Auditorías sobre el Riachuelo


Relevamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo realizado por drones de la Auditoría General de la Nación

La contaminación del río Matanza-Riachuelo -que se viene acumulando desde hace más de dos siglos- ha sido identificada como una de las diez peores amenazas tóxicas del planeta. Una de las fuentes de contaminación más importantes es la de origen cloacal, provocada por la insuficiente extensión de la red, la falta de tratamiento de los vertidos y las conexiones clandestinas de las industrias. Los vertidos industriales representan el otro gran foco contaminante, reflejado en la presencia de mercurio, zinc, plomo y cromo en niveles muy superiores a los permitidos, así como rastros de insecticidas, cianuro, cadmio, fenoles y otros compuestos químicos.

El problema es de magnitud no sólo por la cantidad y peligrosidad de elementos tóxicos presentes en el agua sino porque -con una superficie de 2.200 km- la contaminación afecta la salud y la calidad de vida de más de cinco millones personas.

Algunos de los vecinos afectados se organizaron y realizaron, en 2004, una demanda al Estado Nacional y a los gobiernos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, haciendo valer su derecho a un ambiente sano. En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció a las tres jurisdicciones demandadas a limpiar el Riachuelo.

Este año se cumple el décimo aniversario de ese fallo histórico y la Corte Suprema realizó el lunes pasado una audiencia pública para evaluar el grado de cumplimiento de la sentencia.

La Auditoría General de la Nación, encargada del seguimiento económico-financiero del plan de saneamiento, había aprobado la semana anterior una serie de informes sobre el ejercicio 2016 de ACUMAR. También sobre AySA, la empresa estatal de agua, uno de los actores de mayor peso en el logro de los objetivos de limpieza del Riachuelo.

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Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

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Corrupción y estabilidad política

A fin de 2017, la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) organizó en la UNTREF de Buenos Aires su VII Conferencia, titulada América Latina y Europa: ¿miradas compartidas ante un momento de cambio? Participé en la mesa sobre corrupción, estabilidad política y regeneración democrática junto con el Director del IELAT de la Universidad de Alcalá, Daniel Sotelsek, los profesores Andrés Molano-Rojas y Francisco Jiménez García, y el presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, Sergio Abreu.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de las sociedades latinoamericanas, tal como lo demuestran las repercusiones regionales del escándalo Odebrecht. Sin embargo, no se trata de un fenómeno circunscripto a la región, lo que nos lleva a preguntarnos si es posible una mirada comparada con Europa y también, por sus repercusiones, sobre la estabilidad política y la calidad democrática en general.

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Destacados 2017

En mi segundo año como Auditor General de la Nación, además de la tarea de examinar diversos aspectos de la gestión estatal, participé activamente de la Comisión de Buena Gobernanza que presido ante la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superiores. La gran tarea que cobró impulso en 2017 fue la agenda con miras a 2013 de los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Se trata de un ambicioso proyecto global, en el que la Argentina se ha embarcado junto a otros 192 países, que resulta urgente y necesario en estas épocas de creciente desigualdad.

Aquí dejo un recorrido temporal de todo lo que fui comentando a lo largo del 2017 sobre mi labor de auditoría. Me gusta pensar que estos temas alimentan el interés de los ciudadanos, cuyo compromiso es fundamental tanto para exigir la mejora permanente del Estado como para acelerar la agenda de desarrollo sustentable.

El valor de la gestión política

Transcribo el texto de mi artículo de opinión publicado hoy en el Diario Clarín, sobre el debate en el Congreso por la reforma previsional:

Desde que existe el régimen de reparto en el sistema previsional, es la primera vez que el Congreso discute una iniciativa que garantiza el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios frente a la evolución de la inflación mientras que mantiene el compromiso de asegurar el 82% para los jubilados que perciben la retribución mínima.

A pesar de esa proposición sin registro histórico en décadas de vigencia del sistema previsional, el proyecto del Poder Ejecutivo no pudo ser discutido porque se impidió el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados.

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