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Planificación turbia

A pesar de que entre 2003 y 2016 el Estado Nacional transfirió US$ 4.700 millones a YCRT, en ese período no se concretaron los objetivos previstos. Más aún, la mina prácticamente dejó de operar.

Ayer aprobamos por unanimidad en el Colegio de Auditores Generales de la Nación un informe sobre el Plan de Reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que fue remitido a la Justicia en el marco de una investigación que tiene secreto de sumario.

Al trabajar el tema fui tomando contacto con fuentes públicas de información -como la auditoría que llevó adelante la SIGEN o las transferencias de dinero realizadas por el Estado Nacional- que se suman a los hallazgos de informes anteriores de la AGN y que me llevan a concluir que YCRT es un caso de estudio sobre mala planificación estatal difícil de igualar en la historia argentina.

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Indefiniciones

Hay veces que el Estado da pasos iniciales para proteger a los sectores vulnerables, pero la falta de definición de los detalles necesarios para implementar leyes, proyectos o programas, dejan truncas las intenciones.

En las últimas dos reuniones del Colegio de Auditores Generales, aprobamos varios informes que resaltan este punto débil de la gestión pública.

Un ejemplo es el de Garrafas para todos (y Hogares con Garrafas – HogAr, el programa que lo reemplazó a mediados de 2015).

El objetivo era garantizar la provisión de algo tan básico como el gas a una gran cantidad de hogares de la Argentina que no están conectados a la red. Para darse una idea de la magnitud: según el padrón provisto por el Ministerio de Energía y Minería en el marco de la auditoria, en marzo de 2016 había 2.401.109 beneficiarios. Mucha gente, pero sólo 45% de lo hogares sin gas de red aún existentes.

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Desvíos a corregir

La misión de la AGN reza que debemos buscar el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad. En las auditorías que vamos realizando, encuentro que -lejos de la perfección- hay una serie de vicios recurrentes que van en detrimento de la sociedad.

En la anterior entrada, me referí al manejo discrecional de fondos. A ese gran desvío de las normas se suman otros dos -también de frecuente aparición- sobre los que quisiera llamar la atención: la falta de rendición de cuentas y las contrataciones irregulares. Este combo dispersa los fondos públicos e impide que se canalicen hacia el logro de los objetivos sociales para los cuales fueron recaudados.

En lenguaje llano, sucede lo siguiente: a criterio propio, los funcionarios deciden a qué causas, personas, organizaciones, empresas y localidades le dan la plata. Luego hacen una de dos cosas: contratan proveedores en forma directa, evitando concursos de precios o licitaciones; o bien -si las obras o servicios están a cargo de terceros- se desentienden por completo, sin controlar que efectivamente se haya hecho lo debido.

Destaco informes aprobados recientemente que exhiben algunos de estos comportamientos. Se trata de auditorías que cubren el período 2013 – 2015.

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“Un negocio extraordinario que no necesita ser subsidiado”

Cristina Fernández de Kirchner junto a Diego Maradona y Julio Grondona en la oficialización del programa Fútbol para Todos, 20 de agosto de 2009

La frase del título fue pronunciada hace siete años y medio por la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Se refería al fútbol.

En el predio de Ezeiza de la Asociación de Fútbol Argentino, el 20 de agosto de 2009, se oficializaba el convenio que dio nacimiento al programa Fútbol para Todos.

A lo largo de un discurso encendido en el que esgrimió “la democratización del deporte” y la liberación de los “goles secuestrados”, CFK aseguró que el programa del Estado Nacional, Fútbol para Todos, no sólo se autofinanciaría sino que sobraría la plata. Con el 50% de las ganancias se pagarían los derechos a la AFA y con el 50% restante se promovería el deporte olímpico.

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Obras públicas en manos privadas y sin control

Público - Privado

Tras la aprobación del informe de gestión sobre transferencias de fondos nacionales al ENINDER, la revista Gestión Pública publicó un artículo con opiniones que aquí se reproducen: