La Asamblea Nacional de la  República Bolivariana de Venezuela votó afirmativamente una propuesta gubernamental para estudiar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los cuestionamientos del Gobierno de Chávez al desempeño de la CIDH no son nuevos y tienen un antecedente importante en el Informe que la Comisión produjo sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a fines del año 2010.

El Informe, que dictamina  que en Venezuela se atenta contra la Democracia y los Derechos Humanos,  pudo realizarse a pesar que, desde el año 2003,  el Gobierno de Chávez viene impidiendo  la visita de la Comisión al país. Ese procedimiento de visitas en el terreno es algo que ha distinguido  el trabajo de la Comisión en los alrededor de 90 informes que ha realizado en diferentes países y circunstancias desde su creación, hace más de cincuenta años.

En los últimos años pude visitar Venezuela en varias oportunidades. En ocasiones  integrando la misión  de análisis de la situación política del país de la Internacional Socialista  y,  también,  como observador a las elecciones legislativas  y a las elecciones abiertas  de la coalición opositora, a principios de este año, donde masivamente surgió la candidatura de Henrique Capriles como candidato a Presidente para enfrentar a Chávez en la elección de Octubre de este año. En esas visitas comprobé la desnaturalización del sistema democrático y el impacto que el populismo político y el facilismo económico tienen en una sociedad con muchas asignaturas pendientes a pesar del “boom” petrolero.

Ahora bien, la iniciativa del Gobierno de Chávez de negarle competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene implicancias de otro tipo y que alcanzan a nuestro país. Ello es así porque La concreción de esa iniciativa embiste contra el espíritu del Mercosur ya que, por el Protocolo de Asunción para Derechos Humanos del año 2005, los países miembros   se comprometen a la promoción y protección de ellos. En  efecto, en los fundamentos de dicho instrumento los países reafirman los principios y normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el artículo séptimo de la parte dispositiva, determinan que el presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.

Es de esperar, por muchas razones, que el Gobierno de Chávez no avance en su propósitos y que el Gobierno de Cristina Kirchner se esfuerce en disuadirlo. En primer lugar porque la defensa y promoción de los Derechos Humanos no debe reconocer fronteras y ,en segundo término, porque si lo hiciera afectaría, aún más de lo que está, al Mercosur .

Por último, y no menos importante, porque los Argentinos de bien tenemos una deuda histórica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA  que, cuando la dictadura asolaba nuestro país, nos visitó y produjo un Informe que constituyó un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de la Democracia.

Es sabido que América Latina es la región más desigual del mundo. En cambio, es poco conocido que otro triste atributo la distingue: ser una de las más violentas del planeta.

En efecto, en la última década los homicidios crecieron de manera sostenida llevando a que la región sufra una epidemia de violencia que, de acuerdo a la OMS,  se alcanza cuando se supera el límite de 10 homicidios por 100 mil habitantes.

En nuestra  región de América Latina  los países centroamericanos son, junto con México, los más afectados con cifras que para la última década oscilan entre 40 y 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, que se contrasta desfavorablemente con el promedio mundial de 6,9  y que, incluso, supera el promedio de 17,4 que tiene el continente africano.

En Guatemala, donde estoy esta semana en función de mi responsabilidad como Coordinador del Programa de Fortalecimiento Legislativo de FLACSO  que capacita legisladores nacionales de todos los países de América Latina, la ciudad capital tiene tasas superiores a 100 homicidios año, siendo los niños, niñas y jóvenes – particularmente de sectores medios y bajos- uno de los grupos más vulnerables.

Los estudios realizados indican tres causas básicas que explican la situación: el tráfico de drogas, la violencia juvenil y la disponibilidad de armas de fuego. En relación  a este último punto, se estima que en América Latina existen entre 40 y 65 millones de armas de fuego.

Sin embargo, es difícil pensar que la situación de violencia no tenga alguna relación con la historia reciente de Guatemala que, hasta los acuerdos de paz en el año 1976, sufrió una guerra por casi cuarenta años que incluyó la persecución y muerte de decenas de miles de indígenas, desplazamiento forzado de población civil y sucesión de generales en la presidencia, uno de los cuales era conocido con el nombre de “El Chacal”.

Como en otros muchos países, Sudáfrica entre ellos, la experiencia de la CONADEP fue tomada como antecedente para la investigación y esclarecimiento del pasado. En el caso de Guatemala fueron los Obispos de la Iglesia Católica quienes  redactaron el  Informe Guatemala Nunca Más: Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica

Como dice Joaquín Villalbos, un ex comandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador, Centroamérica -una región violenta, pobre, políticamente inestable y la más vulnerable a los desastres naturales del continente- no puede salvarse sola y necesita de un vasto plan de cooperación internacional que le permita superar la cultura de convivencia con la violencia que existe en las élites. 

En su discurso de hoy en Ushuaia, al recordarse el aniversario de la invasión a Malvinas, la Presidenta Cristina Kirchner afirmó que  aquella “ no fue una decisión del pueblo argentino”. Sin embargo, es necesario reconocer que en 1982 el desembarco en Malvinas contó con la adhesión social y de casi la unanimidad de la dirigencia, tanto política como empresaria, sindical y social. Unos honesta o ingenuamente, otros por seguidismo y algunos por oportunismo dejaron en soledad a quienes, como el Dr. Raúl Alfonsín, calificaron la acción como una “aventura” que traería graves consecuencias.

La guerra contribuyó a que las consecuencias del terrorismo de Estado siguieran excluidas de la consideración social a pesar de que, como bien documenta Graciela Fernández Meijide en su libro La Historia Intima de los Derechos Humanos en la Argentina, Amnesty International publicara en febrero de 1980 el “Testimonio sobre los campos clandestinos de detención en la Argentina”; ya se conociera el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que se hubieran publicado  solicitadas, como la de Clarín en Agosto de 1980, donde se reclamaba al Gobierno que “ se publiquen las listas de los desaparecidos y se informe el paradero de los mismos”.

Una muestra de esa extraña y dolorosa convivencia de desinterés social por la causa de los derechos humanos y la aventura de Malvinas  es que la primera víctima de la guerra haya sido alguien denunciado por estar involucrado en la represión ilegal

Otro ejemplo poco edificante es saber que el “malvinero” Presidente Kirchner, condición compartida con la Presidente según reconoció ella hoy en su discurso, haya apoyado la acción militar en su ciudad natal de Río Gallegos. Sobre todo cuando al momento del desembarco en Puerto Argentino, los organismos de Derechos Humanos – particularmente la APDH – ya habían recibido miles de  denuncias y documentado la desaparición de 5580 personas.