Jesús Rodríguez

Un largo rosario de errores políticos y de gestión está minando la base de poder del kirchnerismo y la imagen positiva de la presidente. El triunfo de Hugo Chávez y la euforia del cristinismo. Las profundas diferencias contextuales entre ambos proyectos políticos.
La distancia entre la realidad y los deseos del cristinismo es cada vez más ancha y la brecha que los separa es consecuencia de la aplicación de medidas de facilismo económico y el ejercicio del populismo político. Ambas características, que son las palas que “profundizan el modelo” amenazan con cavar una trinchera de la que resultará difícil salir. La contumacia del verticalismo – y las dificultades económicas – están dejando a la luz graves problemas de gestión que se extiende a los más variados actos de gobierno. Un repaso de los últimos hechos salientes nos permite hacer la historia del extravío de un oficialismo, que como Chávez Jr. – no el idolatrado Hugo- tira golpes en forma desesperada en busca del manotazo salvador.
Racconto fatal
Luego del papelón del partido de fútbol amistoso entre Argentina y Brasil, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich recibió un cachetazo del BCRA, una “externalidad” del control de cambios implantado hace meses y “perfeccionado” día a día. Como la provincia no consiguió algo más de 260.000 dólares para honrar sus bonos emitidos en el año 2006 – y que deben cancelarse en esa moneda – simplemente remitió el equivalente en moneda nacional, pesificando de hecho su deuda. Esto arrastró las acciones líderes en la Bolsa de Comercio porteña donde el índice Merval cayó 2 por ciento. También impactó en Wall Street donde las acciones de bancos locales que cotizan en Nueva York experimentaron fuertes bajas. Para agregar más zozobra al caso el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto apoyó la pesificación hundiendo los mercados de bonos.
En quince días, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Armada fueron descabezadas por razones diversas con un origen común: la mala gestión. En el caso de las fuerzas de seguridad interior, la puesta en vigencia de un decreto provocó un descalabro en la estructura salarial de los uniformados, que en una acción sin precedentes, se manifestaron con reivindicaciones gremiales, sin ninguna connotación política. El desaguisado – que aún no se resolvió – les costó la cabeza a los jefes de las fuerzas y al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y hermano de la ministra Nilda Garré.
El jefe de la Armada, en tanto, renunció ante la baja impuesta a dos subordinados, en razón del embargo que sufre el buque insignia de la fuerza secuestrado contra todo derecho internacional por un juez de primera instancia de la República de Ghana, en respuesta a la demanda de un fondo buitre. Este hecho implica de lleno al canciller Héctor Timerman, ministro que cuenta con más vidas que un gato a juzgar por el récord de torpezas cometidas desde que reemplazo a Jorge Taiana.
En el campo de las relaciones internacionales Timerman encabeza la espinosa tarea de negociar con la República Islámica de Irán el juicio a los funcionarios con pedido de captura internacional, acusados de perpetrar los atentados de la Embajada de Israel en la Argentina y de la AMIA. El reciente acercamiento a un país que desconoce la muerte sistemática de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y propone la eliminación de Israel por la fuerza, no sólo atenta contra los derechos humanos universales, sino que le ha costado al cristinismo la oposición y el pesimismo de los líderes de esa comunidad.
Transporte, energía y educación son los pilares endebles sobre los que se asienta el modelo y el relato, claro está. En el primero, el kirchnerismo instaló el esquema de negocios para amigos con subsidios públicos. Precios congelados, subsidios a la oferta y baja inversión. Los subsidios se multiplicaron por 30 en 8 años pero el servicio no sólo no mejoró en tal nivel sino que se deterioró incuestionablemente. El “modelo” requirió subsidios a los operadores por más de 140 millones de pesos en el año 2003, pasando a 2500 millones en el año 2011. El promedio de inversión en el transporte público es inferior durante el kirchnerismo (50 millones de dólares por año), que durante el menemismo (70 millones de la misma moneda por año).
Hasta hace poco tiempo, la Argentina se autoabastecía de energía. Este año, sólo para su importación, habrá que erogar 12.000 millones de dólares. Mientras el kirchnerismo tuvo superavit fiscal abundante se habló solamente – y poco – de los negociados, puntos oscuros e inconsistencias en estas operaciones. Hoy no sólo se evidencia el trasfondo corrupto de la gestión, sino que quedan a la intemperie las incapacidades y errores del gobierno.
En 2008, cinco años después de la llegada de los Kirchner, la Argentina ya llevaba 10 años seguidos de caída de sus reservas hidrocarburíferas. Pese a eso, hasta 2012 el gobierno sostuvo a Repsol.
Las exploraciones de nuevos pozos durante esta década fueron menos que en los ‘80 y en los ‘90. Eso habla a las claras de inhabilidad en los funcionarios del área. Se decidió, entonces, avanzar con la recuperación de YPF. La presidenta nombró al frente de la empresa a un reconocido experto en la materia, Miguel Galuccio. Un par de semanas después, mientras Galuccio buscaba inversores en el exterior que confiaran en la nueva YPF, el ejecutivo publicó el decreto 1277 con un conjunto de controles y regulaciones sobre las inversiones, precios y ganancias que ahuyentaron los intereses que el jefe de YPF procuraba. El decreto es ilustrativo de que lo urgente (dólares) prima sobre lo importante (inversión y desarrollo).
En materia de gas, el Estado subsidia la importación en lugar de invertir en la producción nacional de los recursos. Aquí, la mala gestión del kirchnerismo no sólo estuvo dada por las oportunidades perdidas -que son muchas y evidentes en un mundo que necesita energía-, sino también por la pérdida sostenida de una posición estratégica como es el autoabastecimiento.
En el sector energético –ahora comandado por Axel Kicillof – la crisis va en aumento. Luego de colocar en virtual quiebra a las distribuidoras de gas y electricidad, ahora golpea las puertas de las generadoras y productoras. Como las distribuidoras decidieron dejar de pagarle a la mayorista Cammesa ante el congelamiento tarifario, Kicillof trasladó el problema a las generadoras. Lo mismo ocurre con el gas y las petroleras.
En educación, el gobierno demuestra que el aumento de recursos no se traduce necesariamente en mejores resultados. Las evaluaciones de calidad de enseñanza muestran que el incremento de puntos del PBI que van a educación – y de los que se jacta el gobierno – no corresponden a una mejora, todo lo contrario, el sistema educativo está en crisis. Otro indicador es lapidario: desde 2002 a la actualidad, creció la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Además, la politización de los estudiantes secundarios ha causado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires una conflictividad inédita y sin fin que evidencia una absoluta falta de planificación del mediano y largo plazo en la materia.
La Justicia merece gran atención, debido a que su mal funcionamiento es motivo de uno de los reclamos más importantes de la sociedad. La designación del juez que tendrá a su cargo resolver la cuestión de la cláusula de desinversión de la Ley de Medios Audiovisuales está atorada en el Consejo de la Magistratura y los esfuerzos del gobierno por imponer su candidato ha llegado a pedir a la Corte Suprema que intervenga en el Consejo de la Magistratura, ya que allí no logra imponer magistrados propios para que avancen con la interpretación oficial de dicha cláusula. El ministro de justicia Julio Alak también le planteará a la Procuración General de la Nación que investigue penalmente a cinco miembros de ese Consejo.
El gobierno apunta en especial al juez Ricardo Recondo, que es miembro del Consejo de la Magistratura, al que el kirchnerismo quiso recusar y no pudo. El ministro también cuestionó al ex juez Edmundo Carbone. “El Gobierno no hubiera querido hacer estas presentaciones, pero a las instituciones hay que protegerlas”, declaró Alak. Según el ministro, el descuido institucional se da porque el Consejo de la Magistratura no quiere nombrar jueces que ya trabajan para el Gobierno como titulares de juzgados.
El Gobierno interpreta que la Corte puso como fecha "límite" de esa cautelar al 7 de diciembre. Por eso ha convocado a su militancia a "vigilar" el advenimiento de ese día como una fecha clave en la lucha contra las corporaciones, lanzando una muy anticipada campaña instalada en los medios públicos y oficialistas.
La Auditoría General de la Nación también sufrió un nuevo ataque al querer dar por terminada la presidencia del Leandro Despouy al frente de la misma. La maniobra que se suma al hecho de que ese órgano de control ya cuenta con una mayoría oficialista, se inscribe en la intención de terminar con todos los controles institucionales al poder.
El capítulo sindical es uno que ya se ha tratado aquí con intensidad. No obstante, la dificultosa y larga unción del Antonio Caló como nuevo jefe de la CGT oficialista, refleja el costoso movimiento político del cristinismo de haberse sacudido de encima a Hugo Moyano. En momentos en que aumenta la conflictividad laboral, en vez de contar con un caudillo como el camionero, el gobierno tiene que hacer malabares con un movimiento obrero partido en cuatro partes reconocibles, de las que las dos mayores nuclean a la oposición. Caló tampoco tuvo un feliz debut. A poco de asumir se desató el conflicto con la Prefectura y la Gendarmería, ante lo que declaró a la agencia DyN "todo lo que sea un reclamo de los trabajadores lo vamos a apoyar. Cuando hay un reclamo salarial la CGT lo va a tener que acompañar". A las pocas horas recibió la instrucción de retractarse.
Todos estos yerros políticos, sumados a la tozuda insistencia en medidas económicas de probada historia fallida aquí y en el mundo, han deteriorado la imagen de la presidente que cayó más de 30 puntos en los primeros nueve meses de mandato.
Chávez ¿for ever?
El triunfo del inefable Hugo Chávez, encaramado en su cuarto mandato y hacia 20 años de poder ha significado un espaldarazo vital para Cuba y un alimento para las huestes del cristinismo militante, los mismos que atizan la re reelección indefinida de la presidente. Pero lo que ocurre es que la Argentina no es Venezuela y existen tres factores que limitan las posibilidades de chavizar nuestro país. En primer lugar, ambos comparten el boom regional de buenos precios de los recursos naturales que producimos, aunque en el caso de Venezuela el petróleo está en manos del Estado, mientras que la soja en la Argentina depende de las decisiones de inversión del sector privado. En segundo término, una extendida clase media en la Argentina sostiene los valores republicanos y son críticos a las aventuras populistas. Y por último, las Fuerzas Armadas Venezolanas son parte activa del gobierno, mientras que aquí se encuentran en un estado de absoluta sujeción al poder civil, luego de su rotundo descrédito público y su enjuiciamiento, apenas recuperada la democracia.
Despejado el camino hacia el 2019, Chávez tiene la responsabilidad de enfrentar los graves problemas que aquejan a su país, el de más alta inflación en el mundo, con un Estado impotente para monopolizar la violencia legítima, lo que causa un altísimo índice de criminalidad.
La incertidumbre aqueja a Venezuela y el fantasma de la sucesión agrava el cuadro. Nicolás Maduro que ya es el segundo hombre más poderoso del gobierno queda en primera fila de la sucesión si la enfermedad del mandatario reapareciera y lo alejara del poder.
El canciller – fuerte defensor de la revolución cubana -representa el sueño socialista de que un trabajador llegue al poder. Apenas con el título de bachillerato, comenzó a manejar los buses del sistema del metro de Caracas, luego fue sindicalista, militante y por último político de primera línea. La gestión de Maduro como canciller fue clave en la firma de acuerdos bilaterales con China, Rusia, Bielorrusia e Irán, al tiempo que lanzaba duros dardos contra Washington, el “imperio” enemigo de Chávez y principal comprador del petróleo venezolano.
También lo señalan de formar parte de una nueva suerte de élite económica conocida localmente como la "boliburguesía", nacida a la sombra de la revolución y sus ingentes recursos.
Además de la fuerte amistad con Chávez, Maduro tiene músculo político. Es un convencido de la revolución y maneja un espacio de poder fortalecido tras el nombramiento de Flores como Procuradora General de la República. También goza del respaldo de un amplio sector de la bancada oficialista en la Asamblea.
Es visto como menos duro que Elías Jaua, quien dejará la vicepresidencia esta semana para competir por la gobernación del emblemático estado Miranda y enfrentarse a Henrique Capriles, que perdió la elección presidencial frente a Chávez.
Hay otros dos líderes con poder a la sombra del Comandante: el mencionado Jaua, dirigente de los movimientos sociales y el general Diosdado Cabello, un militar que preside la Asamblea Nacional – es vice del PSUV- y controla 26 diputados de un total 98 miembros. No simpatiza con el gobierno cubano y está enfrentado con grupos del ejército sospechados de vinculaciones con el narcotráfico.
El panorama venezolano es complejo y su Estado no parece estar, política y administrativamente a la altura de los desafíos que se avecinan.

Publicado en Escenarios Alternativos

El domingo 7 de Octubre, la elección a presidente de Venezuela consagró por un nuevo periodo a Hugo Chávez Frías con una clara diferencia respecto de Henrique Capriles, el candidato de la Mesa de Unidad Democrática.

Así, en elecciones no discutidas merced al voto electrónico y al trabajo de un  hoy sí respetado Consejo Nacional Electoral, el Presidente Chávez iniciará el próximo mes de enero su cuarto mandato consecutivo, extendiendo su presidencia hasta el año 2019, con lo que sumaría 20 años de permanencia en el poder.

Este dato, al menos infrecuente y llamativo cuando se piensa en sistemas de base presidencialista como el que rige en toda América, requiere ser visto en perspectiva. En el cuadro siguiente se ilustra la dinámica electoral de un país socialmente fragmentado y con una alta polarización política.

Resultados Electorales (En millones de votos)
Año	Tipo de Elección	Chávez	Oposición
2000	Presidencial	3,757	2,359
2004	Referendo revocatorio	5,862	3,989
2006	Presidencial	7,309	4,3
2007	Referendo reelección indefinida	4,379	4,504
2009	Referendo reelección indefinida	6,310	5,2
2010	Legislativa	5,5	5,6
2012	Presidencial	8,0	6,5

Una primera conclusión es el mejor desempeño del oficialismo cuando se trata de elecciones presidenciales. En efecto, cuando perdió la elección legislativa en el año 2010, el oficialismo obtuvo 1,8 y 2,5 millones de votos menos que en las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2012, respectivamente.

La comparación también revela que, si bien el oficialismo pudo recuperarse de la mala performance en la elección legislativa y ampliar su base electoral en 700 mil votos, comparando los resultados de las últimas elecciones presidenciales, la candidatura de la oposición creció de una manera notable en alrededor de 2,2 millones de votos, un 50% más que los obtenidos seis años atrás.

Las claves que ayudan a entender esos resultados son la utilización, sin reconocer limites de ninguna naturaleza, de todos los recursos del Estado por parte del partido gobernante y, en el caso de la oposición, la revisión estratégica de su posicionamiento político.

 

Uso sin límites de recursos públicos

 

El desempeño electoral del oficialismo se sustenta en la disposición de una holgura fiscal sin precedentes que le permitió y permite financiar programas sociales. Con eso, agrandó el poder de un presidencialismo que arrasó con lo controles y contrapesos institucionales característicos de todo ordenamiento republicano, aprovechándose sin pruritos del llamado “ventajismo político”.

En la República Bolivariana de Venezuela, como en toda la región, se verificaron los impactos positivos del incremento de los precios internacionales de los productos primarios que, en el caso del petróleo, se multiplicó en más de diez veces desde la asunción del Presidente Chávez en el año 1999.

Esos mayores recursos permitieron atender algunos requerimientos sociales que, a través de mecanismos de clientelismo político (los servidores públicos y los beneficiarios de programas sociales alcanzan alrededor de la mitad de los electores), han mejorado los indicadores de pobreza e indigencia. A pesar de la disponibilidad de recursos, las debilidades de una economía, que se distingue por ser monoexportadora de recursos naturales no renovables y por la dependencia casi completa a la importación de bienes intermedios y alimentos, no han sido modificadas en sus bases fundamentales. Así, la ausencia de un plan de reformas ha consolidado una estructura económica rentística que reproduce modestas tasas de crecimiento con elevadas tasas de inflación.

Asimismo, se verifica una gran fragilidad del Estado de Derecho que es, en buena medida, el resultado de un Poder Legislativo subordinado a la voluntad política del Poder Ejecutivo. Esta irrelevancia legislativa, primero por la inconducente abstención opositora y luego por la sobre representación que produce la manipulación oficialista del sistema electoral, deviene en la disposición oficial del Poder Judicial, así como también de la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

En efecto, a pesar de que el Referéndum Constitucional de diciembre del 2007 rechazó las iniciativas oficiales, la mayoría legislativa oficialista consagró iniciativas que son validadas en la Justicia como, por caso, normas sobre procedimientos de expropiación que saltean la disposición de utilidad publica por el Congreso y manipulaciones de circuitos electorales. Adicionalmente, luego del triunfo opositor en las elecciones parlamentarias del año 2010, la mayoría – antes de finalizar sus mandatos y de que asuman los nuevos legisladores – sancionó una norma de excepción que aún rige, conocida como Ley Habilitante, para proveer de poderes legislativos al Presidente por encima de las potestades del Congreso.

Además de aplicar una invariable lógica de corto plazo en la administración de los recursos materiales y de concentrar al máximo el poder en cabeza del Presidente, un buen ejemplo de patrimonialismo y del uso partidista de los resortes del Estado por parte del gobierno y que contribuye a hacer más desparejo el campo electoral – particularmente relevante en una elección- es la apropiación del espacio comunicacional. En los noventa días de campaña, el Presidente Chávez recurrió en 31 oportunidades al uso de la cadena de radio y televisión, en ocho ocasiones coincidiendo con actividades proselitistas del candidato Capriles. Esas transmisiones “obligatorias” para los medios de comunicación – incluso en la víspera de la elección- sumaron 48 horas, cuatro veces más que lo utilizado por el propio Chávez en la anterior campaña presidencial.

El inicio de un camino

La oposición, por su parte, desandó el camino de errores de su accionar pasado – que incluyó la abstención electoral- caracterizado por la fragmentación y la falta de ideas propositivas, llevando adelante un proceso de diálogo entre distintos sectores políticos y sociales a través del cual fue posible formular un programa de acción política y ofrecer candidaturas unificadas.

Ese desarrollo tuvo un hito en la elección abierta de candidatos para todos los cargos electivos, con la participación de más de tres millones de ciudadanos, de la que resultó electo Henrique Capriles y el resto de los candidatos que competirán en las próximas elecciones regionales y comunales de los próximos meses de diciembre y abril, respectivamente.

La estrategia de la oposición se planteó evitar la dicotomía agresiva del oficialismo y, en cambio, propuso un camino de superación de la lógica binaria preferida del oficialismo de “amigo-enemigo” con un contenido esencialmente republicano y que convocaba a la unión nacional y la formación de consensos, sin ignorar las mejoras en las condiciones sociales de vastos sectores de la sociedad venezolana. El candidato Capriles se presentó como garante de un futuro común y pluralista para todos los venezolanos y con el lema de “hacer las cosas bien” se instaló la propuesta de garantizar, a través de normas legales, los programas sociales que, hoy por hoy, están a merced de la discrecionalidad del Gobierno.

El futuro próximo

 

En Venezuela, con la elección del domingo concluyó la incertidumbre electoral, sin embargo, sigue vigente la incertidumbre política expresada en una sociedad dividida en partes casi iguales que debe enfrentar desafíos sustantivos. Además de la inflación, una de las más altas del mundo, Venezuela se ubica entre los 25 países más violentos del mundo, a pesar de no ser un país que enfrenta conflictos armados domésticos ni sufre agresiones externas.

Es pertinente preguntarse sobre las fortalezas y capacidades de esta verdadera “democracia de un solo poder” que rige en Venezuela para afrontar estos desafíos. Es razonable dudar de la eficacia de un régimen híper presidencialista, afecto a la democracia plebiscitaria, que descree decididamente de la práctica política basada en la construcción de consensos y adjudica conductas antipatrióticas a todas las discrepancias.

Por otro lado, el movimientismo bolivariano – con sólida presencia militar reflejada en buena parte de los cargos públicos – se pretende capaz de crear una nueva instancia política global, la difusa y confusa V Internacional del Socialismo del Siglo XXI, con las inevitables y  riesgosas consecuencias para el equilibrio regional por su asociación directa con regímenes que cuestionan el orden jurídico internacional.

La protesta masiva desatada el jueves 13 de septiembre interpela a varios sectores y expresa el cansancio social ante la soberbia y la falta de respuestas del gobierno. Las reacciones y los futuros posibles. La inflación obliga a actualizar la AUH.
Justo cuando la presidente Cristina Fernández de Kirchner advirtió que había que temerle como a dios, se desató una protesta masiva en las plazas del casi todo el país. De ese modo se quebró, como se quebró la convertibilidad en el 2001, un ingrediente fundamental de la alquimia de poder kirchnerista: el miedo. La marcha masiva, pacífica, aparentemente espontánea y no organizada por ningún partido político o grupo de interés – como cuando “la 125”- expresó el hartazgo de una buena parte de la sociedad ante un unicato que es sordo a los reclamos y que en vez de tratar los problemas centrales de los ciudadanos, fija agenda con el voto adolescente o estatiza empresas para cubrir sus actos de corrupción.
Las consignas en contra de la modificación de la Constitución para permitir la re reelección de la presidente; por mayor seguridad y mejor justicia; contra la corrupción; la inflación y el relato mítico del fundamentalismo K, fueron las más salientes de un público que seguramente contaba entre sus filas a votantes de un oficialismo que en su campaña no incluyó las restricciones para comprar divisas y viajar al exterior, la apropiación de YPF e Impresora Sudamericana o la transferencia de los fondos judiciales del banco Ciudad al Banco Nación (para hacer otra caja y mojarle la oreja a Mauricio Macri).
Pero no sólo el gobierno es el destinatario de la protesta. Si bien se lleva la mayor parte, el malestar se expresó en contra del Poder Legislativo, en tanto los representantes no parecen procesar las demandas de sus representados; y muy especialmente al Poder Judicial cuyos magistrados han recibido el mensaje de que sus fallos – y la celeridad de los mismos – serán vigilados de cerca por una multitud que espera justicia en el sentido más amplio del término. En resumen, la protesta social del jueves 13 fue un reclamo por una democracia de calidad en la Argentina. Eso incluye a todos los partidos políticos.
La cobertura de los medios es un ejemplo de la fractura social que impulsa el kirchnersimo. Los medios, oficiales y paraestatales, ignoraron y denostaron la marcha, mientras que los independientes cubrieron todo el evento.
Las reacciones y el después
Todo movimiento social contiene una diversidad y se aglutina en torno a un determinado problema común. En el caso del S-13, la heterogeneidad incluye a sectores que profesan un rencor acendrado al kirchnerismo y que no trepidarían en apelar a cualquier mecanismo con tal de ver a la presidente fuera de la Casa Rosada. Esas minorías son las que dan pábulo al fundamentalismo kirchnerista para ver conspiraciones destituyentes o para descalificar el movimiento con discriminaciones clasistas. Ese fue el camino elegido por el jefe de Gabinete Juan M. Abal Medina y otros funcionarios mandados por la presidente a restarle importancia a la marcha, primero por su insignificancia numérica y luego por su composición social. Sin embargo, algunos kirchneristas como José Luis Gioja y Daniel Scioli piden mesura, lo que no es lo mismo que pedirle a su líder que escuche los reclamos.
Los movimientos sociales se sostienen en el tiempo mientras no se resuelva el asunto que los anima a salir a las calles. Como lo más probable es que el gobierno ignore olímpicamente la señal del jueves, se abre la posibilidad de que estas marchas se sucedan y aumenten su caudal, salvo que alguna fuerza política capitalice y canalice sus reivindicaciones, o que – y no sería de extrañar- el kirchnerismo organice “contramarchas” para pulsear y retomar el control de las calles, asunto tan caro a los regímenes populistas.
El kirchnerismo ya cometió un error gravísimo, cual fue el haber roto su alianza con Hugo Moyano, ahora comete otro, romper definitivamente con la clase media. Finalmente, la presidente tendrá que quedarse con la misma alianza que mantuvo a Carlos Menem en el poder: algunos grupos económicos concentrados y las clases populares.
A propósito del líder camionero, el oficialismo lo va a extrañar a la hora de movilizar gente en un hipotético plan de reconquistar la calle, tarea que quedará en manos de La Cámpora, Kolina y los movimientos sociales comprometidos con el kirchnerismo. Por el contrario, junto con Pablo Michelli de la CTA, Moyano estaría planeando un paro conjunto, por primera vez.
Reconociendo la inflación
El aumento de la Asignación Universal por Hijo de casi el 26 por ciento, obedece a una “actualización” con la evolución de la inflación que informan las estadísticas provinciales. Desde su creación, la AUH no creció en términos reales y a fin de año estará por debajo de su nivel inicial. El resto de las asignaciones familiares también fueron incrementadas, aunque con un aumento diferencial de acuerdo al tramo de ingresos. Además, usando nuevamente un Decreto de Necesidad y Urgencia y a pesar de contar con una mayoría parlamentaria oficial, la presidente dispuso una modificación en el esquema general de las asignaciones familiares que ahora se definirán según el ingreso familiar y no del ingreso de cada uno de los conyugues, lo que obligó a Diego Bossio, titular de la ANSES a explicar cómo será el nuevo mecanismo, en una semana en la que tuvo que acudir a la Justicia por el conflicto con la provincia de Córdoba.
En 2012, la AUH, los salarios y las jubilaciones se han reajustado apenas alcanzando la inflación, tal vez esperando el año electoral – sin presiones para el pago de intereses de deuda externa – para ser más generosos. No obstante, el déficit fiscal que es el talón de Aquiles a partir de la cual se derivan casi todos los problemas que afectan al “modelo” económico por estos días, no pareciera mostrar ningún signo de mejora para el 2013. La situación de las cuentas públicas del gobierno se encuentra en continuo y franco deterioro y los problemas de las provincias serán atendidas según la cara del gobernador. Por lo pronto Jose M. De la Sota y Daniel Perlata clamarán en el desierto.
Si nada profundo cambia, la tendencia seguirá y teniendo en cuenta el rol central que cumple actualmente la debilidad fiscal como mecanismo propagador de problemas y desequilibrios al resto de la economía, es difícil pensar en una mejora ostensible de la situación en el corto plazo.

Editorial de Escenarios Alternativos del 17 de Setiembre de 2012

Ayer , y con trámite parlamentario “superexpress”, la Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación de la imprenta Ciccone que tiene, en un océano de interrogantes sin respuesta, una certeza: constituye el intento oficial de liquidar un oscuro asunto que salpica con responsabilidades al núcleo del poder político de la Argentina.

Las reacciones de los seguidores del Gobierno fueron de dos tipos. Una pasiva, la de infinidad de dirigentes notorios del justicialismo y sus aliados que con su silencio vergonzante orillaron la complicidad.

Otra, de naturaleza activa, tuvo tres versiones:  la primera por parte de  funcionarios y legisladores que,cual cirujas de la ideología, recurrieron a una pretendida argumentación progresista con la presunta recuperación de la “soberanía monetaria”. Otros se escudaron en la frase típica de los noventa por la cual “todo está en manos de la justicia y a eso nos atendremos”. La última  versión del mismo tipo estuvo a cargo de los propagandistas que acudieron, como era de esperar,a la demonización por la “agresión mediática del monopolio”.

Es ahí que me acorde de Jacobo Timerman que una tarde de primavera en un café de la Plaza de San Telmo me contó su respuesta, en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, a los propagandistas de la dictadura que negaban el terrorismo de estado y proclamaban que los argentinos éramos derechos y humanos. Les dijo “ pero si  no les piden tanto”.

Una pregunta pertinente aquí y ahora es: le pedirán tanto a los que, tan entusiastamente, niegan lo evidente?