Jesús RodríguezEl financiamiento de las universidades públicas nacionales sigue la inercia del gobierno anterior. Así lo refleja un estudio publicado por el Centro de Estudios para el Cambio Estrucutral (CECE) al que hizo referencia ayer un artículo en Clarín.
Los argentinos tenemos una importante tarea por delante: inmunizar la inversión pública de la discrecionalidad de los funcionarios.
Los fondos recaudados por el Estado deben tener un destino previamente acordado por el Congreso y su aplicación debe hacerse según reglas preestablecidas, todo con plena trazabilidad.
Esto es, sencillamente, cumplir la ley. Hoy están en juicio cientos de funcionarios que no lo han hecho.
La pobreza, la baja calidad de la educación pública, la insuficiencia energética, la incapacidad del Estado de atender las necesidades de salud de la población, el abandono del sistema de transporte ferroviario, la escasez de viviendas (y aquellas mal construidas o sin escriturar), el incumplimiento del derecho a todos los habitantes a tener acceso a agua potable, entre otros problemas críticos de la Argentina, se deben en gran medida a que la plata no llegó donde tenía que llegar.
La globalización es un fenómeno que se viene cocinando desde hace más de cinco siglos. En las últimas dos décadas, los cambios en la organización productiva de las empresas y las innovaciones tecnológicas le imprimieron un impulso determinante.
El resultado es mixto: por un lado, se redujo la pobreza pero, al mismo tiempo, se amplio la desigualdad entre las regiones y hacia el interior de los países.
Finaliza el 2016, mi primer año como Auditor General de la Nación. Desde abril hasta la fecha, en el Colegio de Auditores aprobamos casi 300 informes referidos a diversas áreas del sector público nacional. Aquí expongo, a modo de resumen, una línea de tiempo con temas destacados sobre los cuales escribí en la medida en que fuimos aprobando los informes. El ánimo es que, además de constituir una herramienta de trabajo para el Congreso de la Nación, los hallazgos de auditoría puedan enriquecer el debate público y mejorar la gestión del Estado.
Dos auditorías aprobadas en 2016 sobre PAMI muestran el estado crítico de esta obra social que -con alrededor de 4,5 millones de afiliados- es la más grande de la Argentina. Su importancia está dada no sólo por cuántas personas atiende sino por quiénes son: jubilados y pensionados de la Argentina, el grupo más vulnerable de la población en cuanto a necesidades de salud.
El Colegio de Auditores afrontó una serie de limitaciones para analizar los Estados Contables 2012 del PAMI, principalmente por la falta de confiabilidad de los sistemas e inconsistencias contables. En consecuencia, tal como ocurre desde hace dos décadas, la semana pasada la AGN se abstuvo de emitir una opinión sobre los Estados Contables auditados.