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Abandonar la “necrofilia ideológica”

La autorización legislativa para el endeudamiento con el FMI -resultado del Acuerdo de Facilidades Extendidas por un monto equivalente a la deuda con el organismo, más el adicional de 4000 millones de dólares para “financiar el déficit fiscal primario”- permitió eludir, al menos en el muy corto plazo, las dramáticas consecuencias de incurrir en atrasos con la institución multilateral.

Con la sanción del Congreso termina una etapa, que se extendió por más de dos años, signada por la “cronoterapia”: la ilusoria espera que el mero paso del tiempo resolviera las insalvables contradicciones internas del consorcio oficialista.

Hasta el tratamiento de esta ley en el Congreso, el extravagante dispositivo de poder del oficialismo impidió, por ejemplo, la consideración por parte del Senado de las nominaciones presidenciales para sus cargos del Procurador General, del Presidente del Banco Central y de la Directora de la Agencia Federal de Inteligencia.

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El Congreso y el Fondo: crisis profunda, alta responsabilidad

Introducción

El 28 de enero, el Presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.

El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.

Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.

Los anuncios del Ministro de Economía en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.

Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.