| Las últimas medidas económicas y la médula del “modelo”. Las consecuencias de esa lógica y el futuro cercano. La rebelión de los gobernadores y las presiones por la reelección de la presidente. Subtes y billetes.Arrecian los rumores de reyertas palaciegas entre Guillermo “IAPI” Moreno y Axel Kicillof por espacios de poder que el último acumula sin pausa. La única diferencia que hay entre ambos -además de la formación académica y la edad- es que Moreno proviene de la cantera del PJ, es decir de un partido tradicional que forma parte de lo que Kicillof detesta desde hace años, como cuando en el 2000 motorizó la propuesta 501, aquella que alentaba a los ciudadanos a alejarse a más de 500 kilómetros de su lugar de votación para no concurrir a las urnas. Las apariciones rutilantes, y algo destempladas del mimado de la Presidente, dejan entrever una serie de ideas fuerza que sostiene Kicillof y que implican una “profundización del modelo de poder” aplicado por los Kirchner desde sus primeros pasos en Santa Cruz.
Pareciera que en ese esquema que busca afianzarse bajo la égida del “cristinismo”, el Estado juega un papel que desdeña la “horrible seguridad jurídica”, tal como expuso Kicillof. Desde esa perspectiva, el Estado debe regular la tasa de ganancias de las empresas y, de ser necesario, pasar a la intervención directa o indirecta en el control de las compañías. Así, luego de ocho años de gobierno el peronismo decidió que las recientes expropiaciones se basan en la argumentación de que son estratégicas para el país – como en breve podrían ser, por la suicida política energética, las quebradas distribuidoras de electricidad – o como lo son las restricciones a la compra de divisas. Y que los rudimentarios métodos de Moreno serán reemplazados por la “cátedra Kicillof” que le da letra económica a la Presidente para transmitir por cadena nacional su parecer. Por último, el aislamiento financiero del mundo debería tener, en este esquema, un correlato en el desalineamiento de los precios internos respecto de los internacionales. Esa acentuada autarquía de nuestra economía -como la caracterizó recientemente el Presidente de Uruguay Pepe Mujica- descansa en el mercado interno, que representa dos tercios del PBI, y tiene como atizadores la inversión privada y la pública. La primera es escasa y está desorientada y acorralada por los nuevos controles y la incertidumbre que genera la inflación, en tanto que la segunda se ve resentida en el marco de una caída del crecimiento y la consiguiente repercusión en las fuentes de financiamiento del gasto público. El propio BCRA vaticina, en algunos estudios prospectivos recientes, un crecimiento del PBI del 3 por ciento para los años 2013 y 2014. Todo esto en el marco del “relato”, con el control de la ANSES y el BCRA como fuente de financiamiento en épocas flacas, conforma un esquema económico y político que no registra parangón exitoso en el mundo. En el plano estrictamente político la sucesión sigue siendo el desvelo oficial y la relación con el PJ se deteriora de cara a las elecciones del 2013. Si bien La Cámpora y Kolina son agrupaciones que han emprendido la tarea territorial desde el aparato estatal, distan mucho de poder reemplazar a los caciques peronistas. Por ahora son pocos los convencidos del conurbano bonaerense: apenas un puñado de ellos son abiertamente refractarios a Daniel Scioli y los otros hacen lo de siempre, siguen a su líder mientras este demuestre que tiene el poder. En tanto, los gobernadores hacen algo similar y hasta están dispuestos a apoyar una reelección que, en caso de ser necesario, los habilite a ellos también. Aunque hoy, tienen preocupaciones más urgentes que el 2015. La bendita coparticipación La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, de 1988, tuvo un espíritu progresivo. La nación recaudaba ciertos impuestos correspondientes a las provincias y redistribuía esos recursos, con un criterio solidario y redistributivo. Con el tiempo, las modificaciones de apuro condujeron este mecanismo a un centralismo fiscal en cabeza de la nación, llevando a las provincias a peregrinar por oficinas del gobierno nacional para solucionar sus problemas fiscales. Para peor, el Pacto Fiscal de 1994, derivó el 15 por ciento de los recursos coparticipables para sostener el sistema previsional de reparto, desfinanciado por la creación del régimen de capitalización. Hoy que la crisis fiscal campea en todos los órdenes estatales del país, las provincias reclaman la devolución del 15 por ciento debido a que la reestatización del sistema provisional en el 2008 ha dejado a la nación sin el argumento primigenio. Un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestra que el déficit de las cuentas provinciales –iniciado en 2011–, puede alcanzar los 30.000 millones de pesos este año, al contemplar un incremento del 30 por ciento en el gasto. Al mismo tiempo, este rojo podría ser parcialmente cubierto si las provincias no resignaran ese 15 por ciento que comienza a estar en la picota. En cualquier caso estaríamos en presencia de dificultades fiscales sistémicas, ya que si el Estado nacional, a través de la ANSES, devuelve a las provincias estos recursos, las provincias pueden salir del déficit, pero la nación sufriría si absorbiera esa crisis. Más aún cuando la ANSES financia, además, buena parte de la inversión pública, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El fin de este porcentaje, cedido por las provincias como financiamiento tributario de la ANSES, liquidaría el superávit primario nacional registrado en los últimos años. Esto es así porque el 40 por ciento de los ingresos de la ANSES son por impuestos y no por el aporte contributivo del sistema. La pelea política y judicial ya empezó por Córdoba y Corrientes, le seguirán aquellas provincias que se animen a plantarse a la presidente, algo que es poco común. Córdoba ya sufrió el apriete propagandístico ilegal en el espacio de Fútbol para Todos, del mismo modo que lo padeció Mauricio Macri con el tema del paro de subterráneos. El unicato no repara en aplicarles a sus enemigos todo el peso de su poder, aunque una jueza haya prohibido ese accionar autoritario del gobierno nacional. Billetes subterráneos Diez días de paro de subterráneos fue la consecuencia de la larga política de subsidios al transporte, combinada con la disputa política entre la nación y la Ciudad de Buenos Aires. En medio, millones de habitantes que resistieron con estoicismo el maltrato de ambos gobiernos. La aparente complejidad del asunto de fondo, es producto de la puja política y sindical. En realidad, la empresa Metrovías que explota la concesión desde hace casi 20 años siempre “cargó” a la cuenta de los subsidios el costo salarial elevado que los Metrodelegados lograron arrancar desde el año 2003 con sus constantes luchas, limitando a la UTA a un papel decorativo. Ahora, que el subsidio se redujo, nadie quiere hacerse cargo de las demandas salariales, por lo que el conflicto será permanente. Los costos en personal son los más gravosos. La empresa tiene hoy una plantilla acrecentada en un 80 por ciento, si se la compara con la gestión estatal de 1986, y el tendido no ha experimentado el mismo crecimiento. Nuevamente, como en el caso del Correo, Aguas Argentinas, YPF y ahora Impresora Sudamericana, la ineficiencia y corrupción de parte de funcionarios del Estado nacional, muy probablemente derivará en la reestatización del servicio, en tanto la empresa concesionaria se retirará sin haber cumplido con las inversiones previstas, aunque con la excusa de que la tarifa estuvo notablemente retrasada durante años. En estos términos, Metrovías será “pasto para Kicillof” y su idea del control directo del Estado sobre determinados servicios estratégicos, los que además, no podrían estar en manos de un “enemigo y un inútil” como el jefe de gobierno de la ciudad. Instrumentar las decisiones jurídicas y administrativas para conformar el Ente Tripartito de Transporte Metropolitano para viabilizar una sola política de transporte público y una racionalización en su planificación y gestión, no figura en el menú de opciones del kirchnerismo. Otro ejemplo de cómo se esconde bajo la alfombra la corrupción y la falta de control del kirchnerismo, bajo el disfraz de la épica nacional populista, es la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica. El vicepresidente Amado Boudou está envuelto en sospechas de tener a un testaferro como dueño de Ciccone y, a raíz de las denuncias periodísticas, la justicia investiga luego de haber sido presionada al punto de obtener la renuncia del fiscal general Esteban Righi y el apartamiento del juez de la causa. Con la expropiación se barre de un plumazo con todo el problema y se pretende blanquear la imagen del presidente del Senado que tuvo que soportar el escarnio público que significó la andanada de verdades que le propinaron los senadores de la oposición. Las declaraciones del resucitado ministro Ricardo Lorenzino, respecto de que esta medida es “el primer paso para revertir un plan para desguazar la Casa de la Moneda”, solo refuerza la postura del kirchnerismo de comportarse como un recién llegado a la Casa Rosada y de no aceptar su mala gestión, como con los subterráneos. Y como si esto fuera poco la ex Ciccone, en algunas semanas convertida en, una empresa pública, estará sujeta al control interno de la Sindicatura General de la Nación, al frente de la cual se encuentra el deslucido y “bochado” candidato a Fiscal General de la Nación, Daniel Reposo. Publicado en Escenarios Alternativos. |
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