Un 24 de marzo, hace 50 años, se iniciaba la última dictadura militar. Muchos argentinos creyeron que era una insurrección militar más de la larga serie iniciada en septiembre de 1930, que inauguró el círculo vicioso de la inestabilidad institucional y la violencia política en nuestro país, un ciclo que sería finalmente interrumpido con la instauración democrática liderada por Raúl Alfonsín en 1983.
Nadie hubiera aventurado que ese golpe de Estado fuera el que clausuraría la serie, entre otras cosas porque ese gobierno de facto abrió la puerta a la más grave y completa exhibición de la patología política de la Argentina del siglo pasado: la ajuridicidad, combinada con niveles aterradores de violencia nunca antes desplegados desde el Estado.
El golpe se inscribió en un contexto geopolítico mundial de alta polarización que enfrentaba el bloque occidental y capitalista con el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, la llamada Guerra Fría. En nuestra América Latina los Ejércitos nacionales, instruidos en la Doctrina de la Seguridad Nacional aplicada para toda la región, se arrogaban la misión de resguardar los valores de occidente, combatiendo a las organizaciones político-militares identificadas como pro comunistas, que se atribuían la representación del pueblo sojuzgado por esas fuerzas armadas regulares consideradas como de ocupación en el territorio nacional.
En la región, el golpe en la Argentina estuvo precedido por la sangrienta dictadura chilena de Pinochet, iniciada en septiembre de 1973 –en el contexto de la lucha contra el comunismo que suponía el gobierno de Salvador Allende-, y por la disolución del Congreso en Uruguay en junio de ese mismo año.
El levantamiento militar de 1976 desalojó del poder a un gobierno que, con su clara ineptitud y manifiesta improvisación, aumentaba la desconfianza social en las instituciones y que, con su accionar, fogoneaba la violencia política.
La muerte del presidente, general Juan D. Perón, aceleró la crisis económica en ciernes, amplificada por el impacto del adverso contexto global causado por la crisis del petróleo, y potenció el conflicto interno del partido gobernante, una disputa a cielo abierto del peronismo, que se manifestó desde el mismo inicio del gobierno asumido en mayo de 1973 y que se expresó con la intervención de cinco provincias conducidas por sectores enfrentados a la conducción del líder.
En los 33 meses de gobierno del justicialismo se sucedieron cuatro Presidentes. La última presidencia estuvo a cargo de la viuda y vicepresidente María Estela Martínez de Perón. En esos meses se renovó el gabinete de ministros en numerosas oportunidades. Solo un ministro sirvió a todos los presidentes peronistas de entonces: José López Rega, el creador de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), la banda armada paraestatal que inició sus acciones criminales con el atentado al Senador Radical Hipólito Solari Yrigoyen.
Las últimas semanas del gobierno constitucional se vivieron a ritmo de vértigo y estuvieron dominadas por la violencia. Por caso, solo en el mes de diciembre, se destaca un fallido conato de golpe a cargo de oficiales de la Fuerza Aérea que tomaron el Aeroparque, y el sangriento intento de tomar una unidad militar en el Área Metropolitana de Buenos Aires, frustrado por la oportuna reacción militar alertada por informantes infiltrados en la organización armada atacante.
La percepción social de la situación económica era de descontrol de las variables claves, a lo que contribuía, por ejemplo, la realización de un lock out –o huelga patronal- por primera vez en la historia argentina, en el mes de febrero.
En ese mismo mes, el Congreso, que tenía mayoría oficialista, inició el tratamiento de un proyecto de Juicio Político a la Presidenta. En ese contexto -con un oficialismo sin rumbo ni conducción y paralizado por las peleas internas- y en un clima político contaminado por el olor a pólvora, la madrugada del 24 de marzo un locutor oficial anunció que “a partir de este momento el país se encuentra bajo control operacional de la Junta Militar”.
Esa junta militar que tomó el control del Estado era un triunvirato formado por los jefes máximos de las FF.AA. que autodenominó la etapa por venir como: Proceso de Reorganización Nacional (PRN) y justificó la toma del poder por el “vacío de poder” provocado por el gobierno peronista, soslayando que el golpe se produjo a solo seis meses de las elecciones generales para renovar todo el Congreso, el elenco completo de gobernadores y el titular del Poder Ejecutivo.
También, algunos propagandistas y defensores del PRN argumentaron sobre los “abusos de poder” del gobierno depuesto como justificación, ignorando el alcance, el significado y las consecuencias de remover a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la clausura del Congreso de la Nación, Legislaturas y Concejos Deliberantes; la intervención a Provincias y Municipios y la ilegalización de los partidos políticos y los sindicatos entre otras tempranas decisiones de la dictadura.
La excusa de la violencia reinante para justificar el alzamiento, escondía la decisión consciente de continuar con la multinacional del terror de matriz estatal iniciada durante el gobierno constitucional con la conocida Operación Cóndor; ignoraba la existencia de experiencias exitosas de luchar, con la ley en la mano, contra el terrorismo de grupos armados ultra izquierdistas, como se comprobó en Italia tras el secuestro de Aldo Moro por la Brigate Rosse y en Alemania, con la Fracción del Ejército Rojo y la Banda Baader Meinhof; y, además de desestimar la existencia de normas dictadas por el gobierno constitucional, evitaba considerar el dato de una insurgencia armada ya derrotada militarmente.
El tan anunciado golpe de marzo, esperado por muchos y saludado como el “triunfo de los moderados”, entre otros por la Embajada de los Estados Unidos de América en la Argentina y el Partido Comunista Argentino, puso en marcha una gestión “con objetivos y sin plazos”, dando inicio a la noche más larga, oscura y dolorosa de la historia argentina contemporánea.
Casi ocho años más tarde la pesadilla del PRN quedó atrás, pero sin la posibilidad de teclear “suprimir” para evaporar sus nocivos efectos, ni tampoco poder pulsar el comando “reiniciar” y volver a cero la dinámica social para evitar los gravosos efectos que tuvieron sus actos.
Los desastrosos resultados de esa nefasta experiencia pueden sintetizarse con los siguientes datos y consideraciones:
- El ingreso por habitante de 1983 era inferior al de 1975, la inflación anual era de tres dígitos y el desequilibrio fiscal alcanzaba el 15% en relación al PIB.
- Los intereses anuales devengados de la deuda externa, medida como porcentaje de las exportaciones anuales, era casi tres veces más alta que la impuesta a Alemania, por el Tratado de Versalles, por reparaciones de guerra, después de la Primera Guerra Mundial.
- Grave afectación de la reputación internacional de la Argentina por las consecuencias de la Guerra perdida con Gran Bretaña; por el desconocimiento de un laudo arbitral en el conflicto limítrofe con Chile, país fronterizo con el que casi entramos en guerra; por el involucramiento en un golpe de Estado en un país limítrofe, Bolivia, y por la presencia de oficiales del Ejército Argentino instruyendo fuerzas irregulares en países de Centroamérica con conflictos armados internos.
- Devastadoras consecuencias sociales por el terrorismo de Estado y la represión ilegal, como lo demostró el informe de la Conadep que documento 340 campos de detención clandestinos y la comprobación de 8961 casos de desaparición de personas.
Hoy, a más de cuatro décadas de la instauración democrática de diciembre de 1983, la violencia política y la inestabilidad institucional que caracterizan el medio siglo previo al golpe de marzo de 1976, son parte de la historia.
El recurso al uso de las armas -ejemplificado en la consigna maoísta “el poder brota de la boca de un fusil”- y la glorificación de la guerra- promovida en la homilía de un obispo castrense cuando dijo que para los militares “cuando hay derramamiento de sangre, hay redención”-, son inimaginables en la Argentina de hoy, a pesar de la toxicidad de la polarización política que nos contamina con discursos violentos.
Ello fue posible por la realización del Juicio a las tres Primeras Juntas de Comandantes del PRN -tal vez uno de los pocos motivos de reputación internacional positiva en el plano internacional de las últimas décadas- y los procesos judiciales a los máximos líderes de las organizaciones políticas armadas.
Esas realizaciones fueron el resultado de una convicción política decisiva por parte del primer gobierno después del PRN, es decir el gobierno de Raúl Alfonsín: la consolidación democrática de nuestro país debía asentarse, esencialmente, en una ética de la responsabilidad que rechazaba por igual todo atisbo de revancha política, como también la claudicación que supondría una absurda pretensión de olvido sobre las consecuencias de la violencia.
Del mismo modo, las acciones positivas del gobierno democrático contribuyeron de manera decisiva al fin de las dictaduras en la región, un verdadero dominó inverso al de la década precedente.
Además del salto civilizatorio que implica el rechazo social a la violencia como recurso político socialmente admisible, la Argentina lleva, no sin dificultades y riesgos, más de 40 años de continuidad institucional, que debe compararse con las seis interrupciones registradas en el siglo pasado. Dispone de un sistema electoral sin cuestionamientos críticos, con resultados verificables. Solo en este siglo, cinco Presidentes terminaron su mandato y hay que remontarse al siglo XIX, con Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca para un dato comparable. Se reformó la Constitución Nacional y fue jurada por la unanimidad de los constituyentes, a diferencia de todas las otras del siglo pasado que fueron el resultado de la voluntad de una fracción victoriosa.
Seguramente, los constituyentes tuvimos en consideración las consecuencias de la última dictadura -cuyo inicio cumple hoy medio siglo- y por eso incluimos en su artículo 36 la norma que establece que la Constitución “mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”.
Es una acertada validación del “patriotismo constitucional”, noción acuñada por el destacado filósofo alemán recientemente fallecido Jürgen Habermas, quien sostenía que el verdadero pacto de convivencia pacífica en una sociedad es la lealtad de los ciudadanos a los principios y valores democráticos consagrados en su Constitución. Ese pacto impera por sobre los antecedentes étnicos, culturales o históricos comunes y a la vez los contiene en su diversidad.