En su discurso de hoy en Ushuaia, al recordarse el aniversario de la invasión a Malvinas, la Presidenta Cristina Kirchner afirmó que aquella “ no fue una decisión del pueblo argentino”. Sin embargo, es necesario reconocer que en 1982 el desembarco en Malvinas contó con la adhesión social y de casi la unanimidad de la dirigencia, tanto política como empresaria, sindical y social. Unos honesta o ingenuamente, otros por seguidismo y algunos por oportunismo dejaron en soledad a quienes, como el Dr. Raúl Alfonsín, calificaron la acción como una “aventura” que traería graves consecuencias.
La guerra contribuyó a que las consecuencias del terrorismo de Estado siguieran excluidas de la consideración social a pesar de que, como bien documenta Graciela Fernández Meijide en su libro La Historia Intima de los Derechos Humanos en la Argentina, Amnesty International publicara en febrero de 1980 el “Testimonio sobre los campos clandestinos de detención en la Argentina”; ya se conociera el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que se hubieran publicado solicitadas, como la de Clarín en Agosto de 1980, donde se reclamaba al Gobierno que “ se publiquen las listas de los desaparecidos y se informe el paradero de los mismos”.
Una muestra de esa extraña y dolorosa convivencia de desinterés social por la causa de los derechos humanos y la aventura de Malvinas es que la primera víctima de la guerra haya sido alguien denunciado por estar involucrado en la represión ilegal
Otro ejemplo poco edificante es saber que el “malvinero” Presidente Kirchner, condición compartida con la Presidente según reconoció ella hoy en su discurso, haya apoyado la acción militar en su ciudad natal de Río Gallegos. Sobre todo cuando al momento del desembarco en Puerto Argentino, los organismos de Derechos Humanos – particularmente la APDH – ya habían recibido miles de denuncias y documentado la desaparición de 5580 personas.