Jesús Rodríguez

La crónica periodística registra que, en pocas horas, el Congreso de Paraguay destituyó por una mayoría amplísima, 76 votos positivos sobre un total de 80 en la Cámara de Diputados y 39 sufragios favorables sobre 45 posibles en el Senado, al Presidente Lugo. Las causales de la destitución incluyen episodios graves, como la muerte de civiles y policías en enfrentamientos durante una ocupación de tierras y, también,  argumentos carentes de toda seriedad.

El proceso de la destitución respetó escrupulosamente los  preceptos normativos del proceso del juicio político pero, sin dudas, puede ser objetada la celeridad del procedimiento. (1)

Los hechos, como no podía ser de otra manera, tuvieron amplia repercusión y fueron objeto de análisis variados. Por caso, es interesante contrastar la opinión de dos académicos de la misma Universidad, la UTDT, publicados en el mismo diario, La Nación, el domingo pasado. Allí, Juan Tokatlián y Carlos Gervasoni presentan argumentos enfrentados: el de alertar sobre el “auge del neo golpismo” frente al necesario respeto a una decisión “desprolija pero constitucional”.

Lo concreto es que, más allá de la interpretaciones, Fernando Lugo es, por la decisión del Congreso, el primer Presidente paraguayo destituido a través del juicio político, pero es pertinente analizar el caso a la luz de la historia reciente.

En la segunda mitad del siglo pasado, la existencia de  gobiernos autoritarios distinguieron la historia política de los países de América del Sur y Paraguay fue, con la dictadura de más de tres décadas de Stroessner, un caso emblemático.

Recién con la inauguración democrática en Argentina en 1983, luego del trágico fin de la aventura de Malvinas, los países de la Región iniciaron un camino, pleno de dificultades y no exento de retrocesos, hacia formas de gobierno de cuño democrático. En el caso de Paraguay, como otros países vecinos y a diferencia de la Argentina, la transición fue pactada y al dictador lo sucedió el Jefe del Ejército que, a su vez, estaba relacionado familiarmente con el dictador.

Ahora bien, que los golpes de estado en América Latina sean una cosa del siglo pasado no significa que la estabilidad de los gobiernos surgidos de elecciones esté asegurada. En efecto, desde 1992 son 14 los Presidentes que, habiendo sido elegidos por los ciudadanos, no  concluyeron sus mandatos. Peor aún, solo dos de ellos, Collor de Mello en Brasil en 1992  y Carlos Andrés Pérez en Venezuela en1993, dejaron sus cargos luego de que el Congreso avanzara en el camino del juicio político.

La historia reciente del Paraguay está también, desde la salida del dictador,   plena de zonas oscuras que incluyen, entre otras, el asesinato del Vicepresidente  en funciones, ex integrante de la Corte Suprema, Julio M Argaña en Marzo de 1999; la renuncia del Presidente  Raúl Cubas frente a un juicio político en desarrollo  luego de que francotiradores dispararan contra manifestantes opositores ese mismo año; intentos de golpes de estado encabezado por el sedicioso asilado en Argentina, en el gobierno del Presidente Menem, General  Lino  Oviedo; designación por parte del Congreso como Presidente del titular del Senado, Luis González Macchi -que superó tres intentos de juicio político, uno de ellos por “terrorismo de estado”- y posterior elección popular de un vicepresidente, J L Franco,  candidato de un partido opositor y las denuncias de intento de envenenamiento del Presidente Nicanor Duarte Frutos en el 2007.

Los sucesos recientes en Paraguay deben permitirnos extraer enseñanzas:

– La sucesión  en los regímenes de “partido hegemónico” requieren de amplias coaliciones políticas. En Paraguay, en la práctica, una misma fuerza política gobernó el país desde Stroessner hasta la asunción del Presidente Lugo.

– La construcción democrática requiere, además de ejemplaridad de los gobernantes, instituciones en el sistema político – verbigracia partidos políticos- aptas para mediar en sociedades acuciadas por demandas de igualdad de oportunidades históricamente desoídas.

– Es necesario saber distinguir la estabilidad del sistema democrático, en tanto régimen, de la de los Presidentes. En un sistema democrático de tipo presidencialista, como el que rige en todos los países de América Latina,  los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativos son todos resultados de elecciones de los ciudadanos.

– Algunos países de América Latina, por la debilidad de su sistema de partidos, son más vulnerables que otros a las tensiones políticas y sociales, especialmente en situaciones de crisis económicas

Y para nosotros en Argentina es conveniente tener presente, como afirma Aníbal Pérez-Liñan en su ensayo Juicio Político y Nueva Inestabilidad Política en América Latina, que “la fuerza de la presidencia ganada a costa de las debilidades de otras instituciones no es garantía de supervivencia política en tiempos difíciles”.

 

 

(1) En una  república donde rige el presidencialismo, cuando se verifica un conflicto  que afecta la estabilidad del poder administrador en su relación con el Congreso, para superar un bloqueo institucional es posible acudir al instituto del juicio político. En rigor, la institución del juicio político es típica de los sistemas presidencialistas que rigen en todos los países de América Latina que replicaron el ordenamiento de los Estados Unidos, primer país que adoptó una constitución presidencialista.

En los regímenes parlamentarios, en cambio, la situación de  bloqueo institucional se supera cuando el Gobierno pierde la mayoría por una moción de censura de la Legislatura, o cuando se  convoca a elecciones anticipadas para elegir nuevamente la composición del cuerpo legislativo.