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La historia en primera persona. Jesús Rodríguez: un gobierno desahuciado y el sacrificio de un ministro con todo para perder.

Reportaje de Astrid Pikielny, para el Diario La Nación, publicado el 1 de agosto de 2022.

 

A pedido de Raúl Alfonsín, asumió en Economía con una inflación desatada, saqueos y una fuerte debilidad política; del entusiasmo por la nueva democracia a la desazón de la entrega anticipada del poder.

-Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Necesito que me hagas un favor.
-Sí, cómo no, Raúl.
-Necesito convencer a un amigo. Porque tengo que pedirle algo que no le va a gustar.
-Sí, dígame.
-Hay que convencerlo de que sea ministro de Economía.
-¿Y quién es?
-Jesús Rodríguez.
-¡Usted está loco!

Más de 30 años no pudieron borrar el diálogo telefónico en el que Raúl Alfonsín le pidió a Jesús Rodríguez que asumiera como ministro de Economía. Fue el 25 de mayo de 1989. Con el radicalismo derrotado en la elección del 14 de mayo, la economía desenfrenada y los saqueos en escalada, la inflación se duplicaba todos los meses: en abril había sido de 33%; en mayo había llegado a 79%.

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El futuro no es lo que era

Ese era el título de un libro que recogía un diálogo entre el director-fundador del diario El País de Madrid, Juan Luis Cebrián, y el Presidente del Gobierno de España por 14 años, Felipe González, publicado en el inicio del siglo.

Más aún, ese título define muy bien la realidad de hoy, cuando la pandemia y la guerra han impactado en la evolución de dos dimensiones clave que distinguen los asuntos globales de las últimas décadas: la democratización de los sistemas políticos – al concluir la Segunda Guerra apenas una docena de países contaban con gobiernos elegidos mientras que a finales de la década pasada la mitad de la población mundial vivía en países con gobiernos surgidos de la voluntad ciudadana- y la globalización económica -en los años cincuenta del siglo pasado el comercio global era menos de 20% del PBI mundial y el año pasado representó más de la mitad de la producción generada en el mundo- que permitió reducir la pobreza, aunque no la desigualdad, de la mitad a menos de 10% de la población global en las últimas cinco décadas.

Declarada la pandemia, todos los gobiernos reaccionaron prontamente ante la emergencia sanitaria, pero, en muchos casos, lo hicieron con severos costos en términos de calidad institucional y libertades individuales.

Además de su dimensión sanitaria -con más de 560 millones de casos verificados, un número superior a los 6 millones de fallecidos registrados y las incontables personas afectadas psicológicamente-, con el derrumbe de la actividad económica originada en la cuarentena – y su  repercusión negativa sobre el empleo, la pobreza extrema que el Banco Mundial estima se incrementa este año en 100 millones de personas y la desigualdad- se alimentaron los miedos individuales y las incertidumbres sociales.

Estos temores dieron impulso a una mayor insatisfacción social que la evidenciada por las secuelas de la crisis financiera del 2008 y, junto a una creciente desafección política, han minado la confianza ciudadana en las instituciones.

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La República puesta a prueba

Bandera argentina en el Congreso de la Nación

Este año se cumplen 30 años de la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera, una norma vital para el control y la fiscalización del Estado. El aniversario llega luego de dos años en que la gestión estatal de la pandemia dejó entrever grietas en el sistema republicano en Argentina y con la perspectiva de un contexto global inestable.

El manejo de la pandemia es muy revelador…

La emergencia por la que transitó el mundo a raíz de la pandemia dio lugar a diversas acciones para contener sus efectos desde las administraciones centrales. En muchos casos, los gobiernos se equivocaron, actuaron a destiempo o abusaron de las excepciones en detrimento de las libertades.  Argentina es un caso testigo, donde todo eso se confirma, debido en gran medida a su fragilidad institucional.

Si bien la emergencia exige medidas de excepción, algo no está bien cuando en un año hay más decretos de necesidad y urgencia de contenido legislativo que leyes sancionadas por el Congreso.

Es frente a situaciones extremas que nuestro sistema republicano se pone a prueba y nos preguntamos: ¿se confirma la separación de poderes? ¿existen los controles cruzados entre ellos?

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Abandonar la “necrofilia ideológica”

La autorización legislativa para el endeudamiento con el FMI -resultado del Acuerdo de Facilidades Extendidas por un monto equivalente a la deuda con el organismo, más el adicional de 4000 millones de dólares para “financiar el déficit fiscal primario”- permitió eludir, al menos en el muy corto plazo, las dramáticas consecuencias de incurrir en atrasos con la institución multilateral.

Con la sanción del Congreso termina una etapa, que se extendió por más de dos años, signada por la “cronoterapia”: la ilusoria espera que el mero paso del tiempo resolviera las insalvables contradicciones internas del consorcio oficialista.

Hasta el tratamiento de esta ley en el Congreso, el extravagante dispositivo de poder del oficialismo impidió, por ejemplo, la consideración por parte del Senado de las nominaciones presidenciales para sus cargos del Procurador General, del Presidente del Banco Central y de la Directora de la Agencia Federal de Inteligencia.

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El Congreso y el Fondo: crisis profunda, alta responsabilidad

Introducción

El 28 de enero, el Presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.

El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.

Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.

Los anuncios del Ministro de Economía en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.

Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.