Artículo publicado en el suplemento “1945-2025: Protagonistas x Protagonistas” por los 80 años del Diario Clarín.
El año 1983 significó el inicio de un auténtico cambio de época en la Argentina, que además contribuyó de manera decisiva a la democratización del cono sur de América Latina, a pesar de las tensiones propias de la Guerra Fría y la polarización entre las superpotencias que dominaban la escena global.
El régimen del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) dejó nuestro país sumido en una poli crisis signada por un inédito descrédito internacional como resultado de una guerra perdida contra una potencia de la OTAN, el desconocimiento de un laudo arbitral en un litigio que casi nos condujo a un conflicto armado con Chile, la participación de oficiales del Ejército Argentino en el entrenamiento de fuerzas irregulares en Centroamérica y el involucramiento en un golpe de Estado en un país limítrofe; por las consecuencias del terrorismo de Estado y la represión ilegal a la violencia de grupos armados y por los resultados de una política económica que dejó una deuda externa estatizada que amplificó una pronunciada crisis fiscal y una inflación anual de tres dígitos que reforzó el estancamiento productivo iniciado en el gobierno peronista precedente.
El presidente Raúl Alfonsín se propuso un objetivo cardinal: terminar con la dinámica de golpes militares recurrentes que habían caracterizado la vida institucional del país desde el primer alzamiento en 1930, y tenía la convicción que el cumplimiento de ese propósito requería que la democracia también se arraigara en la región.
De ahí su empeño en favorecer sus avances en los países vecinos que se concretaron primero en Uruguay, luego en Brasil y en Paraguay. En el mismo sentido debe verse el Tratado de Paz y Amistad con Chile, validado por una consulta popular no vinculante con cerca de diez millones de votos afirmativos y, también, por la aceptación de la iniciativa pacificadora por la oposición democrática chilena a la dictadura trasandina imperante.
En la misma línea de elevar la reputación positiva de nuestro país debe computarse la constitución del Grupo de los 6 Por La Paz y el Desarme integrado por nuestro país y los gobiernos de México, Grecia, Suecia, India y Tanzania que surgió en una circunstancia de alta tensión internacional por la carrera armamentista de las superpotencias, así como los Acuerdos de Asociación Estratégica con España e Italia.
Aquí en el continente sobresalen los acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil que sentaron las bases para la creación del Mercosur, en 1991, que aventaron rivalidades obsoletas.
La decisión del Proceso a semanas de la elección presidencial de sancionar una amnistía, tanto por delitos cometidos por motivaciones políticas como por hechos en ocasión de acciones dirigidas a conjurarlos, fue afrontada por el gobierno del presidente Alfonsín con una batería de iniciativas: la declaración de insanablemente nula por parte del Congreso; el dictado de dos decretos por los cuales se instruía a la Procuración General de la Nación iniciar acción penal a lideres de las organizaciones guerrilleras y se ordenaba como Comandante en Jefe el inicio de juicios sumarios a los integrantes de tres Juntas Militares; la creación de la CONADEP para recopilar información de las víctimas sobre el accionar represivo y la reforma legal del Código de Justicia Militar que habilitaba, resguardando el principio del juez natural, la apelación en sede civil de lo actuado por el Tribunal Militar.
Este conjunto de acciones permitió que en los tribunales ordinarios, con todas las garantías del debido proceso, se juzgara y se condenara a los máximos responsables del PRN en un hecho inédito de justicia transicional que sirvió como antecedente jurisprudencial en juicios posteriores, como los sustanciados por asesinatos a ciudadanos alemanes al intentar trasponer el Muro de Berlín luego de la implosión de la URSS.
Por su parte, también la constitución y la labor de la CONADEP fue antecedente de la creación de otras Comisiones de la Verdad, por ejemplo en varios países de Centroamérica luego de guerra intestinas, y en Sudáfrica con la finalización del Apartheid, el régimen de segregación racial aplicado entre 1948 y 1994 que cercenaba derechos esenciales a la mayoría de la población, en razón de su color de piel.
Así, la democracia naciente cumplía el compromiso del presidente de afrontar las consecuencias de la violencia política, método consentido por amplios sectores sociales durante demasiado tiempo, rechazando tanto la claudicación ética que suponía negar lo sucedido como asumirlo con vocación de revancha.
Por otro lado, el gobierno democrático asumió en medio de una situación socioeconómica muy compleja: una economía endeudada con intereses anuales equivalentes al 7% del PIB que incumplía sus obligaciones externas, finanzas públicas desbordadas con un déficit fiscal del 15% del PIB y un ingreso por habitante inferior al registrado al inicio del Proceso militar.
Los esfuerzos del primer gobierno de la democracia instaurada no fueron suficientes para atender los desafíos económicos y el tormentoso final, que estuvo lejos de la ilusión de los inicios, no se explica por los fundamentos del análisis económico.
Antes, al contrario, el vendaval que azotó a la sociedad en el último tramo del gobierno solo se entiende por la falta de capacidad del sistema político de sentar las bases para la formulación de un patrón productivo sostenible, social y económicamente.
Ese déficit del sistema político estuvo reforzado por el accionar de los que no se resignaban a dejar atrás la violencia como método de acción política expresado en los tres intentos de golpes de Estado y en el ataque guerrillero a un cuartel militar por parte de una patrulla perdida de la guerrilla guevarista, casi al final del mandato.
Otra sustancial fuente de incertidumbre, nociva compañía para el éxito de un programa económico, fue la reacción de la dirigencia sindical, en ocasiones con acompañamiento de organizaciones empresarias, que organizó 13 paros generales y generó 3840 conflictos sectoriales durante todo el periodo de gobierno. Pese a todo, el gobierno del presidente Alfonsín pudo sortear todos los obstáculos y cumplir su objetivo primordial al traspasar el mando por primera vez en el siglo a un presidente libremente elegido de otro signo político, dando inicio al tramo más extenso de vigencia del orden democrático de la historia argentina.