Categorías
Buena Gobernanza General Informes AGN Política

La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

Categorías
Economía Política

La buena política debe prevalecer

Aún sin conocer el número final de enfermos y víctimas fatales -en el mundo hay, al momento de escribir estas líneas, cerca de 16 millones de casos y más de 600.000 muertos- las consecuencias de la pandemia, en términos económicos y sociales, son dramáticas e históricas tanto a escala global, como en la región de América latina y, también, en nuestro país.

Según la OIT, las horas de trabajo perdidas en el mundo en el segundo trimestre de este año son equivalentes a alrededor de 300 millones de empleos de tiempo completo. Por su parte, Oxfam, la organización localizada en Londres, basándose en estudios de la UN University calcula que se sumarán 500 millones de personas, el equivalente al 8% de la población mundial, al contingente de pobres del mundo.

Para nuestra región de América Latina, en tanto, la CEPAL estima que cerca de tres millones de empresas cerrarán sus puertas, y que la riqueza por habitante caerá este año a valores equivalentes al año 2010, consolidando así una nueva década perdida en términos económicos.

Frente a este panorama dramático, donde crecen los miedos individuales y las angustias sociales -que son nutrientes para la emergencia o avances de liderazgos autoritarios-, la primera responsabilidad de los gobernantes de todas las latitudes es proveer certidumbre.

Categorías
Buena Gobernanza Política U.C.R.

El aporte de la Fundación Alem

El centro de estudios oficial del radicalismo, la Fundación Alem, es un espacio desde el cual se está realizando un aporte crucial a las discusiones sobre políticas públicas en la Argentina.

Desde ayer, está disponible en un canal exclusivo de YouTube creado por la Fundación Alem, toda su producción audiovisual.

Recomiendo un recorrido y la suscripción al canal, cuyo contenido conforma una verdadera plataforma desde la cual orientar el futuro.

Es que la Argentina -luego del largo experimento político populista, facilista y extravagante que terminó en 2015- necesita nuevos enfoques, ideas sostenibles y una perspectiva amplia de las necesidades de la sociedad.

Categorías
Informes AGN

Subsidio a los menos necesitados

Este informe sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico (“la tarjeta SUBE”), aprobado por la AGN el miércoles pasado, resulta útil para evaluar el desempeño de una política pública, interesante en su concepción, pero deficitaria en su implementación.

Categorías
General

“Un negocio extraordinario que no necesita ser subsidiado”

Cristina Fernández de Kirchner junto a Diego Maradona y Julio Grondona en la oficialización del programa Fútbol para Todos, 20 de agosto de 2009

La frase del título fue pronunciada hace siete años y medio por la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Se refería al fútbol.

En el predio de Ezeiza de la Asociación de Fútbol Argentino, el 20 de agosto de 2009, se oficializaba el convenio que dio nacimiento al programa Fútbol para Todos.

A lo largo de un discurso encendido en el que esgrimió “la democratización del deporte” y la liberación de los “goles secuestrados”, CFK aseguró que el programa del Estado Nacional, Fútbol para Todos, no sólo se autofinanciaría sino que sobraría la plata. Con el 50% de las ganancias se pagarían los derechos a la AFA y con el 50% restante se promovería el deporte olímpico.