El gran historiador Eric Hobsbawm consideraba al Siglo XX como el más violento de la historia de la Humanidad, y en nuestro país, la violencia política, junto a la ajuricidad – entendida como el desprecio al sano ejercicio del respeto a las normas – fue un componente distintivo que caracterizó la vida pública hasta la instauración democrática de 1983.
El golpe de estado de septiembre de 1930 marcó el inicio de una serie de interrupciones institucionales convalidadas por la insólita acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoció la legalidad a ese y a los futuros gobiernos de facto. Además, constituyó, la justificación a la teoría de que “el fin justifica los medios” , la cínica noción que ignora que ningún objetivo loable puede ser la excusa para recurrir a medios innobles.
Así fue como nuestra historia del siglo XX registra bombardeos a la población civil desarmada en La Paz, Entre Ríos, en enero de 1932 cuando 7 aviones de guerra sembraron la muerte para sofocar un alzamiento radical – que dejó 11 muertos – contra la dictadura de José Félix Uriburu. En junio de 1955, el ataque de la aviación naval sobre la Plaza de Mayo dejó centenares de muertos y heridos en la Plaza de Mayo.
También hubo fusilamientos de civiles y uniformados, tanto de opositores al peronismo como la matanza de Cosquín, Córdoba, en setiembre de 1955 donde hasta un bebé de 7 meses falleció por las balas ordenadas por las autoridades, y de seguidores de Perón, como el muy documentado fusilamiento de José León Suarez, Provincia de Buenos Aires en junio de 1956.
Con ese telón de fondo, en ocasión de cumplirse 50 años del golpe de estado de marzo de 1976, se instaló en la conversación pública una discusión acerca de cómo la democracia instaurada en 1983 había tratado la violencia política sufrida por la sociedad argentina en los años setenta, una década donde las armas buscaron sustituir a las palabras en la acción política y donde el olor a pólvora intoxicó la conversación pública.
Cinco semanas antes de la elección de octubre de 1983, la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) intentó saldar con una amnistía las consecuencias de la “guerra popular y prolongada” de las organizaciones armadas y la acción de las Fuerza Armadas con su doctrina de “guerra ideológica integral y permanente”.
En efecto, con la disposición de facto 22924 por la cual se liberaba de la persecución penal a los integrantes de las organizaciones político-militares por los “delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva “, como a los jerarcas del PRN por “los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”. Se establecía, también, que los efectos de la ley alcanzaban a “los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”.
Esta amnistía tout cour – combatientes, uniformados, parapoliciales y paramilitares o, simplemente ladrones y estafadores – fue declarada insanablemente nula por la Ley 23040 la primera norma legal sancionada por el Congreso doce días después de la asunción del presidente Raúl Alfonsín.
El dispositivo normativo para atender la ordalía de violencia incluyó el dictado, al tercer día de ocupar la Casa Rosada, de dos decretos. En el primero, el presidente dispuso instruir al ministerio público a iniciar persecución penal a siete jefes guerrilleros que habían liderado las principales organizaciones armadas, y en el otro, en su condición de Comandante en Jefe ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas proceder al juzgamiento de los integrantes de las tres primeras juntas militares del PRN.
En otro decreto, dictado dos días más tarde, se creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que – presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por destacadas personalidades de la vida pública y que, a pesar de la invitación al Congreso, la representación parlamentaria del peronismo rehusó integrar – con su extraordinaria tarea permitió constatar 8961 desaparición de personas y la existencia de 340 centros clandestinos de detención diseminados por todo el territorio.
El marco legal para el abordaje sistémico al legado violento de la Argentina del siglo XX se completó con otra ley que modificó el Código de Justicia Militar que, sin cambiar el principio de juez natural en causas penales, incorporó una apelación a la Cámara Federal de la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y, también, la posibilidad de que la Cámara se avocara en caso de incurrir el Consejo Supremo en demoras injustificadas.
Este andamiaje jurídico permitió honrar el compromiso electoral y que se desarrollara el histórico Juicio a los integrantes de las tres primeras juntas de comandantes del PRN que, ciertamente, constituye un destacado hito de recomposición de la reputación de la Nación Argentina en el plano internacional, seriamente dañada, entre otras, por el terrorismo de Estado y la Guerra de Malvinas.
La falta de precisión en términos normativos sobre el deber de obediencia en el plano militar y las dilaciones de las cámaras federales, salvo la de la Capital Federal, en avanzar en los juicios llevó a la Administración a proponer una norma legal para acelerar los procesos judiciales y, luego, otra para definir los grados de responsabilidad del personal militar.
Así como la creación de la Conadep sirvió como antecedente en distintos países de América Latina y en Sudáfrica tras el fin del régimen del “apartheid”, la sentencia del Juicio fue tenida en consideración en los procesos penales en Alemania al momento de juzgar los homicidios de personas que intentaban cruzar el Muro de Berlín.
Redimir el pasado violento, pero ajustado a derecho y con todas las garantías constitucionales no estuvo exento de riesgos ni peligros, como lo demuestran los tres intentos de golpes militares y el ataque a un cuartel militar por parte de grupos residuales de las organizaciones armadas ocurridos en el primer turno de la democracia.
El criterio rector que orientó todas las iniciativas del gobierno de la democracia instaurada era rechazar tanto la pretensión de revancha como la de negarse a revisar el pasado violento, porque ello constituiría una inaceptable claudicación ética.
Además, enjuiciar la violencia política, particularmente la represión ilegal, tenía por propósito prevenir de manera eficaz la reiteración de los trágicos sucesos sin poner en tela de juicio el porvenir democrático.
La administración siguiente del presidente Menem, la primera transición entre dos presidentes democráticos de distinto signo político en el siglo, antes de reprimir otro intento de golpe militar, dictó dos decretos por los cuales se indultó a 220 militares, entre ellos altos jefes condenados a reclusión perpetua en el Juicio a los Comandantes, y 70 civiles integrantes de organizaciones político – militares.
En este siglo, en 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las normas legales sancionadas luego del Juicio a los Comandantes por lo que se reanudaron las actuaciones en múltiples juicios orales y públicos.
Este recorrido permite comprobar la falsía de la afirmación del presidente Néstor Kirchner cuando en un acto público en 2004 se permitió “pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”. En la misma línea de la pretensión de reescribir la historia se inscribe la nota introductoria al Nunca Más, el Informe de la Conadep que lleva más de 30 ediciones y alrededor de 800 mil ejemplares vendidos.
En la presente Administración, en tanto, conviven una reposición del rancio negacionismo que le impide categorizar como dictadura al PRN y lo llama, apenas, régimen, junto a quienes no solo ignoran el contenido de la sentencia de la Cámara que juzgó a los Comandantes – que incluye decenas de páginas con los antecedentes detallados de las acciones de las organizaciones armadas, con particular énfasis en las ocurridas en el periodo constitucional precedente, y la de las violencia paraestatal protegida en el mismo periodo – sino que ocultan, además, la extradición, juzgamiento y condena de los creadores y jefes de la organización político – militar peronista y de la banda paraestatal de la AAA, Mario Firmenich y Jose López Rega.
Ese intento de reescribir la historia o de negar la evidencia, si bien replica la figura simbólica del “Gran Hermano” de George Orwell que justificaba la manipulación de la verdad con la convicción de que: “quien controla el pasado controla el futuro”, ha sido desmentido, a cincuenta años del inicio de la dictadura, por la realidad de las pacíficas marchas multitudinarias en las calles de la República y por las ediciones especiales de los medios de comunicación social, gráficos y audiovisuales, que recordaron las consecuencias de la noche más larga, más oscura y más dolorosa de la Argentina contemporánea.
Una versión reducida de esta nota fue publicada en Clarín el día 1/4/2026