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La agenda más consensuada

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) representan la agenda global con mayor consenso de los últimos años; más de 190 Estados -entre los que se cuenta la Argentina- se pusieron de acuerdo para encarar y materializar caminos de solución a complejas problemáticas globales. La participación ciudadana es parte de la formula para el éxito. 

¿Qué fines persiguen los ODS?

Los ODS como agenda global, tratan de atender aquellos flancos débiles de la vida en sociedad que necesariamente deben encararse de manera mancomunada. Son 17 objetivos, ambiciosos; se busca alcanzarlos de forma conjunta, interrelacionada y simultánea. Se trata de desafíos múltiples, que abarcan lo político e institucional, lo ambiental, lo social y lo económico.

Estos objetivos multidimensionales cuentan con 169 metas y el compromiso de cumplirlas para el 2030. De aquí a ocho años, a nivel global, deberíamos haber logrado, por ejemplo, lo siguiente:

  • Erradicar la pobreza extrema.
  • Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
  • Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
  • Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo.

Las metas que cité son sólo 4 de las 169. Sin lugar a dudas un desafío global tan grande, destinado a combatir la pobreza, trabajar por la equidad, proteger el ambiente y fomentar el desarrollo económico, no puede ser ni remotamente pensado sin diseñar instituciones fuertes, en fluido contacto con la sociedad civil y debidamente controladas desde el punto de vista de la gestión estatal.

Sobre este último punto, los desafíos del control en el cumplimiento de la Agenda 2030, organicé una conferencia el mes pasado como parte de mis actividades al frente de la comisión de buena gobernanza que presido en la OLACEFS. Fue interesante escuchar al representante residente del PNUD, Claudio Tomasi, y -por la SIGEN- al síndico general Carlos Montero y a la síndica adjunta, Irma Miranda. Hubo un consenso alrededor de la necesidad de incorporar múltiples actores al proceso de cumplimiento y control de los ODS. Tomasi ponderó el “trabajo mancomunado con diversos actores de la sociedad para reducir la desigualdad” y los representantes de la SIGEN dieron sendos ejemplos de “trabajo en conjunto” que se formalizaron en la creación de diversas instancias colaborativas, algunas de las cuales incorporan a la sociedad civil, como las reuniones de trabajo con la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular.

El rol de las instituciones y la participación ciudadana

El mundo logró consolidar la democracia como forma de gobierno en una gran cantidad de países; sin embargo, no sólo se requiere defenderla a diario de los embates populistas, sino que la democracia necesita un upgrade que lleve a la humanidad a vivir en sociedades más equitativas. Por eso mismo surge una agenda como la de los ODS, que busca “no dejar a nadie atrás”.

Para lograr el cometido, la gestión y el gasto público deben canalizarse hacia el cumplimiento de los ODS. Los objetivos necesitan recursos, y muchos. Su control y monitoreo es imprescindible para asegurar que no nos desviamos del camino hacia el progreso con el que nos hemos comprometido.

La solidez institucional es requisito para alcanzar todos los objetivos y es, de hecho, uno de los ODS, el 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

La ambición de la agenda 2030, el apremio de la desigualdad y la diversidad de puntos de vista y demandas que conviven en las complejas sociedades actuales, requieren la permeabilidad e interacción de las instituciones públicas con la sociedad civil.

La Auditoría General de la Nación (AGN) entendió hace ya dos décadas que no sólo debe realizar un control horizontal, en cumplimiento estricto de su mandato constitucional, sino que también debe promover el control vertical, para que los ciudadanos -y las organizaciones que los representan- puedan incorporar su visión y propuestas al proceso de control.

¿Qué estamos haciendo desde la AGN?

En los últimos tiempos, la AGN incrementó y fomento aún más la participación ciudadana. Esta práctica tiene sus orígenes en 2002, cuando un colectivo social puso de relieve la necesidad de auditar la aplicación de normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Hace poco, presenté el caso de la AGN en el simposio anual de ONU INTOSAI.

La participación ciudadana como mecanismo para el fortalecimiento institucional y democrático – el caso argentino from Jesús Rodríguez

El sostenimiento del vínculo con la ciudadanía a lo largo del tiempo, a través de mecanismos institucionales, ha merecido el reconocimiento de la AGN en esta materia. Este año, sin ir más lejos, la International Budget Partnership (IBP) dedicó un capítulo de su reporte anual a reconocer el trabajo realizado junto a organizaciones de la sociedad civil en una auditoría sobre la gestión ambiental de un programa nacional de prevención de la enfermedad de Chagas. Por otra parte, cuando en junio pasado el Consejo Nacional de Políticas Sociales hizo la presentación sobre ODS ante el panel de alto nivel de Naciones Unidas, valoró muy positivamente el trabajo de la AGN con relación a la interacción ciudadana para el control de los ODS.

En un momento de baja confianza en los gobiernos, el parlamento y los partidos políticos, como el que transita el mundo y particularmente la región latinoamericana, la participación ciudadana permite distribuir el poder entre más actores y proveer a la ciudadanía formas directas de influir en el devenir de las políticas públicas. En la AGN esto ha dado muy buenos resultados y, sobre todo, ha insertado al organismo en la realidad cotidiana de la población. Resalto como ejemplos de auditorías planificadas de modo participativo, además del programa sobre Chagas al que me referí antes, uno sobre precios de la telefonía celular y otro sobre los beneficios para usuarios electrodependientes por cuestiones de salud.

En una reciente sesión del Colegio de Auditores, se presentaron las propuestas recibidas por parte de las OSC para incorporar a la planificación de auditorías 2022, próxima a aprobarse. Es con gran satisfacción que vemos que -a través del programa de planificación participativa- la AGN recibió este año el doble de propuestas que el promedio de la última década, con la participación de tres veces más organizaciones que el promedio en ese mismo período. Las temáticas giran en torno al medio ambiente, la inclusión en materia de discapacidad, la respuesta estatal a la pandemia, la educación, la conectividad y el funcionamiento de los entes reguladores.

La alta participación de las OSC se explica no sólo en los exitosos resultados históricos del programa y el impulso que le hemos dado en estos tiempos de desasosiego social, sino en el fácil acceso a los mecanismos institucionales de vinculación, que se inicia completando un simple formulario en el sitio web de la AGN. Pero además, y esto es clave, la recepción de mas propuestas y el interés de mas OSC habla de un despertar ciudadano que amplía las ópticas y habilita perspectivas multidimensionales a la tarea de control del Estado.

En lo personal, puedo dar testimonio sobre la valiosa información y enseñanza práctica de la que me nutro en cada reunión con las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil que acercan sus puntos de vista a la AGN; desde que asumí la presidencia tuve oportunidad de conversar con OSC que trabajan en temas ambientales y desarrollaron el monitor legislativo ambiental, aquellas que impulsan una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, las que -en esta época tan compleja de pandemia- pusieron en práctica un observatorio para monitorear la adquisición y distribución de vacunas contra la COVID-19, las que persiguen la igualdad de genero, las que defienden los derechos de la niñez y las que velan por los derechos de los consumidores, entre otras.

CONCLUSIÓN

Las crisis siempre tienden a sacudir y desnudar diversos aspectos que en otras instancias quedan en segundo plano. La gestión de la pandemia puso en evidencia falencias por parte del Estado, también se sacudieron ciertas fibras en la ciudadanía que llevan a querer participar e involucrarse más.

Es importante que los órganos que componen el estado, estén preparados para canalizar esa energía ciudadana en acciones concretas que permitan materializar objetivos de forma virtuosa para todos.

Este motor ciudadano es imprescindible para llegar al 2030 con la mayor cantidad posible de objetivos de desarrollo sostenible alcanzados. La Argentina, en particular, tiene un atraso y un letargo de larga data para lo cual tanto la participación ciudadana como la fortaleza institucional son condiciones necesarias en la persecución de una agenda de progreso como la de los ODS.

A la tarea de una mayor sinergia social, para un mejor desempeño institucional, estamos abocados.

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¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.