Las tierras de los pueblos originarios

Salinas Grandes, Jujuy. Foto: Marisa Estivill / Shutterstock.com

En 1985, siendo Diputado Nacional, voté la primera ley de protección a las comunidades indígenas que tuvo la Argentina.

Tres décadas más tarde me toca estar del otro lado del mostrador, evaluando la gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el organismo que la ley previó para materializar sus objetivos.

El informe aprobado en el Colegio de Auditores la semana pasada (descargar aquí) trata sobre la gestión del INAI con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al cual nuestro país adhirió también en los ’80 y ratificó recién en el 2000.

El convenio obliga a adoptar medidas para garantizar los derechos humanos, la consulta previa, el acceso a la tierra, a un empleo digno, a la formación y educación, la salud y seguridad social, y la participación de los pueblos indígenas.

La auditoría concluye que aún estamos muy lejos de avanzar en estos aspectos que beneficiarían a más de 1 millón de personas pertenecientes a las comunidades indígenas de todo el país.

Son varias las observaciones del informe pero me interesa resaltar lo referido al acceso a las tierras en esta fecha cercana a un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, que nos interpela sobre la patria que formamos entre pueblos nativos e inmigrantes.

Según el antropólogo Carlos Martínez Sasarola “la Revolución fue también el proceso de una sociedad que se desprendió de su antiguo dominador y que comenzó a construir su nueva y definitiva identidad”. Había entre algunos patriotas un afán de inclusión y de reparación por los daños de la conquista española hacia los “los dueños del país”, como se refirió el General San Martín a los indígenas.  El sentimiento era recíproco.

Pero la Argentina “con los indios” no fue la que finalmente se impuso.  Al poco tiempo de la declaración de la independencia, el Estado se apropió de tierras indígenas y avanzó por un camino de exclusión de los pueblos originarios.

Hoy en día, en los papeles, sobran los derechos y beneficios para las comunidades indígenas en la Argentina. No sólo se han sumado nuevas leyes después de la del ’85 y adherimos a convenios internacionales sino que la propia Constitución Nacional reconoce la personería jurídica de los pueblos originarios así como la posesión y propiedad no sólo de las tierras que tradicionalmente ocupan sino de otras que les deben ser entregadas para permitir su desarrollo. Estas tierras no son enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.

La necesidad de sancionar, en 2006, una ley de emergencia sobre la propiedad y tenencia de tierras indígenas demuestra que los derechos no estaban siendo garantizados por el Estado. La Ley 26.160 suspendió los desalojos de tierras indígenas por cuatro años mientras se realizaba un relevamiento territorial de las comunidades.

El informe de auditoría sobre el INAI aprobado pone en evidencia que esos objetivos no se lograron en el período 2010 a 2015, ya que:

  1. La gran mayoría de comunidades indígenas no tenía acceso a los títulos de propiedad comunitarios o individuales de los territorios que ocupan.
  2. El 62% de las comunidades indígenas consultadas había sufrido conflictos territoriales y un 25% tenía o había tenido órdenes de desalojo.
  3. A fin de 2016, luego de diez años, todavía faltaba relevar 26% de las 950 comunidades identificadas al inicio del programa. Si se tiene en cuenta que en la actualidad se reconoce la existencia de 1532 comunidades, la meta estaría aún más lejos, quedando 54% del trabajo por delante.

El próximo 23 de noviembre vence la prórroga de la mencionada ley de emergencia. A la luz del trabajo que queda por delante, la AGN recomendó en su informe promover una nueva prórroga.

Para que esta vez se pueda concretar, será necesario plantear una articulación inteligente con las comunidades y las autoridades provinciales. En un país cuya economía está fuertemente basada en la explotación de los recursos naturales, la tensión territorial crece de la mano de la deforestación, la expansión de la frontera agrícola y la mayor actividad hidrocarburífera y minera.

Garantizar los derechos constitucionales de los pueblos originarios no sólo es un deber legal e histórico sino que debe ser una prioridad a la hora de comprometerse a un plan de desarrollo sostenible para una patria inclusiva.

7 opiniones en “Las tierras de los pueblos originarios”

  1. También hay que legislar para evitar que algunos “indios” actúen como punteros políticos y arrebaten tierras a otros compatriotas apoyados por abogados y agitadores, haciendo ocupaciones similares a las del BGA.
    Y especialmente, controlar los arranques “independentistas” del sur de nuestro país y Chile, donde grupos insurgentes atacan a pacíficos moradores, destruyendo e incendiando todo, mientras buscan reconocimiento en Europa, tal como el Reino de Araucania y Patagonia.

  2. Clarísimo el artículo sobre ( una vez más) el relato o la ahora llamada post verdad. En los papeles, en el discurso, en las fotos.. pero en la realidad no se avanzó nada sobre la piedra fundamental de 1985.
    Es innegable que hay que prorrogar la ley y cumplirla.. La propiedad de las tierras comunitarias habitadas y que son sustento de los pueblos originarios y de sus descendientes es condición básica para un desarrollo humano y sustentable en sus lugares, en donde desean estar.
    Habría que seguir trabajando en una educación inclusiva en la cultura nacional pero respetuosa de la original, si otros pueblos con mayores complicaciones, ( caso de los catalanes, los gallegos, los vascos) lo han logrado..¡ cómo no podemos a esta altura de los tiempos reconocer en el pueblo originario un argentino más, con su pecualiaridad , pero con los mismos derechos?.
    De todas formas.. no es de extrañarse cuando aún tenemos ciudadanos que no son ni de segunda, están fuera del sistema.. y muchos.. millones. Después de la década de mayor auge económico nunca visto en la historia, los precios de la soja y otros commodities no volverán. Eso es lo más duro, haber desaprovechado ese momento internacional, y que nos haya tocado el gobierno más corrupto y desaprensivo justo cuando las arcas se llenaban..
    Ahora, nos toca limpiar la casa, después del zafarrancho, por algún lado hay que empezar, el caso de las tierras de las comunidades indígenas no es menor, y justamente el valor del “yuyo” en cifras siderales explica que se haya dejado territorio para la sojización, todo enmascarado en el disfraz indigenista y progre.
    Pero se ha votado para cambiar, así que.. Argentinos, a las cosas!

  3. Fui profesional del INAI en el,período 1998-2014, cuando me jubilaron.
    Previamente en el 2010 me marginaron del trabajo con las comuidades indígenas de Salta-Sgo. del estero, Jujuy,, debido a que no transaba con los llamados represetantes provinciales de los primeros pueblos, TODOS ENGENDRADOS POR EL ROMERISMOEN SALTA Y QUE ERA COMO PONER AL ZORRO A CUIDAR A LAS GALLINAS”.
    eN CAMBIO A TRAVES DE PEQUEÑOS PROYECTOS DE DESARROLLO- AGUA POTABLE, CERRAMIENTOS DE TERRITORIOS INDIGENAS, PPRODUCCION AUTOCTONA, EJ. YAGUAR, ETC.) TRABAJANDO POR MEDIO DE INSTITUCIONES TRANSPARENTES DE LA ZONA COMO LA uNIVERSIDAD nACIONAL DE sALTA, EL inta Y ONG DE RECONICIDA TRAYECTORIA. vALE ACLARAR QUE TODOS ESTOS PROYECTOS SIGNIFICABAN TRASLADO DE FINANCIAMIENTO NO DDEVOLUTORIO A TRAVES DE ESAS ORGANIZACINES Y HACIA COMUNIDADES DIRECTAMETE, POR LO QUE LOS ASI LLAMADOS REPRESETANTES PROVINCIALES DE LOS INDÍGENAAS, QUERÍAN ELLOS RECIBIR EL SUBSIDIO Y LAMENTABLEMENTE LA EXPERIENCIA NOS DECIA QUE SE TRAFICABAN EN LA CORRUPCION Y NO LES LLEGABA A LAS COMUNIDADES.
    tRABAJE FUNDAMENTALMENTE EN LA RECUPERACION DE LAS TIERRAS QUE HISTORICAMENTE LES PERTENECIA A LOLS COMUNIDADES Y EL CASO MÁS IMPORTANTE, ENTRE MUCHOS, FUÉ LA RECUPERACIÓN DE 450.000 HA. POR PARTE DE LA aSOCIACION lHAKA hONHAT QUE DESPUES DE MUCHAS BATALLAS , INCLUSO A TRAVES DE LA cOMISION DE ddhh DE LA oea, ESAS TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE rIVADAVIA- sANTA vICTORIA- HAN SIDO ENTREGADAS LEGALMENTE A DICHA ASOCIACION(lHAKA hONHAT: NUESTRA TIERRA)
    cON RESPECTO A LA RECUPERACION DE TIERRAS DE LAS COMUNIDADFES, EL INAI TUVO UN PROGRAMA MUY IMPORTANTE DESARROLLANDO PARA CADA UNOS DE LOS CONFLICTOS DE TIERRAS-QUE IMPLICARON EN MUCHOS CASOS EL ASESINATO DE COMUNEROS QUE LUCHABAN POR SUS TIERRAS-, ,LAS FAMOSAS CARPETAS DONDE LOS TECNICOS DEL inAI ANALIZABAN MEDIANTE ESTUDIOS HISTORICOS, JURIDICOS Y DE OCUPACION REAL, LOS DERECHOS INDIGENAS SOBRE LAS TIERRAS QUE HISTORICAMENTE OUPABA- COMO LO DICE ELARTICULO 75 DE LA cONSTITUCION,.
    eL ESTUDIO LLEGABA HASTA LA CONCLUSION DE QUE LAS TIERRAS LE PERTENECIAN A ESAS COMUNIDADES, PERO NO IMPLICABA EL TITULO DE PROPIEDAD.
    ASI SE DESARROLLARON CIETOS DE “CARPETAS” DQUE CONCLUÍAN EN EL DERECHOS DE LAS COMUNIDADES A ESAS TIERRAS.

    ESAS CARPETAS DUERMEN EL SUEÑO DE LOS JUSTOS, ES DECIR ESTAN ENCAJONADAS Y LAS NUEVAS AUTORIDADES NO HAN HECHO NADA AL RESPECTO,POR HACER EFECTIVO SU PROPIEDAD LEGAL DE TIERRAS DE LAS COMUNIDADES, CON LO CUAL LAS COMUNIDADES SIGUEN EXPERIMENTANDO VIOLACIONES A SUS TIERRAS- NUEVOS PROPIETARIOS CON TITULOS MUY CORUPTOS E INTENTOS CONTINUOS DE DESALOJO . DANIEL

  4. Me parece muy bien el artículo pero discrepo con los comentarios anteriores.
    Hemos adherido a convenios internacionales y legislado leyes que protegen el patrimonio económico y cultural de los pueblos que viven es estas tierras previamente al estado argenitno, gracias a actores políticos con una mirada responsable sobre el tema, pero son los menos. Quienes realmente tienen el poder político para hacer cumplir estas normas, no tienen como modelo un territorio de interculturalidad, están fuertemente vinculados con esta economía “fuertemente basada en la explotación de los recursos naturales, la tensión territorial crece de la mano de la deforestación, la expansión de la frontera agrícola y la mayor actividad hidrocarburífera y minera”. Entonces no esperen cambios sustantivos en las trístes estadísticas que se muestran. Ni este gobierno, ni el del “zafarrancho” escapan a esto. Los partidos políticos de esos gobiernos son los que sostienen esta situación, no pidamos peras al a olmo.
    Indudablemente existen oportunistas entre los “indios”, de intereses totalmente ajenos a los reclamos y necesidades de las comunidades. Pero esas comunidad del sur son mucho más que “arranques independentistas”. Son pobladores originarios, previos a la llegada de los europeos a estas tierras; habitantes con organizaciones sociales que fueron desconocidas y avasalladas; Desterrados de espacios que hoy todavía no recuperan; arrinconados en lugares que antaño no tenían valor económico. Siguen defendiendo su territorio, perevio a las creaciones de los estados argentino y chileno.
    Gracias por el espacio para la opinión.

  5. De Quebrada y Puna- Norte argentino! ¡Tantos pueblos más, habrán presentado petitorios por una educación universitaria!, por el ministerio de educación de la provincia, defensor del pueblo, legislatura provincial, cámara de diputados de la nación, senado de la nación, gobernante federal, y a otros que se consideran responsables de la educación argentina. La réplica es el silencio, su humillación, o es la respuesta del sociólogo Zygmut Bauman de “seres humanos residuales”; vidas improductivas porque no participan del mercado, por eso sus voces son enmudecidas y aun que los vemos todos los días su visibilidad es anulada o reducido sistemáticamente. Por el colonialismo ambiental que ya no se limita al ejercicio del biopoder sobre el pueblo vulnerado, sino que incluye una estructura sociopolítica y jurídica que da viabilidad a la explotación, sin consulta previa, y al saqueo de sus recursos naturales: agua, suelo, bosques, turismo, minerales: oro, plata, plomo, litio… ¡Que, mediante la convivencia y el consenso, se hagan efectivos los derechos que le corresponden al ser humano por la mera razón de existir! ¡Una Universidad Nacional!

    Expresar su adhesión, mes de agosto, a la Conmemoración Memoria de las Víctimas
    Contaminadas con Plomo-Norte argentino

    Holocausto: recordar es dignidad humana. Abra Pampa-Jujuy- Pueblo contaminado, pueblo olvidado

    Este mes de agosto sea la Conmemoración Memoria de las Víctimas Contaminadas con Plomo, el mayor caso hasta ahora conocido de genocidio del norte argentino. No podemos olvidarlo, porque entonces estaremos abriendo la puerta de par en par a una nueva ola de la vileza, el odio, el racismo, la xenofobia y la maldad, que está ahí, agazapada, siempre dispuesta a amenazar a la dignidad humana.
    Por eso es muy importante que desde las instituciones públicas se hagan esfuerzos para mantener vivo el recuerdo y se eduque a las nuevas generaciones sobre las monstruosidades que genera la complacencia a la contaminación con plomo.

    Pachamama-La injusticia dondequiera es una amenaza a la justicia en todas partes.-

    El Estado Argentino marca el Genocidio más grande de América del Sur por su
    criminalidad mediante una planificación estratégica y táctica, racionalidad y distribución de roles a fin de explotar y saquear los recursos naturales en el Norte Argentino, alias “Siberia Argentina”, un producto bio-social. Mediante la contaminación atmosférica, contaminación del agua y contaminación del suelo. El daño que produce el plomo es mayor cuando su absorción es lenta, casi invisible, sin signos y síntomas evidentes en la primera etapa, pero con graves consecuencias posteriores. Al hombre lo han esclavizado al trabajo en las minas, a la mujer la han prostituido, afectan a la fertilidad, a los niños lo han idiotizado. Sus ganados camélidos son reducidos a tiros de bala o destrozados por perros adiestrados; así como el agua contaminada afecta a los cultivos. No tienen un hospital para tratar la contaminación con plomo, tampoco hospital de niños ni maternidad infantil. El analfabetismo sigue estando vinculado al hambre, la pobreza y la exclusión. No tienen educación infantil ni universidad nacional. Son analfabetos, que no tienen acceso a las fuentes del conocimiento y son incapaces de producir nuevos conocimientos; como resultado de un genocidio argentino que premeditadamente olvida los principios fundamentales de vida de la Constitución Nacional, y leyes: de educación, de protección integral de los derechos del niño, niña, adolescente y familia; y otras.

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