Nuestra salud en 2021: ¿cuánto invertirá el Estado?

Un análisis pormenorizado del gasto en salud presupuestado para 2021 despierta algunas alarmas. 

La semana pasada participé del encuentro virtual “Salud y Economía: Convergencia necesaria para enfrentar las emergencias sanitarias, sin limitar el camino del Desarrollo Sostenible”, por invitación de  Fundación HCV Sin Fronteras, Fundación Huésped, Todos Frente al Chagas y Salud para Todos Argentina. En mi intervención, hice algunos aportes respecto del Presupuesto Nacional 2021 a los efectos de mejorar la comprensión del problema en el que nos encontramos, llegando a finales de un año signado por la emergencia sanitaria global más graves de la historia reciente.

Nuestro sistema sanitario de base evidencia un muy serio problema de equidad, produciendo una extrema fragmentación, aún dentro del sector público. Estas características están fundadas en una asimetría en las capacidades financieras y de gestión dentro de las provincias cuando nos referimos a ese segmento del sector público. En el caso de los trabajadores formales, los pensionados y sus familias, ahí hay una cobertura adicional,  que también cuenta con asimetrías; y finalmente los voluntarios que forman parte de las empresas de medicina prepaga.

El presupuesto de salud previsto para 2021 presenta un ajuste significativo respecto del ejecutado este año. 

Se gasta alrededor del 10 puntos del PBI en el sistema, un porcentaje alto que es a la vez dramáticamente inequitativo e ineficiente. Este punto de partida presenta un enorme desafío con vistas a lograr una cobertura sanitaria universal. Se trata de un problema institucional, dado que la competencia en la prestación de los servicios de salud recae en los gobiernos subnacionales, pero eso no debe implicar -como de hecho lo hace- la ausencia de la Nación.

El presupuesto 2021 prevé un ajuste de los recursos correspondientes al Ministerio de Salud (contemplando a la administración central y los organismos descentralizados) equivalente a una caída real interanual de 9,3% (cálculo que contempla la hipótesis oficial de inflación de 29% para 2021). El crédito disponible para ser gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud que regula a las Obras Sociales Nacionales es inferior incluso en términos nominales al del año 2020, representando una reducción real aún más profunda .

Algunos programas presentan una reducción notable, por ejemplo, el Programa SUMAR-que brinda cobertura de salud a personas que no cuentan con obra social ni prepaga-, se reduce 13% en términos reales, el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles disminuye sus recursos 9% valuado a precios constantes, y el Programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra prevé una caída de 6% contemplando la inflación.

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Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

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Los números del 2015

En la sesión del Colegio de Auditores Generales de la semana pasada tratamos el informe de auditoría sobre Cuenta de Inversión 2015. Esta tarea anual, encomendada a la AGN en forma expresa por la Constitución Nacional, consiste en analizar los Estados Contables y la ejecución presupuestaria que presenta la Administración Nacional.

El dictamen técnico de la AGN sobre Cuenta de Inversión es un antecedente imprescindible para que el Congreso pueda evaluar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en el manejo de los fondos públicos.

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El financiamiento de las universidades

El financiamiento de las universidades públicas nacionales sigue la inercia del gobierno anterior. Así lo refleja un estudio publicado por el Centro de Estudios para el Cambio Estrucutral (CECE) al que hizo referencia ayer un artículo en Clarín.

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La plata que no llega

Los argentinos tenemos una importante tarea por delante: inmunizar la inversión pública de la discrecionalidad de los funcionarios.

Los fondos recaudados por el Estado deben tener un destino previamente acordado por el Congreso y su aplicación debe hacerse según reglas preestablecidas, todo con plena trazabilidad.

Esto es, sencillamente, cumplir la ley. Hoy están en juicio cientos de funcionarios que no lo han hecho.

La pobreza, la baja calidad de la educación pública, la insuficiencia energética, la incapacidad del Estado de atender las necesidades de salud de la población, el abandono del sistema de transporte ferroviario, la escasez de viviendas (y aquellas mal construidas o sin escriturar), el incumplimiento del derecho a todos los habitantes a tener acceso a agua potable, entre otros problemas críticos de la Argentina, se deben en gran medida a que la plata no llegó donde tenía que llegar.

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