Jesús Rodríguez
La cuestionada propuesta oficial para superar la evidente crisis energética está empantanada -en un conflicto en el que están involucrados, insólitamente, los tres poderes del Estado- por el rechazo de amplios sectores sociales.
La discusión política se centra en la falta de audiencias públicas previas a las decisiones de aumentos en las cuentas de gas domiciliario y luz eléctrica. Ahora bien, ¿es esa ausencia el verdadero problema?
Tras la aprobación del informe de gestión sobre transferencias de fondos nacionales al ENINDER, la revista Gestión Pública publicó un artículo con opiniones que aquí se reproducen:
Tres grandes proyectos en Villa María, Villa Nueva, La Carlota y otros municipios de Córdoba fueron gestionados a través del ENINDER con fondos del ex Ministerio de Planificación y la Jefatura de Gabinete, sin que existiera control alguno sobre su uso y destino.
Ferrobaires incumplió con tareas de mantenimiento que garantizaran un nivel mínimo de seguridad en la operación. La CNRT reportó graves incumplimientos pero el Estado Nacional concedente no aplicó penalizaciones ni concretó un acuerdo de devolución de la concesión firmado en 2007. Estas y otras conclusiones surgen del informe aprobado el 1/7 por la AGN sobre la gestión de la concesión ferroviaria en el período 2010 a 2013.
A las pocas semanas de asumir como Auditor General de la Nación, fui invitado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a hablar sobre la relevancia, el rol y los desafíos de la Auditoría General de la Nación como organismo de control del Estado Nacional.