Auditorías sobre el Riachuelo


Relevamiento de la cuenca Matanza- Riachuelo realizado por drones de la Auditoría General de la Nación

La contaminación del río Matanza-Riachuelo -que se viene acumulando desde hace más de dos siglos- ha sido identificada como una de las diez peores amenazas tóxicas del planeta. Una de las fuentes de contaminación más importantes es la de origen cloacal, provocada por la insuficiente extensión de la red, la falta de tratamiento de los vertidos y las conexiones clandestinas de las industrias. Los vertidos industriales representan el otro gran foco contaminante, reflejado en la presencia de mercurio, zinc, plomo y cromo en niveles muy superiores a los permitidos, así como rastros de insecticidas, cianuro, cadmio, fenoles y otros compuestos químicos.

El problema es de magnitud no sólo por la cantidad y peligrosidad de elementos tóxicos presentes en el agua sino porque -con una superficie de 2.200 km- la contaminación afecta la salud y la calidad de vida de más de cinco millones personas.

Algunos de los vecinos afectados se organizaron y realizaron, en 2004, una demanda al Estado Nacional y a los gobiernos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, haciendo valer su derecho a un ambiente sano. En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció a las tres jurisdicciones demandadas a limpiar el Riachuelo.

Este año se cumple el décimo aniversario de ese fallo histórico y la Corte Suprema realizó el lunes pasado una audiencia pública para evaluar el grado de cumplimiento de la sentencia.

La Auditoría General de la Nación, encargada del seguimiento económico-financiero del plan de saneamiento, había aprobado la semana anterior una serie de informes sobre el ejercicio 2016 de ACUMAR. También sobre AySA, la empresa estatal de agua, uno de los actores de mayor peso en el logro de los objetivos de limpieza del Riachuelo.

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Desequilibrios

Barcos pesqueros en Mar del Plata

Lograr el equilibrio entre crecimiento económico y cuidado del ambiente no es sencillo. Menos en un país federal, donde cada provincia es dueña de sus recursos naturales; se requiere una articulación inteligente entre jurisdicciones y con el Estado Nacional para generar ciertas pautas comunes que -sin entorpecer el desarrollo de cada localidad- garanticen el derecho constitucional del conjunto de los habitantes a un ambiente sano.

Los países en desarrollo tienen además la tendencia a sobre explotar aquellos recursos naturales abundantes y de alta demanda global debido a una historia de ciclos económicos muy pronunciados.

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Amenaza tóxica

El Riachuelo
El Riachuelo – Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Lo peor del mundo en 2013: el top 10 de amenazas tóxicas. Así se titula un informe divulgado por el Blacksmith Institute y la Green Cross de Suiza unos años atrás. En esa corta lista negra -junto a lugares como Linfen y Tianyng (China), Chernobyl (Ukrania), y Ranipet y Sukinda (India)- está la Cuenca Matanza-Riachuelo.

La amenaza tóxica argentina abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en torno a un río sin oxígeno que contiene altos niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo, así como rastros de insecticidas, cianuro, cadmio, fenoles y compuestos químicos más tipicamente cloacales que fluviales.

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Pasivos ambientales estatizados

El mes pasado en la AGN aprobamos un examen especial sobre la gestión del Estado Nacional (2014- 2015) frente a los pasivos ambientales de la minería, es decir, los residuos y subproductos de esta actividad extractiva que no fueron remediados oportunamente por las empresas y que continúan contaminando el ambiente y teniendo efectos nocivos sobre las poblaciones afectadas.

El caso de Metal Huasi en Abra Pampa, Jujuy, lo demuestra de modo dramático: hoy en día, 26 años luego de que cerrara la fundidora, 100% de los niños y 50% de los adultos de Abra Pampa tienen niveles de plomo en sangre mayores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

El siguiente video revela los principales hallazgos de la auditoría:

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Débil rol del Estado en gestión ambiental de pasteras

Foto: Telam
Foto: Telam

La producción de pasta celulosa es una actividad industrial contaminante. El impacto ambiental negativo más profundo e inmediato está dado por el vertido de efluentes químicos en los cauces hídricos, siendo las provincias que tienen pasteras instaladas en su territorio Misiones, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires y Río Negro. Continuar leyendo “Débil rol del Estado en gestión ambiental de pasteras”