El Tratado Unión Europea – Mercosur, una de las principales razones de ser de nuestro nuevo gobierno

“La magnitud de los problemas que debe afrontar el país y la transformación social que está sufriendo el mundo obligan a todos los argentinos a expresar su criterio sobre la forma en que deben encarar las cuestiones de orden interno y externo.”

 

El marco global

El texto que encabeza esta reflexión es un fragmento de la histórica Declaración de Avellaneda de la Unión Cívica Radical del mes de abril de 1945 y nos anima a encarar el análisis del Acuerdo Birregional anunciado el 28 de junio en Bruselas que es, esencialmente, una decisión política asumida por Estados organizados en una instancia intergubernamental, el Mercosur, y una asociación política, la Unión Europea.

El carácter político de esa decisión está alineado con las razones que dieron origen a ambas instituciones. En el caso europeo, el tratado de Roma de 1957, continuidad del que creó la Comunidad del Carbón y del Acero, estuvo fundado en terminar con los conflictos que convirtieron a Europa, en el siglo XX, en territorio de dos guerras mundiales. Los antecedentes del Mercosur, por su parte, se remontan a la voluntad de Argentina y Brasil, durante la Presidencia del Dr. Alfonsín, de dejar atrás una historia común de desconfianzas y sospechas.

El Acuerdo, que se concreta después de treinta y nueve reuniones formales del Comité de Negociaciones Birregionales (órgano encargado de la negociación) desarrolladas desde su lanzamiento en el año 2000, se compone de tres pilares: un tratado de cooperación, otro de diálogo político y uno de libre comercio.

En rigor, el Acuerdo debe ser analizado en el contexto de los dos procesos que caracterizan, con flujos y reflujos, los asuntos globales en las últimas décadas: la democratización y la globalización. Continuar leyendo “El Tratado Unión Europea – Mercosur, una de las principales razones de ser de nuestro nuevo gobierno”

Chávez, los Derechos Humanos y el Mercosur

1201_cristina_chavez_g_tel.jpg_687088226 La Asamblea Nacional de la  República Bolivariana de Venezuela votó afirmativamente una propuesta gubernamental para estudiar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los cuestionamientos del Gobierno de Chávez al desempeño de la CIDH no son nuevos y tienen un antecedente importante en el Informe que la Comisión produjo sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a fines del año 2010.

El Informe, que dictamina  que en Venezuela se atenta contra la Democracia y los Derechos Humanos,  pudo realizarse a pesar que, desde el año 2003,  el Gobierno de Chávez viene impidiendo  la visita de la Comisión al país. Ese procedimiento de visitas en el terreno es algo que ha distinguido  el trabajo de la Comisión en los alrededor de 90 informes que ha realizado en diferentes países y circunstancias desde su creación, hace más de cincuenta años.

En los últimos años pude visitar Venezuela en varias oportunidades. En ocasiones  integrando la misión  de análisis de la situación política del país de la Internacional Socialista  y,  también,  como observador a las elecciones legislativas  y a las elecciones abiertas  de la coalición opositora, a principios de este año, donde masivamente surgió la candidatura de Henrique Capriles como candidato a Presidente para enfrentar a Chávez en la elección de Octubre de este año. En esas visitas comprobé la desnaturalización del sistema democrático y el impacto que el populismo político y el facilismo económico tienen en una sociedad con muchas asignaturas pendientes a pesar del “boom” petrolero.

Ahora bien, la iniciativa del Gobierno de Chávez de negarle competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene implicancias de otro tipo y que alcanzan a nuestro país. Ello es así porque La concreción de esa iniciativa embiste contra el espíritu del Mercosur ya que, por el Protocolo de Asunción para Derechos Humanos del año 2005, los países miembros   se comprometen a la promoción y protección de ellos. En  efecto, en los fundamentos de dicho instrumento los países reafirman los principios y normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el artículo séptimo de la parte dispositiva, determinan que el presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.

Es de esperar, por muchas razones, que el Gobierno de Chávez no avance en su propósitos y que el Gobierno de Cristina Kirchner se esfuerce en disuadirlo. En primer lugar porque la defensa y promoción de los Derechos Humanos no debe reconocer fronteras y ,en segundo término, porque si lo hiciera afectaría, aún más de lo que está, al Mercosur .

Por último, y no menos importante, porque los Argentinos de bien tenemos una deuda histórica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA  que, cuando la dictadura asolaba nuestro país, nos visitó y produjo un Informe que constituyó un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de la Democracia.