
En 1985, siendo Diputado Nacional, voté la primera ley de protección a las comunidades indígenas que tuvo la Argentina.
Tres décadas más tarde me toca estar del otro lado del mostrador, evaluando la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el organismo que la ley previó para materializar sus objetivos.
El informe aprobado en el Colegio de Auditores la semana pasada (descargar aquí) trata sobre la gestión del INAI con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al cual nuestro país adhirió también en los ’80 y ratificó recién en el 2000.