Hace un par de semanas, Capital Intelectual editó “Adelante radicales: ochos ensayos (y una ficción)”, compilado y prologado por Andrés Malamud.
En ese libro contribuyo con un capítulo -aquí transcrito- acerca de la proyección del radicalismo fuera de las fronteras de Argentina ya que -en nuestra interpretación- la visión cosmopolita, la integración al mundo, la promoción de los valores democráticos y la construcción de una gobernanza global son signos de identidad de la UCR.
Planteo (en el buen sentido)
En 1900, solo una de cada 100 personas en el mundo vivía en democracia. Hoy esa relación es de 56 por cada 100. En 2018, según el índice que elaboran especialistas de The Economist, 114 países de 167 relevados están considerados dentro de la categoría de democracias: 20 son plenas, 55 imperfectas y 39 híbridas, en tanto que los restantes 53 países tienen regímenes autoritarios. En 1890, el 80 por ciento de la población mundial vivía en la pobreza extrema (menos de 1,90 dólares por día). Hoy, ese porcentaje está por debajo del 10 por ciento. ¿Esto significa que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Nada de eso, pero podríamos establecer una correlación directa entre la democratización y la mejora en las condiciones de vida. Algo que Raúl Alfonsín pregonó con insistencia en su discurso político, a través de su memorable frase: “con la democracia se come, se cura y se educa”.
El informe aprobado en el último Colegio de Auditores sobre el tren Sarmiento llega a una conclusión alarmante: en los cuatro años y medio posteriores al trágico choque en la estación terminal de Once, las elevadas inversiones volcadas al ferrocarril no tuvieron impacto significativo sobre la calidad del servicio de transporte de pasajeros.
Es decir, se invirtió pero no se alcanzó a revertir las deficiencias que presentaba el servicio -ni en los aspectos materiales, como aparatos de vías, señalamiento y frenos automáticos, ni en su gestión.
Foto: Museo Casa Rosada [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]El radicalismo de la Provincia de Buenos Aires me invitó a Mar del Plata el sábado pasado a una mesa debate junto con Martín Tetaz (ver video). A continuación, los conceptos principales.
Hacia el año 1930 la Argentina tenía una riqueza por habitante aproximadamente equivalente a la de Alemania o Canadá. En el 2015 -cuando se retiraba la administración kirchnerista-, la riqueza por habitante había disminuido a la mitad en términos relativos con esos mismos países.
La Argentina hace cuatro años mostraba un estancamiento y un retroceso relativo incluso frente al resto de las naciones latinoamericanas, excepto Cuba y Venezuela.
Regresé esta semana de la segunda reunión anual de la Red Global de Auditores organizada por la OECD donde, si bien el tema principal planteado era el de los desafíos de auditar en la era digital, hubieron sesiones que giraron sobre integridad y transparencia (o su ausencia). Es que la corrupción política que se extiende en América Latina es una preocupación creciente. Sobre ésto y su vinculación con el financiamiento de los partidos políticos -algo que en la Argentina ahora se está debatiendo en el Congreso- realicé algunas reflexiones que publicó este fin de semana el diario Perfil. Abajo transcribo el artículo y agrego algunas notas para quien quiera mayor profundidad sobre algunos temas.
Los golpes de Estado y los autoritarismos fueron, en el siglo pasado, el rasgo distintivo y dominante del paisaje institucional en América Latina. En tanto, las elecciones de 1983 en Argentina iniciaron una dinámica política que llevó a la región a tener en nuestros días –salvo en el caso de Cuba– gobiernos elegidos democráticamente en elecciones que, con la excepción de Venezuela, no han sido cuestionadas en su legitimidad.
Sin indulgencia. Ese gigantesco paso adelante está siendo negativamente afectado, en la mayoría de nuestros países, por resonantes casos de corrupción que ya no cuentan, como en el pasado, con actitudes indulgentes llenas de argumentos economicistas que pretendían justificar la corrupción con los supuestos beneficios de empresas y empresarios audaces, imprescindibles para salir de la trampa del atraso económico.
La corrupción expone la captura del Estado por parte de élites, es una suerte de privatización de la política pública que pone en jaque las instituciones y el estado de Derecho.
Por el contrario, se extiende la convicción de que la corrupción expone, por un lado, la perniciosa captura del Estado por parte de algunas élites que, en ocasiones, exhiben un despliegue a escala supranacional y, por otro lado, esa verdadera “privatización de la política pública” amenaza, al socavar la confianza social en las instituciones, la estabilidad política y la vigencia del Estado de derecho.
El Departamento de Justicia de USA reveló que la empresa Odebrecht obtuvo ganancias por 2996 millones de dólares en sus operaciones en 10 países de América Latina y reconoció haber pagado sobornos por 780 millones de dólares, principalmente en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.
El número de países afectados, la magnitud de los fraudes y su repercusión social han renovado el interés académico sobre el estudio de las posibles razones que explican la existencia de actos de corrupción dejando de lado la simple y equivocada idea, todavía presente en grupos políticos de matriz ideológica conservadora, de que el tamaño del Estado determina el nivel de la corrupción.
Seminario Internacional de Tribunales de Cuentas y Control Público, Quito, Ecuador, febrero de 2019
La gran cuenta pendiente de las democracias globalizadas es la igualdad.
El compromiso de la Agenda 2030 -asumido por 193 países en Naciones Unidas y plasmados en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- aborda esta tarea en varios de los enunciados e incluso dedica el objetivo 10 específicamente a la reducción de la desigualdad.
Sobre este tema y el contexto global en que se desarrolla estuve hablando en ocasión del Seminario Internacional de Tribunales de Cuentas y Control Público realizado por la Contraloría General del Estado de Ecuador.
Los ODS tienen un puntal en control social y participación ciudadana, así como también en el fortalecimiento de las instituciones, y por esto involucra muy de cerca a las entidades de fiscalización superior, como la AGN y la contraloría de Ecuador.
Hace un par de semanas, Capital Intelectual editó “Adelante radicales: ochos ensayos (y una ficción)”, compilado y prologado por Andrés Malamud.
