La Ley Micaela en la AGN

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En el Colegio de Auditores del 30 de octubre aprobamos por unanimidad la Disposición No. 352/2020-AGN que establece un curso de capacitación obligatoria en género, enmarcado en el cumplimiento de la llamada Ley Micaela Nº 27.499.

De esta manera, se brindará a todo el personal de la Auditoría General de la Nación una serie de herramientas teórico-prácticas para contribuir a desnaturalizar la discriminación y las relaciones desiguales de género en el contexto laboral.

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El nombre de la ley es en memoria de Micaela García, una joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, el 1ro. de abril de 2017 por un hombre que, en el año 2012, había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual. Antes de que cumpliera la mitad de su condena, el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú le otorgó la liberta condicional a pesar de que un informe del Servicio Penitenciario desaconsejaba ese curso de acción.

La violencia contra las mujeres es una problemática social de múltiples causas que debe encararse desde diferentes campos y disciplinas. Las instituciones jugamos un papel clave para ayudar a romper los círculos viciosos que vuelcan la balanza en detrimento de las mujeres. Por eso considero que es muy acertado el cometido de la Ley Micaela, en tanto implica un proceso re-educativo en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Esa reeducación debe ser un compromiso para promover el cambio cultural y es por esta razón que la temática de género está en los cursos de la Escuela de Formación Política de la Fundacion Alem. Recorrer sus contenidos me permitió reconectar con libros que había leído muchos años atrás y, además, aportarme nuevos elementos para abordar la problemática actual.

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Datos matan espejitos

La semana pasada estuve en un seminario organizado por la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI y el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU con el fin de capacitarnos para auditar e impulsar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cuando se toma contacto con los ODS por primera vez, se tiene la impresión de algo inabarcable. Los 17 objetivos que los 193 países firmantes pretenden lograr de aquí a 2030 son tan ambiciosos que pueden parecer espejitos de colores.

En 2015 se llegó a un consenso en la comunidad internacional acerca de la necesidad de acabar con el hambre, la pobreza y la exclusión, de garantizar el agua, el acceso a una educación inclusiva y a una vida sana a todos los habitantes del planeta, entre otros objetivos que -aunque de abordaje muy complejo- piden a gritos ser alcanzados en un mundo que disminuye lentamente los niveles de pobreza pero aumenta rápidamente la desigualdad (ver entrada anterior sobre este tema).

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Las tierras de los pueblos originarios

Salinas Grandes, Jujuy. Foto: Marisa Estivill / Shutterstock.com

En 1985, siendo Diputado Nacional, voté la primera ley de protección a las comunidades indígenas que tuvo la Argentina.

Tres décadas más tarde me toca estar del otro lado del mostrador, evaluando la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el organismo que la ley previó para materializar sus objetivos.

El informe aprobado en el Colegio de Auditores la semana pasada (descargar aquí) trata sobre la gestión del INAI con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al cual nuestro país adhirió también en los ’80 y ratificó recién en el 2000.

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Usemos al G20

Imagen: KangZeLiu CC BY-SA 4.0 -https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44382606

La globalización es un fenómeno que se viene cocinando desde hace más de cinco siglos. En las últimas dos décadas, los cambios en la organización productiva de las empresas  y las innovaciones tecnológicas le imprimieron un impulso determinante.

El resultado es mixto: por un lado, se redujo la pobreza pero, al mismo tiempo, se amplio la desigualdad entre las regiones y hacia el interior de los países.

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El millonario del pueblo

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Foto: Gage Skidmore

En su discurso anual frente al Congreso en 2012, el Presidente Obama dijo “Debemos de dejar de subsidiar a los millonarios“, frase que cité en su momento en esta entrada sobre la creciente desigualdad en Estados Unidos; datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de ese país (CBO) mostraban que mientras el 1% más rico de la población había visto sus ingresos crecer un 275% entre 1979 y 2007, el 20% más pobre había tenido un aumento de 18% en el mismo período de 28 años.

A la luz del triunfo de Donald Trump -un millonario, no sólo por posesiones sino también por posicionamiento-, la frase del saliente presidente demócrata se resignifica.

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