Hay veces que el Estado da pasos iniciales para proteger a los sectores vulnerables, pero la falta de definición de los detalles necesarios para implementar leyes, proyectos o programas, dejan truncas las intenciones.
En las últimas dos reuniones del Colegio de Auditores Generales, aprobamos varios informes que resaltan este punto débil de la gestión pública.
Un ejemplo es el de Garrafas para todos (y Hogares con Garrafas – HogAr, el programa que lo reemplazó a mediados de 2015).
El objetivo era garantizar la provisión de algo tan básico como el gas a una gran cantidad de hogares de la Argentina que no están conectados a la red. Para darse una idea de la magnitud: según el padrón provisto por el Ministerio de Energía y Minería en el marco de la auditoria, en marzo de 2016 había 2.401.109 beneficiarios. Mucha gente, pero sólo 45% de lo hogares sin gas de red aún existentes.
