Desigualdad y Democracia

La región de América Latina  no sólo es la más desigual del planeta sino que, además, el país menos desigual lo es en mayor medida que cualquier otro de los países del mundo desarrollado. Esa desigualdad social es en América  Latina, y también en nuestro país,  un riesgo para la estabilidad democrática y la convivencia pacífica.

El análisis de los datos  de la Argentina, a pesar de las manipulaciones oficiales, permite comprobar que de las personas cuyos ingresos familiares no superan la línea de pobreza, el 40% son niños menores de 15 años y que el gran Buenos Aires concentra el 46% de las personas pobres del país.

Esta  dramática realidad , que desafía la conciencia  social, se manifiesta  a pesar de la recuperación económica y de los casi 10 puntos del PBI que aumentó el gasto público en los últimos ocho años lo que evidencia, al menos, un muy discutible orden de prioridades en la gestión del matrimonio gobernante.

De allí que resulta imperioso que en la inminente discusíón presupuestaria, el Congreso propicie normas que, alejadas de todo facilismo económico, atiendan el problema de la desigualdad.

Para ello, resulta indispensable consagrar por Ley la Asignación Universal por Hijo  que recién a fines del año pasado implementó el Gobierno, de manera parcial,  como resultado de la presión política, el reclamo social  y la recomendación académica. Esta Asignación debiera ser más abarcativa y transparente – evitando errores de exclusión y minimizando el clientelismo- y, además, prever un mecanismo de actualización ya que la decidida en Diciembre lleva perdido hasta ahora un cuarto de su capacidad de compra por efecto del crecimiento de los precios de los alimentos.

Si recorremos este camino es posible que la Argentina empiece a dejar de  ser “ el fracaso distributivo experimentado como pocos países del mundo” como lo señalo Leonardo Gasparini  Director del  CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, un centro de excelencia de la Universidad de La Plata , que cuando lo visitamos a principios de Julio nos informó que funcionando eficaz y plenamente la Asignación Universal puede llevar la situación de desigualdad de nuestro país a los niveles de mediados de la década del ochenta. Parece poco, pero dejar atrás las consecuencias, en términos de la estructura social, de la convertibilidad y los populismos -de los noventa y actuales- constituiría un avance extraordinario.

4 opiniones en “Desigualdad y Democracia”

  1. Comparto el texto. Pienso que será difícil cambiar el rumbo viviendo en una Sociedad Decadente. Se ha perdido el concepto de Familia. Un abrazo. Carlitos.

  2. ES MUY COMPLEJO TODO. CONSIDERO QUE ES FUNDAMENTAL LA UNIÓN DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS Y LOGRAR AUNAR CRITERIOS CON EL FIN DE OBTENER UNA POLÍTICA SOCIAL QUE POSIBILITE A LOS CIUDADANOS TRABAJO Y EDUCACIÓN, RECUPERAR LOS VALORES Y LA DIGNIDAD. QUE CADA TERRITORIO O PAIS MEDIANTE UN COMPROMISO REAL Y LEAL MEDIANTE LAS NORMATIVAS QUE CORRESPONDAN OBTENGAN UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE PROTEJA Y LOGRE PROTEGER Y SATISFACER A LAS FAMILIAS Y ASI LOS NIÑOS PUEDAN SOÑAR CON UN FUTURO DIFERENTE. EN LA ACTUALIDAD NO SABEN QUE HACER Y SE OBSERVAN PAISES SIN RUMBO Y UNA DEMOCRACIA DEBILITADA. UN ABRAZO.-

  3. Hola
    Agrego un articulo muy interesante de eduardo Levy Yeyati publicado en Clarin economico el 29 de Agosto.

    LA CARRERA DE PRECIOS Y GASTO SOCIAL
    Por Luciano Cohan y Eduardo Levy Yeyati
    Mucho se habla de las bondades distributivas de la Asignación Universal por Hijo y de las maldades distributivas de la inflación y, en particular, de la “inflación de la canasta básica” por su especial impacto en hogares de bajos ingresos. Menos, sin embargo, se ha hablado de la relación entre estas dos y de su similitud con la carrera de precios y salarios, un clásico argentino.

    Empecemos con una obviedad: No debe evaluarse a los gobiernos por un par de medidas afortunadas sino por el resultado de toda una gestión. Pensar que la era K aprueba el examen de progresismo con la renovación de la corte, la AUH, y el matrimonio gay (todas medidas saludadas) es pensar la política en términos de anuncios y acciones aisladas, es decir, en términos de hits o medición de audiencia.

    La evaluación en términos de equidad es particularmente difícil, ya que ésta no es el fruto de un par de anuncios reparadores, sino de toda una gestión, que en este caso incluye: el congelamiento de los planes de protección social de la gestión de Duhalde, la depuración y extensión del numero de pensiones, los programas de empleo, la moratoria previsional que benefició a todos lo deciles de ingreso, la inflación de alimentos sustancialmente más alta que la inflación del IPC, el variopinto entramado de subsidios, la AUH, los cambios en la estructura tributaria, y siguen los nombres. Y, vale recordar, la equidad es también el resultado de un gasto en bienes públicos (educación, salud, seguridad, servicios) que es aún más difícil de cuantificar. En suma, es el efecto acumulado de medidas buenas, malas, mediocres o inocuas.

    Llevando esta premisa a su mínima expresión, es imposible pensar la AUH sin la inflación de canasta, y viceversa. Es que ambas son como el huevo y la gallina. Uno podría, por ejemplo, interpretar la AUH como una compensación por el aumento de la pobreza, fruto de la inflación – en particular, la de alimentos. Interpretar cada retoque al gasto social como una prueba de progresismo, ignorando su rol compensatorio de la inflación es, de hecho, una visión parcial de la consecuencias sociales de la política económica en su conjunto.
    Más en general, uno podría argumentar que la relación entre gasto social e inflación es bidireccional: la inflación precipita un ajuste de la AUH, el que, a su vez, incrementa la presión sobre los precios de la canasta básica, dando origen a un nuevo ajuste de la AUH. En otras palabras, una carrera entre precios y gasto social. En este contexto,¿cómo medir el efecto neto sobre la distribución del ingreso de una AUH financiada con inflación?

    Un ejercicio en esta línea sería el de definir y estimar algún tipo de “Inflación de Canasta Equivalente” a la AUH, es decir, la variación en la canasta básica que lleva el nivel de pobreza al mismo que se observaba estaba antes de la AUH. Este ejercicio consta de dos etapas. Primero, conocer el impacto directo de la AUH sobre la distribución de ingreso y los indicadores sociales y. desde allí simular el impacto de un 1%, 2%, 3% de inflación hasta obtener una pobreza similar a la existente antes de la AUH.

    Pues bien, el resultado de tales simulaciones no dicen que, de manera aproximada, la inflación equivalente a la AUH es de 5%. ¿Qué significa esto? Que alcanza una inflación del 5% por arriba de los propias subas en los ingresos que genera la inflación para neutralizar el efecto de la AUH sobre la pobreza o, lo que es lo mismo, que la AUH sólo compensó por 5% de los 25% de la suba de la canasta en el último año (En el caso de la indigencia esta afirmación es parcialmente cierta, en tanto la inflación equivalente es de 23%)
    Otra manera de interpretar este resultado, en un contexto donde el gobierno ya ha optado abiertamente por el financiamiento del gasto con emisión del Banco Central, es desde el punto de vista fiscal: la AUH costará $ 8 mil millones en 2010, o 6% de la base monetaria.
    Simplificando a niveles vertiginosos, podría decirse que la combinación de una inflación del 6% y una AUH que compense el efecto de esta inflación en los hogares pobres es, en principio, fiscalmente neutra, ya que la AUH “se paga sola” con el impuesto inflacionario (6% de la base monetaria). Pero en la práctica hay un ganador evidente, frente a perdedores diseminados y con poco poder de negociación, en tanto que permite al gobierno, que recauda una porción del PIB nominal, licuar parcialmente la deuda en CER (gracias al IPC dibujado del Indek), en pesos (gracias a las tasas deprimidas del BCRA) y en dólares (gracias a las expectativas de apreciación real), el presupuesto (pactado nominalmente), el mínimo no imponible de ganancias, las jubilaciones, etc.

    ¿Significa esto que la inflación es la llave del incremento sostenible del gasto? No necesariamente. En el corto plazo, la dinámica puede ser estable gracias a la falta de indexación. En el mediano plazo, sin embargo, los perdedores tienden a defenderse o a fugar. Los ahorristas abandonarán el peso cuando las expectativas de apreciación real se agoten, los presupuestos nominales serán más abultados para cubrirse, las reglas tributarias se adaptaran para proteger el pago de impuestos por exposición a la inflación, los sindicatos exigirán la indexación del mínimo no imponible, los jubilados recuperarán la movilidad indexada, etc.

    En conclusión, el gobierno ha puesto en marcha una conocida espiral de toma y daca con resultados favorables pero transitorios en términos fiscales. Y está listo para repetir el programa en 2011, elevando AUH y jubilaciones para compensar una suba de la canasta del 25% despreocupándose del costado inflacionario de su política macroeconómica. Al observar cómo esta calesita acelera paulatinamente, la pregunta obligada es: ¿Cuándo será la desactivación de esta puja distributiva una prioridad en la agenda del gobierno y de la oposición?
    Publicado en Ieco el 29 de agosto de 2010.

    Club Político Argentino
    clubpoliticoargentino.org

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