El 25 y 26 de mayo pasados participé en la II Conferencia de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS), celebrada en Río de Janeiro y organizada por el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI).
Esta red reúne a think tanks, académicos y decisores políticos de la región y tiene por propósito analizar los desafíos globales de América Latina en un escenario de profunda reconfiguración geopolítica a escala global.
En el panel que me tocó participar argumente sobre algo que considero decisivo y que, sin embargo, frecuentemente se ignora cuando debatimos sobre los resultados económicos de América Latina: la calidad de nuestros sistemas políticos. En mi opinión, la densidad y aptitud del sistema político es una variable explicativa de los resultados económicos en nuestras sociedades.
El diagnóstico de partida es bien conocido pero vale glosar brevemente.
En los últimos diez años, América Latina ha crecido al 0,9% anual acumulativo. En la llamada “década económica perdida” de los años ochenta, crecimos al 1,4%. Técnicamente hablando, nuestro desempeño económico es decepcionante. Hay otro dato relevante: la resiliencia de la pobreza y la alta desigualdad de ingresos que persisten sin variación significativa. A eso se suma una gobernanza frágil y la existencia de variados “mercados ilegales”. Además, nuestra región que cuenta con menos del diez por ciento de la población mundial registra casi un tercio de los homicidios dolosos registrados globalmente.
Ahora bien, ¿por qué la calidad institucional y democrática importa tanto a la hora de entender estos números?
Porque existe una distinción conceptual que Lord Keynes formuló hace casi un siglo, y que sigue siendo políticamente incómoda: el riesgo no es lo mismo que la incertidumbre. El riesgo se puede calcular, ponderar, valorizar, costear. Se recurre a las probabilidades. La incertidumbre, en cambio, you simply don’t know. Y esa diferencia, que parece teórica, tiene consecuencias de primer orden para la política económica y sus resultados.
China, bajo régimen de partido único, asegura certidumbre. Y esa certidumbre, precisamente, favorece la evolución del capitalismo. En nuestros países, donde hay elecciones, donde hay disputas políticas, donde hay alternancia, la calidad del sistema político, su fortaleza, sus instituciones, su capacidad de producir predictibilidad, determina si conseguimos riesgo o si enfrentamos incertidumbre. Y los resultados económicos dependen de eso.
Traigo datos que responden esta pregunta: ¿qué caracteriza a nuestros sistemas políticos en la última década? Estamos en un estado de erosión democrática severa. No me refiero a golpes de Estado. Steven Levitsky lo dijo con precisión: las democracias ya no mueren por “coups”. Mueren desde adentro. Venezuela y Nicaragua son ejemplos claros de ese derrumbe que consolida electodictaduras.
El fenómeno es más amplio.
Freedom House, institución fundada en 1941 en Estados Unidos, documenta dieciocho años consecutivos de declinación de los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo. El instituto V-Dem, de Estocolmo, que analiza cincuenta variables en más de ciento noventa países, concluye lo mismo y ubica a Argentina, Perú y México entre los países de nuestra región con más deterioro. The Economist publica anualmente un índice de democracia: hay solo dos países de nuestra región con estatus de democracia plena, y reconoce ocho años consecutivos de declive regional. Estados Unidos, que era la referencia, perdió ese estatus.
Tal vez el indicador más revelador sea el Latinobarómetro. Lleva adelante diecinueve mil entrevistas en diecisiete países de América Latina. Cuando compara 2024 con 2010, el apoyo a la democracia cayó once puntos porcentuales. La indiferencia frente al sistema político, que es quizás lo más preocupante, aumentó nueve puntos. Y la preferencia por gobiernos autoritarios subió dos. No son datos alarmistas. Son tendencias estructurales que deben tomarse en serio.
¿Cuál es mi conclusión? Que en este contexto, la evidencia comparativa es elocuente. Hay tres países en el podio de la región: Uruguay, Chile y Costa Rica. Chile redujo la pobreza treinta puntos porcentuales en dos décadas. Uruguay, diecisiete. Costa Rica, once. Sus resultados no son solo económicos. También gestionaron mejor la pandemia. También tienen mejores indicadores de percepción de corrupción, según Transparency International. ¿Coincidencia? No. Son resultados. Y esos resultados están correlacionados con la calidad de sus sistemas democráticos.
Un dato final: de los treinta primeros países en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, todos salvo tres son democracias consolidadas y estables. No es accidental.
Entonces, cuando discutimos sobre “Inserción Económica, Desarrollo Productivo y Democracia”, el título del Panel que integre, no podemos ignorar que estamos operando en un contexto de erosión democrática. Y esa erosión produce incertidumbre. Y esa incertidumbre es nociva para la inversión, la iniciativa empresarial, la acumulación de capital.
¿Cuáles son las condiciones para construir un sistema político que contribuya al progreso social? Creo que hay tres pilares. Uno democrático: la única fuente legítima de poder es la elección en elecciones verificables. Pero eso no alcanza. Uno liberal: que asegure derechos individuales y fije límites al poder. Y uno republicano: que permita el control recíproco, la independencia y la rendición de cuentas.
Eso es lo que quise decir en el panel. Espero que el debate, en la región y en cada uno de nuestros países, incorpore esta variable con mayor seriedad.