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Nuevo Número de Escenarios Alternativos

En la sección Protagonistas, bajo el título, LA CAPTURA CRIMINAL DEL ESTADO. UNA HISTORIA MEXICANA, el periodista y escritor mejicano Héctor Aguilar Camín analiza el largo proceso y las imbricaciones del crimen trasnacional organizado en su país.

UCR, UN PARTIDO EN MARCHA, es la habitual nota de Coyuntura Política. El radicalismo sacude la política para afrontar el año electoral. Dilemas y decisiones. El Frente Unen se mantiene y adapta a los cambios estratégicos. Un año de Kicillof, otro año de retrocesos.

Mario Brodersohn se pregunta: ¿ADÓNDE FUE A PARAR EL MAYOR SUPERÁVIT DE LA HISTORIA? Y contesta: El Gobierno dilapidó la oportunidad más fabulosa y clara que ha tenido nuestro país para encarar un crecimiento económico sostenido. Y no creó condiciones que hiciesen atractivo invertir en la Argentina.

PARA GANAR, PARA GOBERNAR es la propuesta del senador Ernesto Sanz acerca del rumbo que hay que trazar en la UCR de cara al año electoral y en respuesta a una ciudadanía que quiere el cambio.

Gabriel Palumbo, en LAS MIL CARAS DEL POPULISMO, repasa la conceptualización de esta categoría tan meneada en la actualidad.

UNA UNIVERSIDAD PARA MILANI, de Marcos Duarte, analiza la reciente creación de la Universidad Nacional de la Defensa dependiente de Agustín Rossi y gobernada por los jefes militares.

QUÉ HACER PARA EVITAR LA PRÓXIMA INUNDACIÓN, por Fabio Quetglas aborda la precariedad de la infraestructura de la Ciudad y el Conurbano bonaerense para afrontar las lluvias severas que son cada vez más frecuentes.

Eduardo Levy Yeyati afirma en, NO VIVIREMOS DE RENTAS, que la encrucijada que enfrenta el país es más compleja que el debate cotidiano entre endeudamiento o devaluación, reducción del gasto o suba de tasas. Es sobre cómo volver a crecer y recuperar capital humano.

En el plano internacional DE UN TIEMPO MEJOR A UNA ENCRUCIJADA. LOS ESCENARIOS DE UN MUNDO HETEROPOLAR, por Juan Gabriel Tokatlian, observa cómo poderes regionales, disputas religiosas, consensos difíciles y nuevos autoritarismos dibujan un planeta en el que la bipolaridad de la Guerra Fría se convirtió en un tablero de fuerzas de integración y conflicto.

Y, Laura Chinchilla Miranda, en EL ÉBOLA DE AMÉRICA LATINA, analiza el impacto posible de la epidemia en nuestra región, caracterizada, entre otras cosas, por las mayores tasas de crecimiento desde los años sesenta.

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YPF y el relato K

Leer esta nota de Daniel Montamat publicada en Escenarios Alternativos ayuda mucho a entender la política del Gobierno de Cristina Kirchner con YPF

cristina-ypf-santa-cruz El debate sobre la posible reestatización de YPF lo instaló el Gobierno, y puede que más por su creciente preocupación por el balance de divisas del país y la necesidad de ajustar el relato a la búsqueda de nuevos culpables que por trazar un análisis estratégico de evaluación del tema. La política energética es la responsable primaria de la pérdida del autoabastecimiento y de las crecientes importaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que se les puede atribuir a las empresas en el manejo de las áreas concesionadas.
La Presidenta tomó conciencia de que “importar energía para agregar valor como hacen otros países” -ése era el guión del relato hasta hace unos meses- ya no cierra, por el impacto del monto de las compras energéticas en las cuentas públicas y externas.
La producción petrolera argentina cayó un 32% de 1998 a hoy, y la de gas, un 13% desde 2004. Las reservas comprobadas de petróleo se redujeron un 18,3% respecto a las de principios de la década pasada; las de gas natural, un 50. Con demanda creciente y producción declinante, la Argentina fue consumiendo el stock subterráneo de barriles, cortando compromisos de exportación con países vecinos e importando cada vez más (gas natural, derivados, electricidad). En consecuencia, la balanza energética, que hasta 2010 era superavitaria en 1000 millones de dólares, pasó en 2011 a ser deficitaria en cerca de 4000 millones.
Uno puede afirmar que la mayor caída de reservas y declinación productiva en valores absolutos en el período corresponde a YPF, y, a partir de allí, estructurar un discurso nacionalista y reestatizador, haciendo a la empresa responsable del déficit energético. Es lo que ha procurado hacer el Gobierno, y de lo que se defiende YPF en sus últimos comunicados subrayando la inversión de los dos últimos años, la planificada para los próximos ejercicios y la tasa de recuperación de reservas apuntalada por los nuevos desarrollos de recursos no convencionales.
Recuperar la propiedad de una empresa emblemática para los argentinos generaría grandes réditos políticos presentes, aunque tendría complicaciones legales, políticas y económicas inmediatas. Hoy son las provincias las titulares del poder concedente, por lo que ellas demandarían una parte en la propiedad y el control de la nueva empresa renacionalizada, sin comprometer recursos en el hipotético costo de la expropiación. Supongamos que se obtenga un acuerdo de Repsol y el nuevo gobierno español para hacerlo, e incluso que se pueda acordar un precio de compra y un mecanismo de pago (algo al contado y el resto en cuotas). ¿Con qué recursos adicionales el Estado va a recapitalizar la empresa y a desarrollar las potencialidades del petróleo y del gas no convencional, que requieren ingentes inversiones?
Algunos piensan que la apropiación de la renta petrolera (diferencia entre precios y costo por barril) de las reservas remanentes, y la posible colocación de deuda o capital que no comprometa el control en la medida de lo posible, permitiría superar la estrechez financiera. El razonamiento está bien encaminado (en el negocio petrolero lo que cuenta es la apropiación y distribución de la renta de un recurso natural), pero es falaz, porque asume que las petroleras se estuvieron llevando todos estos años la parte del león de la renta.
La renta promedio año de la explotación creció al compás de la suba de los precios del petróleo y su incidencia en los precios del gas natural. El barril promedio de petróleo en el trienio 2002-2004 fue de 32,9 dólares; subió a 64,8 dólares en el trienio 2005-2007 y promedió los 80,4 dólares entre 2008 y 2010. Pero la Argentina está divorciada de esas referencias internacionales de precios por retenciones, congelamientos y controles. Esto determinó que la mayor parte de la renta no fuera a parar al bolsillo de las empresas que exploran y explotan el petróleo y el gas; fue a los bolsillos de los consumidores de productos petroleros y sobre todo de gas natural, favorecidos con menores precios (subsidio económico).
En el trienio 2002-2004, un 30% de la renta fue a las empresas, un 35% al Gobierno (Nación y provincias productoras) y un 34% a los consumidores. En el segundo trienio los consumidores recibieron el 50%; el Gobierno, el 31%, y las empresas, el 19%. De la renta del período 2008-2010, un 67% fue a los consumidores, un 25% al Gobierno (regalías, retenciones, impuestos) y un 8% a las empresas. En la medida en que los precios del petróleo fueron aumentando en el mundo, la transferencia de renta petrolera a los consumidores fue creciendo.
Puede sostenerse que, aun con esos niveles de renta, las empresas petroleras que operan en la Argentina siguen dando utilidades y que YPF ha girado la mayor parte de las utilidades al exterior (algo acordado y consentido por el Gobierno); pero lo que no puede desconocerse es que son las reglas que fija y controla el Gobierno las que determinan la gestión y no al revés. En función de estas reglas, el sector petrolero en estos años estuvo sobreexplotando lo que estaba en producción y haciendo mínima inversión para reponer reservas o descubrir nuevos yacimientos (varias bombillas en el mismo mate sin recargar el termo). A su vez, como otras geologías ofrecen condiciones más atractivas de reparto de la renta, no es de extrañarse que parte de la renta apropiada en la Argentina se haya reinvertido en otras latitudes.
Para explotar los hidrocarburos algunos países crean empresas del Estado monopólicas que sólo pueden operar con los privados mediante contratos de servicio (países del Medio Oriente, México, Venezuela, Nigeria). Otras naciones permiten la asociación de la empresa del Estado con empresas privadas en contratos de producción compartida, donde el riesgo exploratorio es asumido por la compañía privada (Colombia, Angola, Rusia y ahora de nuevo Brasil en el pre-sal). El tercer esquema se basa en el otorgamiento de licencias de exploración y concesiones de explotación a empresas privadas, que incluso pueden competir o armar asociaciones con la empresa pública, si ésta existe (Perú, Noruega, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina). Hay empresas controladas por el Estado que son muy eficientes (Staatoil de Noruega); otras, muy eficaces (Petrobras de Brasil, y ahora, Ecopetrol de Colombia). Y hay empresas estatales con mucha interferencia política en su gestión (Pdvsa, Pemex). Los regímenes de exploración/explotación pueden variar y complementarse, pero en todos ellos está en juego la asunción de riesgos, la capacidad de inversión y el reparto de la renta.
Con la intervención discrecional y el cambio de reglas que dominó la apropiación y el reparto de la renta en estos años, la política petrolera entrampó a la industria en el corto plazo. Ninguna variante de gestión pública, privada o mixta puede sobrevivir en el “imperio de lo efímero”. En el contrafáctico es posible imaginar una YPF con control estatal (estilo Petrobras de Brasil) y management muy profesional (estilo Staatoil de Noruega), y concluir que la producción y las reservas de la Argentina hubieran evolucionado mucho mejor. Pero la realidad es que vendimos el control de YPF a España cuando el barril cotizaba 12 dólares, y que hoy se discute recomprarla cuando el barril cotiza 100 dólares. Vendimos barato y compraríamos caro. Todo bajo administraciones del mismo signo político y por razones coyunturales (financiar la maltrecha convertibilidad en los años 90, y tener un chivo expiatorio ahora). Sería para el libro de récords de Guinness.
La prioridad energética para revertir la declinación productiva y reponer más reservas es cambiar la política vigente, reinstitucionalizar el sector y generar certidumbre de largo plazo con políticas de Estado que reflejen los consensos básicos entre el oficialismo y la oposición.

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Crisis Energética: Los Desafíos y los Consensos Imprescindibles

o_crisis-energetica-300x280 Estimaciones confiables señalan que, en el mundo,  alrededor de 2400 millones de personas dependen de la biomasa ( madera, ramas, hierba y estiércol) como fuente combustible y que cerca de 1600 millones carecen de acceso a la electricidad.

Al mismo tiempo se verifica una asimetría geográfica en el mercado ya que los países del NAFTA y Europa, juntamente con China, Japón y la India consumen dos tercios del suministro total de petróleo y disponen de sólo el 8 % de las reservas mundiales. En materia de gas, en tanto, esos mismos países consumen alrededor de la la mitad del total y disponen de alrededor del 9 % de las reservas.

Estos datos serían suficientes para llamar la atención sobre un tema relevante a escala global. Así, el problema de  la llamada seguridad energética, que en el pasado sólo hacía referencia a la noción de acceso, hoy se ha complejizado  y adiciona la idea de la diversificación de las fuentes.

En el caso de nuestro país el problema se agiganta por los déficits que hemos acumulado en la última década. De ahí que constituya un hecho auspicioso que el Radicalismo haya organizado recientemente el Foro de Política Energética para el Desarrollo Sustentable con la participación de desta  cados especialista de nuestro Partido, de otras fuerzas políticas y expertos independientes.

En ese Foro quedó demostrado que la Nación requiere la formulación de un Plan de largo plazo técnicamente factible, financieramente viable y ambientalmente aceptable por los ciudadanos; que debemos recuperar la producción nacional de hidrocarburos, en persistente decadencia desde 1998 en el caso de petróleo y desde 2004 en el caso del gas; que la industria refinadora debe operar en niveles de eficiencia competitiva; que el diseño de una estrategia de inversión en nuevas centrales eléctricas significa adoptar políticas públicas proactivas y que la definición de una estrategia nucleoeléctrica debe coordinar las capacidades de científicos, tecnólogos, instituciones públicas y empresas.

El encuentro sirvió para demostrar que el Radicalismo es un actor político dispuesto a trabajar en la construcción de  los consensos imprescindibles para abordar los Desafíos Políticos, Económicos y Ambientales de la década que se inicia en el Sector Energético.

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Lecturas recomendadas

En la nueva edición del Portal que edito desde hace varios años, Escenarios Alternativos, hay notas verdaderamente interesantes. Por caso, además del habitual panorama político, está el análisis de la  coyuntura económica de José María Fanelli donde se analiza la sostenibilidad de la situación y los posibles impactos de la dinámica política y, entre otros,  un análisis del Profesor  Juan Gabriel Tokatlián sobre los resultados de la llamada “guerra contra las drogas” y, en consecuencia, la necesidad de construir un nuevo paradigma transformador y realista.

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Desigualdad y Democracia

La región de América Latina  no sólo es la más desigual del planeta sino que, además, el país menos desigual lo es en mayor medida que cualquier otro de los países del mundo desarrollado. Esa desigualdad social es en América  Latina, y también en nuestro país,  un riesgo para la estabilidad democrática y la convivencia pacífica.

El análisis de los datos  de la Argentina, a pesar de las manipulaciones oficiales, permite comprobar que de las personas cuyos ingresos familiares no superan la línea de pobreza, el 40% son niños menores de 15 años y que el gran Buenos Aires concentra el 46% de las personas pobres del país.

Esta  dramática realidad , que desafía la conciencia  social, se manifiesta  a pesar de la recuperación económica y de los casi 10 puntos del PBI que aumentó el gasto público en los últimos ocho años lo que evidencia, al menos, un muy discutible orden de prioridades en la gestión del matrimonio gobernante.

De allí que resulta imperioso que en la inminente discusíón presupuestaria, el Congreso propicie normas que, alejadas de todo facilismo económico, atiendan el problema de la desigualdad.

Para ello, resulta indispensable consagrar por Ley la Asignación Universal por Hijo  que recién a fines del año pasado implementó el Gobierno, de manera parcial,  como resultado de la presión política, el reclamo social  y la recomendación académica. Esta Asignación debiera ser más abarcativa y transparente – evitando errores de exclusión y minimizando el clientelismo- y, además, prever un mecanismo de actualización ya que la decidida en Diciembre lleva perdido hasta ahora un cuarto de su capacidad de compra por efecto del crecimiento de los precios de los alimentos.

Si recorremos este camino es posible que la Argentina empiece a dejar de  ser “ el fracaso distributivo experimentado como pocos países del mundo” como lo señalo Leonardo Gasparini  Director del  CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, un centro de excelencia de la Universidad de La Plata , que cuando lo visitamos a principios de Julio nos informó que funcionando eficaz y plenamente la Asignación Universal puede llevar la situación de desigualdad de nuestro país a los niveles de mediados de la década del ochenta. Parece poco, pero dejar atrás las consecuencias, en términos de la estructura social, de la convertibilidad y los populismos -de los noventa y actuales- constituiría un avance extraordinario.