Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

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Los números del 2015

En la sesión del Colegio de Auditores Generales de la semana pasada tratamos el informe de auditoría sobre Cuenta de Inversión 2015. Esta tarea anual, encomendada a la AGN en forma expresa por la Constitución Nacional, consiste en analizar los Estados Contables y la ejecución presupuestaria que presenta la Administración Nacional.

El dictamen técnico de la AGN sobre Cuenta de Inversión es un antecedente imprescindible para que el Congreso pueda evaluar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en el manejo de los fondos públicos.

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La plata que no llega

Los argentinos tenemos una importante tarea por delante: inmunizar la inversión pública de la discrecionalidad de los funcionarios.

Los fondos recaudados por el Estado deben tener un destino previamente acordado por el Congreso y su aplicación debe hacerse según reglas preestablecidas, todo con plena trazabilidad.

Esto es, sencillamente, cumplir la ley. Hoy están en juicio cientos de funcionarios que no lo han hecho.

La pobreza, la baja calidad de la educación pública, la insuficiencia energética, la incapacidad del Estado de atender las necesidades de salud de la población, el abandono del sistema de transporte ferroviario, la escasez de viviendas (y aquellas mal construidas o sin escriturar), el incumplimiento del derecho a todos los habitantes a tener acceso a agua potable, entre otros problemas críticos de la Argentina, se deben en gran medida a que la plata no llegó donde tenía que llegar.

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