Protagonista y testigo privilegiado de los últimos 43 años de la historia argentina, Jesús Rodríguez —cuatro veces diputado nacional, convencional constituyente, auditor general de la Nación y ministro de Economía durante los últimos 45 días del gobierno de Raúl Alfonsín— escribió junto con Alejandro Garvié La huella democrática. Política y economía en el período 1983-1989, un ensayo distinguido con el Premio de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y publicado por Eudeba, en el que revisa el primer mandato presidencial posterior a la dictadura militar.
—Cuando Alfonsín asumió en 1983, el principal problema que identificaba era la economía y, sobre todo, la cuestión social, más que los derechos humanos, que aparecieron después. De ahí la frase: “Con la democracia se come, se cura y se educa”. ¿No se pudo, no se quiso, no se supo? ¿Se enfrentaron a algo desconocido?
—El objetivo estratégico del gobierno de Alfonsín fue instaurar definitivamente la democracia en la Argentina. Sabía, por su visión estratégica, que eso no podía lograrse sin democracia en la región. De allí surgieron sus esfuerzos, que contribuyeron a que la democracia se consolidara primero en Uruguay, luego en Brasil, más tarde en Paraguay y finalmente en Chile. En 1983, salvo tres países de Centroamérica y América del Sur, el resto de la región estaba bajo dictaduras o gobiernos militares. La democracia debía consolidarse en la Argentina, y no podía hacerlo si negaba o ignoraba lo ocurrido durante la represión ilegal. La primera ley sancionada por el Congreso, impulsada por Alfonsín, declaró insanablemente nula la Ley de Pacificación Nacional, una disposición de facto aprobada por la dictadura 40 días antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983 que se llamaba Ley de Pacificación Nacional. Esa norma concedía una amnistía plena por todos los delitos cometidos desde el 25 de mayo de 1973, incluidos explícitamente los de integrantes de organizaciones político-militares, uniformados que hubieran reprimido y cometido delitos, y grupos paramilitares. Es cierto que no existía entonces una demanda social masiva por los juicios vinculados a los derechos humanos, pero Alfonsín tenía la convicción de que una democracia sin bases éticas sería frágil. Esa instauración democrática permitió dejar atrás la violencia tolerada o aceptada por vastos sectores sociales como recurso válido en la vida política, y poner fin a los golpes institucionales en la Argentina.
—Alfonsín logró consolidar la democracia, pero su gobierno estuvo siempre condicionado por una crisis económica inédita en el país, en el contexto de la llamada década perdida de América Latina. De hecho, gran parte de la campaña la hizo hablando de la crisis económica. ¿Cómo fue atravesar ese camino?
—La democracia llegó a una Argentina que era un paria en el mundo. Veníamos de estar al borde de una guerra con un país limítrofe, de desconocer un laudo arbitral, de perder una guerra contra una potencia de la OTAN, de tener militares que entrenaban ilegalmente a fuerzas irregulares en Centroamérica y de un gobierno acusado de participar en un golpe de Estado en Bolivia. La situación económica era terminal. Un solo ejemplo: en 1983, los intereses de la deuda que debía pagar la Nación equivalían al 67% de las exportaciones de ese año. Para dimensionarlo, las reparaciones de guerra impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial no podían superar el 25% de sus exportaciones. Es decir, la Argentina estaba en una situación casi tres veces peor que la de Alemania después de la guerra. El déficit fiscal equivalía al 15% del Producto Bruto Interno y la inflación anual rondaba el 400%. Pero la solución de los problemas económicos no puede separarse de una solución política, que en un país occidental es la democracia. Y para producir resultados favorables en términos económicos y sociales, esa democracia debe ser de calidad. Cuando un gobierno, como el de Alfonsín, enfrenta tres intentos de golpe de Estado, el ataque guerrillero a un cuartel, trece paros generales y más de tres mil conflictos sectoriales, lo que predomina no es la estabilidad ni la previsibilidad, sino la fragilidad. Esa fragilidad empezó a disiparse cuando, por primera vez en el siglo XX, un presidente surgido de la voluntad popular, Carlos Menem, sucedió a otro también elegido por el voto popular, Raúl Alfonsín.
—¿Hasta qué punto condicionaron al gobierno de Alfonsín las corporaciones económicas y el sindicalismo peronista de la época?
—Los trece paros generales, los más de tres mil conflictos sectoriales, los tres intentos de golpe de Estado y el ataque guerrillero a un cuartel fueron respuestas o reacciones frente a ese espíritu democratizador.
—¿El Plan Austral fue una oportunidad?
—Absolutamente.
—¿Y por qué no terminó bien?
—El Plan Austral se puso en marcha en junio de 1985. Un mes después, Israel implementó un plan casi idéntico —algo que se supo más tarde, porque las comunicaciones no eran instantáneas como ahora— y allí fue absolutamente exitoso. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el acuerdo de una coalición de gobierno que representaba el 80% del Parlamento israelí, dentro de un sistema parlamentario. Los dos partidos se comprometieron a gobernar dos años cada uno y a integrar el gabinete en partes iguales. La solución económica fue posible porque antes hubo una solución política.
—¿La política incidió en el fracaso del Plan Austral, como cuenta Juan Carlos Torre en Diario de una temporada en el quinto piso?
—Creo que ocurrió más bien lo contrario: la política no fue capaz de construir la solidez ni el respaldo necesarios para hacer viable el Plan Austral.
—¿Por qué? ¿No lo vieron? ¿No lo entendieron?
—Una hipótesis plausible es que el peronismo no se resignaba a ser oposición. Alfonsín intentó encontrar puntos de coincidencia: ofreció al candidato derrotado, Ítalo Luder, presidir la Corte Suprema, pero la propuesta fue rechazada; invitó al justicialismo a integrar la CONADEP y también se negó; impulsó una ley de democratización sindical, que perdió por un voto; y sometió al Congreso el Tratado de Paz y Amistad con Chile, previamente consultado a la sociedad en una votación en la que participaron más de diez millones de ciudadanos y más del 80% se pronunció a favor; que fue aprobado con solo un voto de diferencia en el Senado. El Plan Austral, pese a su solidez conceptual, pudo aprobarse porque el vicepresidente, que presidía la Cámara alta, desempató la votación. Diría, entonces, que las condiciones de aceptación del resultado electoral por parte del justicialismo no fueron las adecuadas.
—En su análisis parece que falta otra parte: la presión de los grupos económicos y de las corporaciones. Usted fue ministro de Economía y debe haberlo vivido de cerca. ¿Qué peso tuvieron esas presiones sobre el gobierno?
—Efectivamente hubo sectores que rechazaban la posibilidad del cambio, la transformación y la democratización. En ese sentido, conviene recordar que más de uno de los paros generales contó con apoyo de organizaciones empresarias. Entonces debería decirle que hubo sectores que rechazaban el cambio, la transformación y la democratización.
-Alfonsín insistía mucho en la idea de la concertación, usaba mucho esa palabra.
-Y frente a eso hubo rechazo, reacción y oposición.
—Cuando asumieron, el 10 de diciembre de 1983, ¿tenían conciencia de las condiciones políticas y económicas en las que recibían el país? Y, si la tenían, ¿alguien imaginaba que el gobierno de Alfonsín terminaría como terminó?
—Primero, hay que tener en cuenta que el verdadero estado de la situación estaba rodeado de una oscuridad extrema. No había Congreso, sino una Comisión de Asesoramiento Legislativo. No había información pública; había censura, listas negras, desconocimiento de las acciones del Estado y centros clandestinos de detención. La sociedad argentina y sus actores políticos tenían un conocimiento muy limitado del estado real del país. Hoy puedo decir que los intereses de la deuda representaban el 67% de las exportaciones, pero eso no se sabía entonces. Por eso, yo plantearía la pregunta al revés: ¿cómo hizo Alfonsín para sostenerse cinco años y medio en un contexto tan adverso?
—En relación con la calidad del sistema político y la responsabilidad que les corresponde tanto a los radicales como a los peronistas: ¿qué hicieron para llegar a la situación actual?
—Yo lo pondría así: los problemas del sistema político argentino se expresan en fuerzas que valoran positivamente algo muy desaconsejable que es el populismo, entendido como un modo de ejercer la política que no concibe el acuerdo, sino que ve el poder como un lugar a conquistar, donde hay que derrotar a alguien que no es un adversario, sino un enemigo. Eso bloquea la capacidad de construir acuerdos entre los actores. Si a eso se suma el facilismo económico —la creencia de que no existen restricciones económicas y de que basta la voluntad para alcanzar los objetivos—, la combinación es explosiva.
-Hay bastante consenso en que la gente siente que vive peor y que la política no resolvió los problemas de la economía.
-Pero también habría que preguntarse por la responsabilidad de los ciudadanos y de la sociedad, porque los gobernantes son el resultado de sus decisiones.
Entrevista publicada originalmente en El Litoral