¿Se equivocó la UCR?

En 2015 la UCR decidió formar una coalición para hacer frente a un proyecto político que, luego de 12 años en el gobierno, no había logrado revertir el retroceso relativo de la Argentina en América Latina. Cambiemos garantizó la alternancia y evitó la profundización de un experimento populista que subsistía gracias al facilismo económico. A casi 3 años del triunfo electoral, el Club Político Argentino, me convocó para hacer un balance y proyección de la UCR en Cambiemos. A continuación, una síntesis.

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El día que América Latina volvió a respirar democracia

Hace 35 años América Latina comenzó a respirar nuevos aires democráticos.

El 30 de octubre de 1983, con el triunfo electoral de Raúl Alfonsín, se terminó la dictadura en Argentina. En ese momento, nuestro país era un islote en un continente de autoritarismos. Alfonsín marcó el camino para que, en los años subsiguientes, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile también adoptaran formas de gobierno democráticas.

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Hacer política no diluye la identidad

Anoche estuve conversando con Carlos Pagni sobre cómo la política es el caballo que tira del carro de la economía y nunca al revés.

Esta mañana la nota de opinión de Tito Palermo, mi colega Presidente del Club Político Argentino, refuerza esta idea con un agregado: “Paradójicamente, cuando más precisamos de la política, más descreemos de ella”.

Los ejemplos -tanto históricos como contemporáneos- deberían servirnos para todo lo contrario: aferrarnos a la política en momentos de crisis o tensión.

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Auditoría y justicia

Una de las preguntas que me suelen hacer desde que ocupo el cargo de Auditor General es: “¿Y qué pasa cuando encuentran que alguien violó las normas? ¿Lo sancionan?”.

La respuesta es “no, pero…”

Explico.

La Auditoría General de la Nación -que el año pasado cumplió 25 años– fue una de las herramientas de control gubernamental creada por la Ley de Administración Financiera (24.156) de 1992.

El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba a la AGN la posibilidad de iniciar acciones judiciales para sancionar actos lesivos (actuar como querellante). Junto con otros cambios que surgieron del debate parlamentario -tales como la decisión de que el organismo fuera colegiado en lugar de tener una conducción única-, esa facultad no quedó en el texto definitivo de la ley.

No obstante, la AGN ha promovido denuncias penales cuando ha tomado conocimiento de un delito cometido, según dictan las obligaciones de los funcionarios públicos. Es el caso de la denuncia promovida por el Colegio de Auditores a raíz de irregularidades detectadas en la gestión de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) entre 2007 y 2009 (Res. 37/2014) o la denuncia del ex Presidente de la AGN, Leandro Despouy, sobre subsidios y reintegros a obras sociales por medicamentos de alta complejidad a través de la ex Administración de Programas Especiales (APE) (Res. 30/2012).

El papel principal de la AGN es de asistencia técnica al Congreso Nacional, quien tiene entre sus atribuciones constitucionales la del “control externo del Sector Público Nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos”. Los informes de auditoría que la AGN envía al Congreso -a través de su interlocutor, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas-, constituyen materia prima para que se pueda ejercer este control.

Pero los informes de la AGN se han convertido en un importante insumo no sólo para el Poder Legislativo sino también para el Poder Judicial.

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Los proyectos de asociación público-privada

El Presupuesto tratado en el Congreso aprobó cincuenta y dos proyectos de asociación público-privada por un total de $2,18 billones con ejecución más allá del 2018. Si bien es cierto que la modalidad promete amalgamar las ventajas de los sectores público y privado, la experiencia internacional muestra que sistemas parecidos no siempre han generado los resultados buscados. El Gobierno debe maximizar aquí su vocación de acción gradual y encauzar inteligentemente este novedoso instrumento de nuestra legislación hacia el desarrollo de servicios de infraestructura de calidad, tan postergados en la Argentina.

La sanción de la ley de presupuesto 2018 puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo, con antecedentes locales en el Decreto 1299 del año 2000 y el Decreto 967 del 2005, es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento.

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