Jesús Rodríguez
Los argentinos pagamos un alto precio por mentir sobre la inflación del país.
En junio de 2016 el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó una revisión de la serie del Producto Bruto Interno (PBI), según la cual la Argentina, en términos reales, creció un 45% entre 2004 y 2014.
Con anterioridad -y bajo la influencia del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno-, el INDEC informaba un crecimiento del 63% para el mismo período.
La misión de la AGN reza que debemos buscar el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad. En las auditorías que vamos realizando, encuentro que -lejos de la perfección- hay una serie de vicios recurrentes que van en detrimento de la sociedad.
En la anterior entrada, me referí al manejo discrecional de fondos. A ese gran desvío de las normas se suman otros dos -también de frecuente aparición- sobre los que quisiera llamar la atención: la falta de rendición de cuentas y las contrataciones irregulares. Este combo dispersa los fondos públicos e impide que se canalicen hacia el logro de los objetivos sociales para los cuales fueron recaudados.
En lenguaje llano, sucede lo siguiente: a criterio propio, los funcionarios deciden a qué causas, personas, organizaciones, empresas y localidades le dan la plata. Luego hacen una de dos cosas: contratan proveedores en forma directa, evitando concursos de precios o licitaciones; o bien -si las obras o servicios están a cargo de terceros- se desentienden por completo, sin controlar que efectivamente se haya hecho lo debido.
Destaco informes aprobados recientemente que exhiben algunos de estos comportamientos. Se trata de auditorías que cubren el período 2013 – 2015.
La frase del título fue pronunciada hace siete años y medio por la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Se refería al fútbol.
En el predio de Ezeiza de la Asociación de Fútbol Argentino, el 20 de agosto de 2009, se oficializaba el convenio que dio nacimiento al programa Fútbol para Todos.
A lo largo de un discurso encendido en el que esgrimió “la democratización del deporte” y la liberación de los “goles secuestrados”, CFK aseguró que el programa del Estado Nacional, Fútbol para Todos, no sólo se autofinanciaría sino que sobraría la plata. Con el 50% de las ganancias se pagarían los derechos a la AFA y con el 50% restante se promovería el deporte olímpico.
El funcionamiento institucional de nuestro país se distingue, de acuerdo a la caracterización del recientemente fallecido Guillermo O’Donnell, por ser una democracia de baja intensidad. Las debilidades institucionales del funcionamiento de nuestra democracia es tal que un grupo de casi doscientos periodistas constituyó una asociación llamada Conferencia de Prensa llamando la atención sobre “la negativa de los funcionarios de gobierno a rendir cuenta de sus actos, un aspecto sustancial del acceso a la información”.
Esta ingrata costumbre oficial nada tiene que ver con supuestas batallas épicas, antes al contrario ilumina el costado más reaccionario, por oligárquico, de la administración de los Kirchner.
Al mismo tiempo contrasta con las mejores prácticas de gobiernos verdaderamente progresistas como el de Dilma Rousseff en Brasil, que acaba de inaugurar en Brasilia el Foro Intergubernamental Alianza para Gobiernos Abiertos, un emprendimiento donde 52 países que reúnen a 1700 millones de habitantes deliberaron acerca de la gobernabilidad con el objetivo de expandir la transparencia, condición indispensable de una democracia en la cual la rendición de cuentas esté garantizada.