General de la Nación donde tuvimos el honor de recibir a distinguidas autoridades de entidades de fiscalización superior de América del Sur para el 2do seminario internacional sobre pobreza y género, organizado por EFSUR.
Erradicar la pobreza extrema y lograr la igualdad de género son dos temas decisivos de la agenda de ODS, que se han visto particularmente afectados por la pandemia; más aún en los países de América Latina, donde el COVID-19 fue epicentro, con casi el 30% de los fallecidos.
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Control, la mejor vacuna contra la corrupción

Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población.Invitado por Poder Ciudadano en ocasión de la presentación del Observatorio de Vacunas COVID-19, participé de una conversación sobre transparencia en las adquisiciones públicas frente a la urgencia de brindar inmunidad a la población. 

La pandemia, con la perspectiva del tiempo

Recientemente se cumplieron dos años desde aquella conferencia de prensa donde el Director de la OMS caracterizó al COVID-19 como una pandemia. 452 millones de casos después -con el beneficio de la perspectiva y munidos de datos comparados, avances científicos y ensayos diversos sobre cómo afrontar la pandemia- tenemos suficiente camino recorrido para empezar a evaluar las consecuencias. 

Algunos datos ilustran la profundidad del impacto: en los 30 años que lleva el índice de desarrollo humano de ONU esta es la primera vez que se verifica una regresión del indicador a escala global.  A su vez, se vive un retroceso en las libertades individuales en tiempos de paz y en tercer lugar -ahora específicamente con referencia a nuestra región- estamos en condiciones de afirmar que América Latina ha sido el epicentro geográfico de la pandemia; pese a tener menos del 10% de la población global, concentra más del 30% de los fallecidos por COVID-19.

En este contexto todos los gobiernos actuaron y se vieron obligados a tomar medidas en un entorno que sin dudas es complejo y difícil.

Malas decisiones

Cuando se analizan testeos, vacunas y número de personas fallecidas, la Argentina presenta de los peores indicadores a escala global. Pero además estamos frente a un verdadero drama, que abarca desde el derrumbe de la actividad económica y la ruptura de la cadena productiva, hasta el incremento de la pobreza y el empeoramiento de la calidad democrática.

Sin duda, hubo por parte del gobierno dos errores iniciales de cálculo: primero, subestimó la pandemia; luego sobreestimó la cuarentena. A estos diagnósticos equivocados se sumaron luego inconductas e incoherencias en la gestión de la pandemia que fueron agrandando la bola de nieve hasta que se llevó por delante la confianza y credibilidad social.

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Malestar en democracia: un tema importante, pero descuidado

Un tema importante pero descuidado, es el título del prólogo del maestro Guillermo O’Donnell en un libro de mi autoría llamado “El Caso Chile”. Recientemente tuve el honor de participar en una jornada homenaje al entrañable politólogo en el marco del ciclo “Ideas, debates y controversias en torno a la teoría de la democracia de Guillermo O’Donnell” organizada por la Facultad de Derecho de la UBA; junto a Karla Valverde Viesca y Ricardo Gil Lavedra conversamos acerca de un tema tan vigente y actual como “El malestar en la democracia: transición, consolidación y disonancias democráticas.”

La opinión de un ciudadano

Pocas veces se cuenta con el privilegio de compartir panel con reconocidos y destacados profesionales y muchas menos en ocasión de homenaje a una mente destacada del pensamiento democrático como Guillermo O’Donnell. Por eso me tomé la licencia de aprender de mis compañeros de panel y opinar inicialmente como un ciudadano, preocupado y ocupado en fortalecer la democracia.

O’Donnell pensó la teoría democrática como pocos, le dio una impronta personal y se destacó por observar la realidad bajo un prisma localista en términos latinoamericanos.

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.